Llamó la atención el reconocimiento que hizo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, sobre el costo que tienen que pagar los partidos cuando alguno de sus abanderados termina bajo investigación por presuntos vínculos criminales. Y es que, tras la reciente detención del alcalde morenista de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano —de quien todo el mundo quiso distanciarse, hasta su suplente—, el diputado del PVEM fue claro: negar que exista un costo político para quienes lo llevaron a la elección sería “cegarnos”. Pero agregó algo que acaso resulte más relevante rumbo a 2027: de ahí la importancia de que existan filtros y de que los partidos estén atentos a quiénes convierten en candidatos. El señalamiento llega justo cuando dentro de la 4T se ha abierto una discusión sobre la necesidad de revisar con mayor rigor los perfiles que aparecerán en las boletas el próximo año. Porque una cosa es deslindarse cuando aparecen las acusaciones y otra, bastante distinta, preguntarse qué tan eficaces son los controles partidistas. Ahí el detalle.
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