A raíz del ataque cometido por dos exalumnos contra la comunidad de la Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, el Gobierno federal anunció una estrategia que incluye un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia, además de reforzar la vigilancia de espacios digitales.
En conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “lamentable” la agresión que dejó muerta a la subdirectora Nery Edith Narváez González y cuatro personas lesionadas, y sostuvo que el objetivo inmediato será trasladar también a las empresas tecnológicas parte de la responsabilidad frente a la difusión de contenidos violentos.
“El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”, señaló.
- El Dato: La red social TikTok lamentó el ataque en Torreón y aseguró que mantiene “cero tolerancia” a contenidos que promuevan, glorifiquen o faciliten la violencia.
La mandataria indicó que en los últimos años se han presentado “tres o cuatro” episodios similares en el país y afirmó que el Gobierno no puede permanecer omiso ante contenidos relacionados con actos delictivos que se propagan en Internet.
Aclaró que la regulación deberá delimitar con precisión qué publicaciones serán objeto de retiro para evitar que la medida derive en censura. Añadió que el propósito es preventivo y no crear un nuevo delito penal.
El decreto será trabajado por un grupo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), con participación de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Educación Pública (SEP), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de especialistas de instituciones académicas.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que se buscará establecer obligaciones para que las plataformas detecten, reporten y remuevan oportunamente contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades.
El funcionario detalló que el CNI reforzará el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería y foros para identificar de manera temprana expresiones de extremismo violento, amenazas creíbles o llamados a cometer agresiones.
También se ampliará la investigación en fuentes abiertas para reconstruir actividad digital relacionada con amenazas, identificar patrones y establecer posibles vínculos entre usuarios.
García Harfuch matizó que consultar determinado contenido o realizar una expresión en internet no significa, por sí mismo, que una persona vaya a cometer un delito, por lo que las tareas de inteligencia deberán distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta.
El plan contempla además impulsar reformas para regular el acceso y uso de redes sociales por niñas, niños y adolescentes, mediante mecanismos de verificación y protección acordes con la edad y mayores responsabilidades para las empresas tecnológicas.
La estrategia tendrá también una vertiente dentro de los planteles. El Gobierno reforzará el programa ABC de las Emociones mediante asambleas con madres y padres de familia y la instalación de buzones confidenciales para detectar tempranamente situaciones de riesgo, además de mecanismos de orientación para adolescentes y jóvenes. El programa comenzó a desplegarse en septiembre para atender la salud socioemocional de estudiantes de entre 14 y 18 años y contempla una hora semanal dedicada al reconocimiento y expresión de emociones.
El secretario de Seguridad llamó a madres, padres y personas cuidadoras a mantenerse atentos a sus hijos, fortalecer la comunicación y recurrir a la Línea de la Vida cuando detecten conductas que generen preocupación para recibir orientación y, en su caso, apoyo psicológico.
En su oportunidad, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró que las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad sobre contenidos de violencia y demostrar que serán sitios seguros para los menores de edad, a la par que se reforzará la estrategia en aulas construyendo vínculos de confianza con las y los jóvenes, así como con asambleas con madres y padres de familia.
Las nuevas medidas se sumarán a la regulación sobre dispositivos digitales que entrará en vigor el 3 de noviembre en las escuelas de educación básica. El acuerdo establece que los celulares no podrán utilizarse durante la jornada escolar, incluido el recreo, salvo actividades pedagógicas planeadas, emergencias o situaciones extraordinarias.
La decisión fue anunciada un día después de que dos hermanos de 18 años, exalumnos de la Secundaria 13 del ejido La Unión, en la zona conurbada de Torreón, ingresaron al plantel y atacaron con armas blancas a integrantes de la comunidad escolar.
La Fiscalía de Coahuila investiga, por separado, la actividad digital de los detenidos. El fiscal Federico Fernández Montañez informó que los jóvenes buscaban imitar a autores de ataques cometidos en escuelas y universidades de otros países y que las autoridades estatales comparten información con instancias federales sobre las redes que frecuentaban.
