El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tras un debate entre Morena y la oposición por los derechos políticos de los mexicanos que viven en el extranjero.
El dictamen fue avalado con 86 votos a favor y 42 en contra, para un total de 128, con lo que se alcanzó la mayoría constitucional requerida. Morena, PT y PVEM respaldaron el proyecto, aunque el senador del Verde Luis Armando Melgar votó en contra; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano lo rechazaron.
En la discusión en lo particular fueron reservados los artículos 82, 116 y 122. Éstos no prosperaron y los tres quedaron en los términos del dictamen, con 86 votos a favor, 42 en contra y una abstención, para un total de 128.
A través de un artículo transitorio, se estableció que la regla de nacionalidad única comenzará a regir formalmente a partir de 2028, dejando fuera del alcance las candidaturas del proceso electoral 2026-2027. La refora no afectará a Jasmine Bugarín, coordinadora estatal de la transformación en Nayarit.
- EL DATO: EL CONGRESO de la Ciudad de México fue el primero en avalar la reforma constitucional impulsada por la Presidenta, con 44 votos en favor, 15 en contra y cero abstenciones.
La reforma establece que quienes busquen esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad; de tenerla, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. El dictamen contempla restricciones para adquirir, solicitar o invocar una nacionalidad distinta durante el desempeño del cargo.
Uno de los rostros centrales de la discusión fue Karina Ruiz Ruiz, la primera senadora migrante en la historia del Senado, quien no pudo estar presente físicamente en la sesión.
Su suplente, Octavia Hernández Farret, rindió protesta ante el pleno antes del análisis de la reforma.
La ausencia de Ruiz fue relevante durante la sesión, por su propia condición de migrante y por la situación que enfrenta para viajar entre México y Estados Unidos. Su caso fue llevado a tribuna como ejemplo de lo que la reforma podría implicar para quienes han construido su vida entre ambos países.
NO LES QUITEN el derecho a ser votados al que tuvo que irse, mientras votan por el que se queda aquí a gobernarLAURA ESQUIVEL Senadora del PAN
La senadora priista Claudia Anaya cuestionó que la medida se presente únicamente como un requisito para determinados cargos públicos. Sobre quienes tendrían que renunciar a una segunda nacionalidad para aspirar a una gubernatura o a la Presidencia, dijo:
“Y ustedes me dicen: no, no les estoy quitando el derecho, sólo les estoy pidiendo que renuncie a su otra nacionalidad, si quiere ser gobernador o gobernadora, o si quiere ser presidente. Pues entonces le estás quitando un derecho”.
La panista Laura Esquivel Torres sostuvo que los migrantes mexicanos no deben perder derechos políticos por contar con una segunda nacionalidad. La legisladora michoacana afirmó que Acción Nacional votaría en contra en defensa de los mexicanos en el extranjero.
“Los migrantes de Michoacán y de todo el país no son menos mexicanos. Merecen poder ser presidentes, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes”, señaló la legisladora albiazul.
Esquivel Torres también citó el caso de Karina Ruiz y cuestionó que una mexicana con vida en ambos países quede entre las restricciones migratorias de Estados Unidos y nuevas limitaciones políticas en México.
“A la senadora Karina y a millones de migrantes los castigan allá y ahora también los castigan aquí”, afirmó.
Por su parte, el morenista Ricardo Sheffield Padilla defendió la reforma desde su experiencia. Relató que nació en Los Ángeles, California, que sus hermanos conservan la doble nacionalidad y que él renunció a la estadounidense cuando cumplió la mayoría de edad.
“Yo renuncié a los 18 años de edad a la nacionalidad norteamericana”, afirmó.
Explicó que confirmó esa decisión más adelante y subrayó que lo hizo sin que una ley se lo exigiera y sin aspiraciones a un cargo político. “Sólo tengo una nacionalidad sin que me obligara la ley para ello y sin aspirar a ningún cargo político en ese momento”, sostuvo.
Además, rechazó que la reforma sea una prohibición general contra los mexicanos con doble nacionalidad y dijo que se limita a quienes pretendan encabezar el Ejecutivo federal o local.
“Solamente se está hablando del titular o la titular del Ejecutivo de la Presidencia de la República, de las y los gobernadores y del titular de la Ciudad de México”, argumentó.
A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, insistió en que la reforma “no está hecha contra nadie” y que no modifica el derecho de millones de mexicanos a conservar una segunda nacionalidad.
- EL TIP: LA OPOSICIÓN asegura que esta reforma bloquea a adversarios políticos de Morena, como los exgobernadores Francisco García Cabeza de Vaca o Ernesto Ruffo.
“Esta reforma no está dirigida contra los mexicanos y las mexicanas que tienen otra nacionalidad, mucho menos contra nuestros y nuestras con nacionales, que por razones familiares, migratorias y personales han construido su vida entre México y otro país. México reconoce la doble nacionalidad, la protege y esta reforma no cambia ese principio”, señaló.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron que la medida pueda afectar a una comunidad migrante que mantiene vínculos familiares, económicos y sociales con México y con los países donde reside.
Durante la discusión de las reservas, el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones cuestionó la técnica legislativa y advirtió que exigir la renuncia desde el registro elecotral podría afectar el derecho a ser votado.
Refirió que la exigencia de exclusividad en el ejercicio del poder debería acreditarse al asumir el cargo, mediante la protesta constitucional, y no convertirse en una condición previa para competir.
También señaló una tensión con el régimen de doble nacionalidad vigente desde las reformas de los años noventa, en particular con los artículos 30 al 38 constitucionales. Su reserva, al igual que las anteriores, no fue admitida a discusión y los artículos 82, 116 y 122 se mantuvieron en los términos del dictamen.
