Colectivas feministas se movilizan en la Ciudad de México y en distintas entidades del país por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Demandaron eliminar las barreras que dificultan el acceso a servicios de salud gratuitos, oportunos y libres de estigmas, incluso donde ya se encuentra despenalizado.
Con pañuelos verdes, carteles y consignas a favor del derecho a decidir, colectivas feministas volvieron a las calles para conmemorar el 28S, y exigir que la despenalización se traduzca en servicios de salud efectivos, gratuitos, oportunos y libres de estigmas.
En la Ciudad de México se convocaron distintas movilizaciones. Mujeres de la Sal se reunió en el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo, mientras que Rosas Rojas México llamó a concentrarse en la Glorieta de la Joven de Amajac, para avanzar hacia la Plaza de la Constitución, con la exigencia de garantizar la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo.
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Las protestas se extendieron a otras entidades. En Michoacán, colectivas feministas denunciaron que, pese a la despenalización del aborto en 2024, todavía existen obstáculos institucionales para acceder al servicio, por lo que demandaron personal capacitado y no objetor, medicamentos e insumos suficientes, información clara y atención sin estigmas.
En Querétaro, Feminismo para Todas convocó a una movilización desde la Alameda Hidalgo hacia Plaza Constitución, donde planteó vincular el derecho a decidir con la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres. En Toluca, Estado de México, las actividades por el 28S incluyeron acciones de la Marea Verde, entre ellas la elaboración de un mural en la Alameda de la capital mexiquense.
La jornada ocurre en un momento en que el mapa legal ha cambiado de manera importante. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 25 entidades despenalizaron el aborto voluntario hasta junio de 2026, aunque con diferencias en plazos, regulación sanitaria y condiciones de acceso.
Para Rebeca Ramos Duarte, directora de la organización, “uno de los principales retos consiste precisamente en no confundir la modificación de las leyes con el acceso efectivo a los servicios de salud”.
La especialista explicó que en México es necesario distinguir entre la despenalización, regulación sanitaria, políticas públicas y acceso efectivo. “El cambio penal es fundamental, pero no responde por sí mismo dónde, cómo y en qué condiciones se presta el servicio”, señaló al hablar sobre la situación legal del aborto.
Además, Ramos Duarte ha advertido que la criminalización puede comenzar incluso antes de que exista una investigación penal, debido al miedo, el estigma y prácticas institucionales que pueden traducirse en sospecha, vigilancia o atención médica discriminatoria.
El problema, de acuerdo con GIRE, es que el aborto puede estar despenalizado en una entidad y, aun así, existir obstáculos que dificulten que una persona pueda ejercer el derecho en la práctica.
Recordó que la investigación “Voces por el derecho a decidir”, realizada por Fundar, documentó distintas barreras para acceder a los servicios públicos de aborto. Janet Oropeza Eng, investigadora de la organización, explicó que el objetivo fue analizar qué ocurre después de que el derecho está reconocido en la legislación: es decir, si una mujer puede acudir a un centro de salud y obtener el servicio.
Colectivas piden modificar reforma contra feminicidio
| Por Claudia Arellano |
ORGANIZACIONES feministas y defensoras de derechos humanos solicitaron al Senado modificar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. Entre sus planteamientos destacaron eliminar una definición legal de la categoría “mujer” y reforzar los mecanismos de prevención, protección y reparación integral.
A través de un pronunciamiento, plantearon dos cambios: eliminar cualquier definición legal de la categoría “mujer” y reforzar el enfoque preventivo, reparador y transformador de la propuesta.
La iniciativa, presentada en julio pasado, busca establecer un tipo penal de feminicidio aplicable en todo el país, homologar criterios para su investigación y persecución, establecer sanciones y mecanismos de reparación integral, además de fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
- 440 víctimas de este delito hubo entre enero y agosto de 2026
Las colectivas consideraron que la definición de “mujer” no es necesaria para configurar el delito, pues, desde su perspectiva, el feminicidio debe acreditarse a partir de las razones de género presentes en el crimen y del contexto en que ocurrieron los hechos.
Advirtieron que incorporar una definición podría abrir la puerta a criterios discriminatorios y generar tensiones con los principios de igualdad, no discriminación e interseccionalidad.
El objetivo, señalaron, debe ser que la nueva legislación establezca mecanismos efectivos para garantizar una vida libre de violencia y que las obligaciones del Estado se traduzcan en medidas concretas de protección y acceso a la justicia.
Las organizaciones pidieron que estas disposiciones sean revisadas a partir del debido proceso y del acceso efectivo a la justicia, tomando en cuenta los efectos diferenciados que puede tener el sistema penal sobre las víctimas y sus familias.
La Fiscalía General de la República (FGR) también ha participado en estos ejercicios y ha señalado que la construcción de la ley debe incorporar las experiencias de quienes investigan, juzgan y acompañan a las víctimas y sus familias.
Entre las organizaciones que suscribieron el pronunciamiento está Amnistía Internacional, EQUIS Justicia para las Mujeres, Documenta, IDHEAS y México Unido contra la Delincuencia.
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