Sheinbaum sostuvo que, una vez establecido el primer mecanismo para retirar contenidos violentos, el Gobierno abrirá una discusión más amplia sobre la regulación de las plataformas y su impacto en niñas, niños y adolescentes.
“No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil, de conocimiento de este tipo de vínculo y que las redes no hagan nada”, afirmó.
Puntos específicos
Entre los puntos abordadospara proteger a las infancias, destacan:
- Elaborará un decreto que obligue a las plataformas digitales a la detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.
- Establecerá mecanismos de coordinación de estas plataformas con las autoridades competentes.
- Fortalecerá la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.
- Se enfatizará la protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad y más responsabilidades para las plataformas.
- Reforzará el monitoreo de espacios digitales para identificar oportunamente contenidos o conductas que puedan representar un riesgo de violencia.
Mujeres, 11 de 15 víctimas mortales en incidentes armados en escuelas
| Por Claudia Arellano |
Desde el año 2000, México ha registrado al menos 157 incidentes con armas de fuego dentro de planteles educativos y 31 ocurrieron tan sólo entre enero y septiembre de 2026, la cifra anual más alta de la serie elaborada por el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila Víctor Sánchez Valdés.
Una revisión realizada por el especialista, a petición de La Razón, arrojó además un dato que hasta ahora no había sido dimensionado en su registro: de las 15 personas que han perdido la vida en esos episodios desde el año 2000, 11 son mujeres, es decir, 73 por ciento. La mayoría eran maestras o trabajadoras de los centros escolares y cuatro eran alumnas.
El hallazgo surge mientras el ataque cometido el jueves en la Secundaria 13 de Torreón volvió a abrir la discusión sobre la violencia en las escuelas y el papel que pueden desempeñar comunidades digitales que glorifican agresiones, reproducen discursos misóginos o convierten el resentimiento en una forma de pertenencia.
- El Dato: La ONG Tejiendo Redes Infancia llamó a evitar generalizaciones sobre la violencia adolescente a partir de los hechos en Torreón, pues no es evidencia de una tendencia.
El caso de Torreón, sin embargo, no está incluido entre los 157 incidentes. La base de Sánchez Valdés se construye a partir de información hemerográfica y fuentes abiertas y registra exclusivamente hechos en los que estuvieron involucradas armas de fuego. La subdirectora Nery Edith Narváez González murió por heridas provocadas con armas blancas y otras cuatro personas resultaron lesionadas.
La distinción es relevante, advirtió el investigador, porque la estadística permite observar sólo una parte del fenómeno. No existe un registro público nacional que reúna agresiones con armas de fuego, cuchillos, explosivos u otros medios y permita cruzarlas con las características de víctimas y agresores.
La actualización muestra, no obstante, una aceleración. La base contabilizó ocho casos en 2017, cinco en 2018, 10 en 2019 y otros 10 en 2020. Tras un año sin registros en 2021, fueron 17 en 2022, 19 en 2023 y 11 en 2024. En 2025 escalaron a 30 y entre enero y septiembre de este año llegaron a 31.
Así, 61 de los 157 incidentes documentados desde 2000, casi cuatro de cada 10, ocurrieron sólo durante 2025 y los primeros nueve meses de 2026.
ESTADÍSTICA REVELADORA. Sánchez Valdés explicó que los 157 incidentes dejaron 15 personas muertas. Al revisar el sexo de las víctimas encontró que 11 eran mujeres y cuatro hombres. De las mujeres asesinadas, cuatro eran estudiantes y las otras siete pertenecían al personal de los planteles, principalmente docentes, aunque también aparecen trabajadoras administrativas.
