En fiscalías, más gasto, menos investigaciones... y rezago aumenta 10.4%

Las fiscalías del país cerraron 2025 con una mayor carga de asuntos sin concluir, pese a que durante el año recibieron menos investigaciones nuevas y contaron con más recursos. El rezago creció 10.4 por ciento y rozó los tres millones de procedimientos pendientes, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este retraso ocurrió el mismo año en el que se aumentó el presupuesto destinado a la procuración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones estatales ejercieron 81 mil 209 millones de pesos y, descontada la inflación, el gasto conjunto aumentó alrededor de 1.7 por ciento frente a 2024. Fue además el segundo nivel más alto registrado desde 2021.

Por su parte, la apertura de nuevas carpetas disminuyó 3.5 por ciento, lo que representó 74 mil 453 investigaciones menos que el año anterior. La reducción no impidió que al cierre de 2025 hubiera 275 mil 271 procedimientos pendientes adicionales, hasta alcanzar dos millones 916 mil 624.

• El Dato: El año pasado se registraron 2 millones 18 mil 616 delitos del fuero común de las fiscalías, de las cuales, el robo concentró 23.8%, la violencia familiar 13.2% y las lesiones 10.7%.

El Inegi precisa que ambos universos no son equivalentes. Una carpeta puede generar uno o varios procedimientos según las víctimas, los delitos y las personas imputadas relacionadas con ella. Esa diferencia metodológica impide confrontar ambos totales de manera directa, pero permite observar que el volumen pendiente aumentó mientras las nuevas investigaciones fueron a la baja.

Las fiscalías estatales concentraron prácticamente todo el rezago, con 98.9 por ciento de los procedimientos pendientes. Guanajuato encabezó el registro, con 416 mil 617, seguido por Ciudad de México y Jalisco, con poco más de 347 mil 500 casos cada una. Sólo esas tres entidades reunieron cerca de cuatro de cada 10 asuntos locales sin concluir.

El censo muestra que este rezago coexistió con mayores recursos en las fiscalías estatales. Sus presupuestos reales crecieron 2.7 por ciento, mientras el de la FGR disminuyó 1.1 por ciento. También aumentó el personal. Al cierre del año, ambas ramas sumaban 117 mil 810 servidores públicos, 2.8 por ciento más que en 2024, y casi ocho de cada 10 estaban adscritos a instituciones locales.

• 4 Mil 638 agencias del MP o fiscalías hay en el país

México Evalúa había advertido sobre esa acumulación meses antes de conocerse las cifras de 2025. Su estudio Radiografía de las fiscalías en México, presentado en junio de 2026 con información disponible hasta 2024, señaló que los asuntos pendientes pasaron de 1.3 millones en 2019 a más de 2.6 millones cinco años después. La organización también identificó la sobreutilización del archivo temporal y los bajos niveles de judicialización entre los problemas de la procuración de justicia.

A la acumulación de asuntos pendientes se añadió otro dato sobre el avance de las investigaciones. Seis de cada 10 carpetas abiertas durante 2025 en alguna fiscalía local no tenían una persona imputada registrada, frente a sólo tres de cada 10 que sí contaban con alguien identificado bajo esa condición. El resto correspondió a registros mixtos o sin especificación.

Para la FGR, la proporción resultó aún mayor. De sus 84 mil 144 expedientes nuevos, 71 mil 21 aparecieron sin una persona imputada registrada. En términos simples, más de ocho de cada 10 carpetas estaban bajo esa condición. A nivel local, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México ocuparon los primeros lugares del país, con más de nueve de cada 10 investigaciones abiertas sin una persona imputada.

• El Tip: El reporte detalla que al cierre del año, quedaron 204 mil 132 órdenes judiciales pendientes de cumplimentarse, contra 188 mil 845 registradas a inicios de 2025.

Otro indicador sobre el resultado de las investigaciones en su etapa inicial aparece en las determinaciones reportadas por las fiscalías estatales. Cuatro de cada 10 resoluciones cerraron con el no ejercicio de la acción penal y casi tres de cada 10 quedaron en archivo temporal. Sólo en 15.2 por ciento, una de cada seis, se decidió proceder penalmente.

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, explicó al presentar ese análisis que el objetivo era identificar “dónde se encuentran los principales cuellos de botella del sistema de justicia penal”.

Con datos de 2024, el estudio calculó que únicamente 6.28 por ciento de los casos acumulados había llegado al ejercicio de la acción penal y documentó que el volumen de asuntos pendientes en fiscalías se duplicó entre 2019 y ese año.

Impunidad Cero encontró un escenario similar mediante una metodología distinta. En su Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, elaborado con información de 2024, estimó en 1.47 por ciento la probabilidad de que un delito fuera denunciado y esclarecido. Según el estudio, nueve de cada 10 ilícitos no llegaron a denunciarse y, entre los que sí ingresaron al Ministerio Público, sólo dos de cada 10 obtuvieron una respuesta que la organización clasificó como efectiva.

Frente a esos resultados, los datos de 2025 muestran que las fiscalías estatales incrementaron el volumen de diligencias dentro de sus investigaciones, aunque ese aumento no se reflejó en una reducción de los asuntos pendientes. Durante el año se reportaron casi seis millones de tareas de este tipo, 58.6 por ciento más que en 2024. El 97 por ciento no requirió control judicial.

Entre las diligencias que sí requirieron la intervención de una persona juzgadora, el Inegi contabilizó 14 mil 796 cateos y 11 mil 743 intervenciones de comunicaciones privadas y correspondencia. La FGR informó que no contaba con datos equivalentes para esas etapas, por lo que el comparativo comprende únicamente a las instituciones locales.

La intervención judicial también dejó pendientes en este frente. Aunque las autoridades concluyeron cerca de 100 mil diligencias durante 2025, emitieron unas 20 mil más, por lo que el número de pendientes aumentó alrededor de ocho por ciento. Al cierre del año quedaron 204 mil 132 sin cumplimentar, unas 15 mil más que al inicio.

En el ámbito federal, este registro corresponde a órdenes de aprehensión. Las de las fiscalías estatales también incluyen tareas de reaprehensión, comparecencia, citación y otras modalidades.

México Evalúa coloca el problema más allá del número de expedientes. La organización sostiene que medir sólo denuncias recibidas o carpetas iniciadas no permite conocer la efectividad de una fiscalía y propone observar resultados como asuntos resueltos, investigaciones judicializadas, sentencias y soluciones para las víctimas.