En México hay ciudadanos a quienes les están arrebatando sus casas y mucho más: la tierra donde nacieron, sus animales, su forma de vida y hasta la esperanza de recuperarlos algún día.
Ya padecían el frío, el hambre, la desigualdad y la costumbre de no ser vistos. Ahora, la violencia y el miedo los obligan a huir.
Ocurre en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, donde cientos de personas han abandonado sus comunidades durante las últimas semanas porque grupos criminales se disputan el territorio a balazos, con explosivos y drones.
Un salón que cuenta historias
Según la Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua, los delincuentes se apropian del ganado, desvían el agua y desmantelan las viviendas para hacerse de recursos y asentarse en ellas.
El 10 de noviembre, la Misión denunció que hay familias refugiadas a la intemperie, pasando hambre y frío, sin ropa, zapatos ni cobijas.
También recogió testimonios de personas mayores que prefieren quedarse, aun con el riesgo de morir. Algunas tienen dificultades para desplazarse; otras se resisten a abandonar la tierra a la que pertenece su vida entera.
Familias atrapadas entre grupos armados deben elegir entre huir y perderlo todo, o quedarse y arriesgar la vida. Una decisión que nadie debería estar obligado a tomar.
El informe “Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, recoge el registro estatal de 4 mil 492 personas desplazadas atendidas durante ese año.
Mediante su monitoreo, el estudio identificó mil 335 personas desplazadas de Guadalupe y Calvo.
La impunidad también tiene números. Según organizaciones integrantes de la Misión Civil, entre 2023 y septiembre de 2025 se presentaron 83 denuncias por desplazamiento forzado en Chihuahua y solamente en dos casos se habían alcanzado sentencias.
Son comunidades que llevan años intentando hacerse escuchar. Durante las campañas reciben promesas; después deben seguir exigiendo lo más elemental: seguridad para permanecer en su tierra.
En 2021, los entonces candidatos a la gubernatura, Maru Campos y Juan Carlos Loera, rechazaron participar en un foro virtual convocado para escuchar las necesidades de los pueblos indígenas. Ambos argumentaron problemas de agenda.
Las organizaciones querían poner sobre la mesa la violencia, el desplazamiento, los derechos territoriales y el abandono institucional. Cinco años después, esas exigencias siguen vigentes.
Los anuncios oficiales de inversión y programas para la región deben medirse también frente a esta realidad: hay comunidades que tienen que huir para sobrevivir.
El próximo 6 de junio de 2027, los chihuahuenses acudirán a las urnas para renovar la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos.
Las precampañas para la gubernatura comienzan el 2 de diciembre. Pronto veremos aspirantes recorriendo municipios, reuniéndose con empresarios, organizando eventos y prometiendo soluciones.
¿Reservarán tiempo en sus agendas para escuchar a las familias desplazadas? ¿Qué ofrecerán a quienes perdieron sus cosechas, sus animales, sus hogares y, en algunos casos, a sus familiares?
La emergencia también plantea preguntas para las autoridades electorales:
¿Cómo votará quien tuvo que salir huyendo de su comunidad? ¿Conserva sus documentos? ¿Puede llegar a la casilla que le corresponde sin arriesgar la vida?
El desplazamiento no cancela la ciudadanía, pero levanta obstáculos enormes para ejercerla.
Las autoridades estatales y federales deben proteger a las comunidades, atender a las familias desplazadas y ofrecer soluciones duraderas: un retorno seguro y voluntario o condiciones dignas para establecerse en otro lugar.
La democracia no puede reducirse a instalar urnas y contar votos, mientras hay ciudadanos que no pueden regresar a sus casas.
¿Cuándo vamos a dejar de mirar el sufrimiento de la Sierra Tarahumara como una tragedia cotidiana?
La deuda con estas poblaciones lleva generaciones acumulándose. Cada nueva familia expulsada de su tierra exhibe el fracaso de quienes debían protegerla.
Chihuahua está por elegir a sus próximas autoridades. Quienes aspiran a gobernarlo deben explicar cómo recuperarán los territorios sometidos por el crimen y cómo garantizarán que sus habitantes puedan vivir en ellos.
Las familias desplazadas necesitan respuestas antes de la elección. Necesitan saber dónde dormirán esta noche, qué comerán mañana y quién impedirá que vuelvan a perseguirlas.
Durante años hemos visto a comunidades serranas enfrentar el frío, el hambre y la pobreza extrema. Ahora, además, la violencia les arrebata el lugar donde resistían.
La deuda con la Sierra Tarahumara es vergonzosa. Quienes hoy gobiernan y quienes aspiran a sucederlos, deben responder a una emergencia que no puede esperar a las urnas:
Hay familias que esta noche no tienen dónde ponerse a salvo…