La concentración también es reciente. El primer homicidio de una mujer contenido en la serie corresponde a 2007. Alrededor de 10 de las 11 muertes femeninas ocurrieron durante los últimos 10 años y siete se concentran en los últimos cinco.
El investigador pidió no interpretar esos números, por sí solos, como prueba de una tendencia nacional de violencia dirigida contra las mujeres. Su base no fue diseñada para estudiar violencia de género ni permite establecer el móvil de cada ataque.
Otro dato obtenido de la revisión es que, de los 11 incidentes en los que se registraron fallecimientos, sólo uno tuvo un anuncio previo identificado; en los otros 10 no se encontró una advertencia anticipada documentada.
Ese elemento adquiere relevancia tras el ataque de Torreón, donde las autoridades investigan la actividad digital de los dos hermanos de 18 años señalados como responsables.
DE LA PANTALLA A LAS AULAS. La discusión, sin embargo, trasciende el caso de Torreón. Especialistas advierten que determinados espacios digitales pueden transformar frustraciones personales en identidades colectivas construidas alrededor de la misoginia, el resentimiento y la normalización de la violencia.
La psicóloga Nereida González explicó que el término incel proviene de involuntary celibate —célibe involuntario— y originalmente no surgió como una corriente violenta. Con el tiempo, algunos espacios vinculados con esa identidad evolucionaron hacia comunidades en las que hombres responsabilizan a las mujeres de sus frustraciones afectivas y sociales.
La UNAM ha estudiado estas comunidades como parte de la llamada “manósfera”, un ecosistema digital donde circulan discursos antifeministas y misóginos.
Mario Fausto Gómez Lamont, especialista en masculinidades, señaló que el fenómeno no debe reducirse a un problema individual. Las redes, explicó, pueden ofrecer a hombres jóvenes anonimato, identidad y sensación de pertenencia, pero también ponerlos en contacto con discursos que refuerzan frustración y resentimiento.
El proceso puede comenzar con contenidos sobre relaciones sentimentales, masculinidad, inseguridad personal o fracaso amoroso y avanzar hacia grupos donde se responsabiliza a las mujeres de los problemas de los hombres y aparecen códigos y símbolos que fortalecen la pertenencia.
Arturo Béjar, especialista en seguridad digital, ha advertido que el diseño de las plataformas busca prolongar la permanencia mediante recomendaciones algorítmicas, reproducción automática, desplazamiento infinito y notificaciones. El riesgo, señalan los expertos, no depende únicamente de lo que un adolescente busca o publica, sino también de lo que las plataformas le recomiendan reiteradamente.
Los especialistas subrayan, no obstante, que aislamiento, ansiedad, depresión o dificultades afectivas no convierten a una persona en agresora y que pertenecer a espacios digitales misóginos tampoco conduce automáticamente a la violencia física.
La médica Beatriz Martínez Romero, de la UNAM, ha insistido además en que la misoginia no es una enfermedad mental, sino un problema social, por lo que asociarla automáticamente con un padecimiento psiquiátrico puede estigmatizar a quienes requieren atención.
Para Sánchez Valdés, los ataques escolares tampoco pueden explicarse a partir de una sola causa. Entre los factores que considera necesario estudiar están la hiperexposición a contenidos violentos, problemas de salud mental no detectados o atendidos oportunamente y la disponibilidad de armas en los hogares.
La combinación de factores sociales, emocionales, familiares, digitales y de acceso a armas, señaló, obliga a evitar explicaciones únicas y estudiar cada episodio en su propio contexto.
VACÍO EN REGISTROS. El ataque en Torreón exhibe los límites de la información disponible. Aunque provocó una muerte dentro de una escuela, no aparecerá en la estadística de 157 incidentes porque se utilizaron armas blancas.
Tampoco existe una base nacional que permita saber cuántas agresiones escolares estuvieron precedidas por amenazas en Internet, cuántas presentaron referencias a ataques anteriores, cuántas tuvieron componentes misóginos o cuántas estuvieron vinculadas con comunidades que glorifican la violencia.