La minuta será enviada a las 32 legislaturas estatales. Para ser avalada, requiere la aprobación de la mayoría simple de los estados, es decir, al menos 17 congresos locales de los 32.
Modelo más restrictivo contrasta en la región
Por: Elizabeth Hernández
México avanzó hacia un modelo más restrictivo para quienes aspiran a los principales cargos ejecutivos del país. La reforma aprobada por el Senado no sólo mantiene la exigencia de ser mexicano por nacimiento, sino que añade una condición distinta, contar exclusivamente con esa nacionalidad.
El cambio coloca al país dentro de un grupo reducido de sistemas que separan el derecho de sus ciudadanos a conservar más de una nacionalidad de los requisitos especiales para ejercer el poder. La diferencia resulta central. Nacer con una ciudadanía, adquirirla después y poseer dos vínculos nacionales no significan lo mismo en términos jurídicos.
Hasta ahora, el artículo 32 constitucional ya establece que algunos cargos sólo pueden ser ocupados por mexicanos por nacimiento. La reforma amplía esa restricción para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al impedir también que aspiren quienes tengan una segunda nacionalidad desde su nacimiento.
- EL DATO: EL EMBAJADOR de México en EU, Roberto Lazzeri, sostuvo que el debate no gira en torno a si una persona es más o menos mexicana, sino sobre las obligaciones que deben cumplir.
Un contraste claro aparece en Estados Unidos. Su Constitución exige que quien ocupe la Presidencia sea ciudadano estadounidense por nacimiento, pero no ordena que esa persona tenga una sola nacionalidad. El gobierno federal reconoce además que un estadounidense puede conservar otra ciudadanía sin perder automáticamente la propia.
Australia se acerca más al modelo que México busca establecer, aunque coloca la restricción en el Parlamento federal y no en los cargos. Ese país permite la doble nacionalidad, pero su Constitución impide ocupar un escaño a quien conserve la ciudadanía de otro Estado.
Tras una crisis política en 2017, el Tribunal Superior australiano revisó la elegibilidad de varios legisladores y confirmó que la segunda nacionalidad puede impedir el acceso al Parlamento aun cuando la persona no supiera que la tenía. Los aspirantes deben tomar las medidas razonables necesarias para desprenderse de ese vínculo antes de competir por un escaño.
Brasil ofrece una diferencia importante. Su Constitución reserva la presidencia, la vicepresidencia, las presidencias de ambas cámaras del Congreso, el Supremo Tribunal Federal, la carrera diplomática, ciertos cargos militares y el Ministerio de Defensa a brasileños por nacimiento.
Esa condición no significa, sin embargo, que deban poseer únicamente la nacionalidad brasileña. Desde 2023, la adquisición voluntaria de otra ciudadanía tampoco provoca por sí misma la pérdida de la brasileña. El caso muestra que un Estado puede reservar sus posiciones más altas a nacionales de origen sin convertir la doble nacionalidad en una causa automática de exclusión.
Rusia también endureció las condiciones para su cúpula política. Su Constitución establece impedimentos relacionados con otras ciudadanías y permisos de residencia extranjeros para la Presidencia y distintos cargos del Estado. En ese modelo, la restricción recae de manera específica sobre quienes pretenden ejercer determinadas funciones públicas.
Fuera del Grupo de los Veinte, Filipinas ofrece uno de los ejemplos más útiles para distinguir nacionalidad y derechos políticos. Su legislación permite en determinados casos conservar o recuperar la ciudadanía filipina, pero exige a ciertas personas renunciar de manera expresa a la extranjera si buscan competir por un cargo de elección popular.
Expertos en ciudadanía han documentado que la percepción sobre esos vínculos cambió de forma profunda durante las últimas décadas. Peter Spiro, especialista en nacionalidad, explicó que durante buena parte de los siglos XIX y XX varios Estados asociaron la doble ciudadanía con conflictos de lealtad, servicio militar y protección diplomática.
Con el aumento de la movilidad internacional, numerosos países modificaron esa postura y comenzaron a aceptar que una persona pudiera conservar vínculos jurídicos con más de un Estado. Ese proceso no eliminó las restricciones para puestos sensibles, pero sí separó con mayor claridad la ciudadanía ordinaria de las condiciones impuestas a quienes ejercen determinadas funciones públicas.
Advierten exclusión por enmienda
Por: E. Hernández y T. Gómez
LA AMERICAN Society of Mexico (AmSoc) rechazó la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al considerar que restringe derechos políticos de millones de ciudadanos con doble nacionalidad.
Larry Rubin, presidente de AmSoc, sostuvo que la medida alcanza a 15 millones de ciudadanos en México y dos millones de migrantes. Cuestionó que el proceso avanzara sin un parlamento abierto con especialistas y asociaciones.
Desde su perspectiva, contar con otra ciudadanía no reduce la condición de mexicano ni debe impedir la participación en una contienda electoral. También pidió distinguir entre quienes adquirieron una segunda ciudadanía y quienes la poseen por nacimiento.
Para el dirigente, la reforma crea dos categorías entre ciudadanos y coloca límites innecesarios a quienes mantienen vínculos jurídicos con otro país, y adelantó que la organización buscará revertir sus efectos.
Además, rechazó que tener dos ciudadanías pueda asociarse con falta de fidelidad hacia el país. Como ejemplo, recordó que jugadores de la Selección Mexicana cuentan con otra nacionalidad sin que ello implique una sospecha sobre su compromiso.
“Nuestro llamado es que verdaderamente piensen en México antes que en su propio partido”, expresó y solicitó abrir espacios de discusión con los sectores involucrados antes de concluir el proceso legislativo.
La reforma establece que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y locales deberán contar sólo con la nacionalidad mexicana y, en caso de tener otra, renunciar a ella antes de solicitar el registro.
