Nos hacen ver que finalmente al INE le tuvieron que corregir la plana sobre una decisión que generó ruido desde que fue aprobada en su Consejo General. El instituto había determinado que, para acreditar observadores electorales en 2027, bastaría con que los aspirantes declararan bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos vinculados con programas sociales ni “servidores de la nación”. Con ello eliminó el mecanismo para comprobarlo. La medida fue cuestionada incluso entre sus consejeros, algunos de ellos advirtieron que mantener una prohibición sin verificar su cumplimiento debilitaba el control. Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió por unanimidad que la palabra, en efecto, no basta: revocó parcialmente el acuerdo y ordenó al INE establecer un mecanismo para verificar que quienes soliciten acreditarse no estén dentro de esos supuestos. El Tribunal no le dijo cómo hacerlo; eso seguirá siendo facultad del árbitro electoral. Pero sí dejó algo claro: confiar está muy bien; verificar, cuando se trata de elecciones, parece estar mucho mejor.
• El ladrillo de la 4T