Para construir esa fotografía sería necesario contar con un registro que incluya tipo de arma, número y sexo de las víctimas, edad, relación del agresor con el plantel, amenazas previas, actividad digital y resultado de las investigaciones.
Los especialistas coinciden en que la respuesta no puede limitarse a revisar mochilas, vigilar teléfonos o prohibir Internet. Plantean fortalecer alfabetización digital, educación emocional, pensamiento crítico, atención a la salud mental, acompañamiento familiar y escolar y responsabilidad de las plataformas sobre los contenidos que amplifican.
Indagan redes de sospechosos en ataque escolar de Torreón
| Redacción |
La Fiscalía General de Coahuila investiga los vínculos digitales de los dos hermanos de 18 años señalados por el ataque en la Secundaria 13 de Torreón, luego de encontrar indicios de que buscaban imitar agresiones perpetradas contra escuelas y universidades en otros países.
El fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, informó a medios de comunicación que peritos analizan los celulares de los jóvenes y que los datos sobre las redes sociales que frecuentaban ya son compartidos con autoridades federales para profundizar en esos espacios digitales.
“Estamos compartiendo con autoridades federales los elementos para que puedan profundizar en la red a la que ellos querían pertenecer, previendo que no vaya a pasar en otras entidades”, explicó.
- El Dato: Para este sábado se prevé una misa a las 10:00 hrs. que dará comienzo al cortejo fúnebre de la subdirectora de la Secundaria #13, Nery Edith Narváez González.
De acuerdo con el funcionario, las declaraciones recabadas apuntan a que los hermanos admiraban a personas que han cometido ataques similares fuera de México y pretendían imitarlas. Entre sus pertenencias fueron localizadas referencias a agresores de escuelas y universidades de otros países.
La Fiscalía descartó, con los datos disponibles hasta ahora, la participación de más personas y cualquier vínculo con la delincuencia organizada. Los detenidos declararon que eligieron la Secundaria 13 porque habían estudiado ahí, conocían el lugar y se encontraba cerca de su domicilio, y no porque tuvieran como objetivo a alguna persona en particular.
Un día antes del ataque, uno de los hermanos publicó en TikTok fotografías de la ropa y las armas que presuntamente utilizarían. “Ya me toca a mí”, escribió junto a las imágenes. Entre los comentarios, usuarios le preguntaron si transmitiría la agresión en redes sociales. La cuenta fue dada de baja este viernes.
- 3 Mil 600 habitantes tiene el ejido La Unión
Los peritajes a los dispositivos continuarán durante los próximos días y la Fiscalía prevé presentar a principios de la próxima semana un primer avance sobre la información encontrada.
La agresión ocurrió la mañana del jueves en la Secundaria 13, ubicada en el ejido La Unión, en la zona conurbada de Torreón, y dejó muerta a la subdirectora Nery Edith Narváez González, además de cuatro personas lesionadas. Cámaras de vigilancia instaladas en un taller contiguo registraron a los dos jóvenes alrededor de las 8:20 horas, cuando caminaban con el rostro descubierto frente a la secundaria. Después rodearon la manzana y pasaron por las inmediaciones de la primaria Agustín Melgar y del jardín de niños Enriqueta Camarillo.
Antes de llegar a la secundaria, los jóvenes habrían atacado a Romina, una adolescente de 17 años, a aproximadamente una cuadra y media del plantel. La joven fue trasladada para recibir atención médica y en un primer momento la agresión no fue relacionada con los hechos ocurridos minutos después.
Una cámara volvió a registrarlos alrededor de las 8:42 horas, esta vez con el rostro cubierto. Minutos después comenzaron a escucharse gritos y siete detonaciones o explosiones, según testigos, quienes alertaron a la policía sobre personas con objetos punzocortantes dentro de la escuela. Las autoridades han señalado que el ataque principal fue cometido con armas blancas.
En medio de la agresión, la subdirectora Nery Edith Narváez habría intentado detener a los atacantes y proteger a los alumnos, según testimonios de padres de familia y vecinos. Las heridas que recibió le provocaron la muerte.
También resultaron lesionados Ricardo, profesor de Español de 54 años; Alexis, alumno de 13; Alejandro, de 22, y Romina, de 17 años.
Este viernes, Romina fue dada de alta, mientras tres personas continuaban hospitalizadas, dos de ellas en condición grave. Ante la necesidad de sangre para los lesionados, policías municipales estuvieron entre los primeros en acudir a donar.
Tras el ataque, habitantes del sector sometieron a los hermanos antes de entregarlos a las autoridades. Ambos recibieron atención médica y permanecen bajo custodia.
La Fiscalía señaló que los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 60 años de prisión, aunque éstas podrían aumentar si se reúnen datos de prueba por otros delitos.
Hasta este viernes ningún familiar se había presentado para brindarles acompañamiento legal.
Habitantes del ejido La Unión aseguraron que la familia abandonó su vivienda por temor a posibles represalias. La Fiscalía había informado previamente que buscaba a sus familiares directos para establecer contacto con ellos.
La Secundaria 13 permanece cerrada y bajo vigilancia. También fueron suspendidas las clases en la primaria y el jardín de niños cercanos, mientras corporaciones de seguridad realizan recorridos por el sector.
DESPIDEN A LA VÍCTIMA. Este viernes, familiares, amigos y docentes acudieron a despedir a Narváez González. Integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llegaron en grupo a la funeraria, donde colocaron arreglos florales.
La familia pidió privacidad durante el velorio. Para este sábado está programada una misa a las 10:00 horas, tras la cual partirá el cortejo fúnebre.
En las inmediaciones de la secundaria permanecen flores y una fotografía de la docente, mientras padres de familia y exalumnos continuaron llegando para dejar muestras de duelo.
Psicólogos dan atención gratuita a la comunidad
| Por Claudia Arellano |
Tras el atentado con arma blanca registrada en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, un grupo de psicólogos de la ciudad se organizó para ofrecer atención psicológica gratuita a integrantes de la comunidad escolar que pudieran requerir acompañamiento.
El grupo de especialistas de “Integralmente” puso a disposición de estudiantes, docentes, trabajadores del plantel y familiares un espacio de atención para quienes hayan resultado afectados emocionalmente por los hechos ocurridos la mañana del jueves.
Ante el impacto que un hecho de esta naturaleza puede generar entre quienes estuvieron presentes o mantienen algún vínculo con la escuela, los integrantes de “Integralmente” plantearon la importancia de brindar un espacio de escucha y acompañamiento.
- El Tip: Autoridades federales consideran profundizar análisis en espacios digitales para prevenir más ataques.
Los especialistas señalaron que después de experimentar o presenciar un acontecimiento violento pueden aparecer distintas reacciones emocionales, particularmente durante las primeras horas y días posteriores.
Miedo, ansiedad, dificultad para dormir, sobresaltos, tristeza, enojo, confusión o temor de regresar al lugar donde ocurrió la agresión, pueden formar parte de las reacciones posteriores a una experiencia traumática.
Por ello, la atención psicológica busca proporcionar acompañamiento profesional y permitir que cada persona procese lo ocurrido de acuerdo con sus propias circunstancias, señalaron.
Y agregaron que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, el acompañamiento de adultos de confianza resulta particularmente importante, debido a que pueden tener dificultades para expresar verbalmente lo que experimentaron.
La atención no se limita a quienes estuvieron directamente frente a la agresión, ya que también puede ser necesaria para compañeros, profesores, personal administrativo, familiares y otras personas cercanas los hechos.
Las amenazas, comentarios sobre agresiones u otras señales de violencia por adolescentes y jóvenes expresadas a través de redes sociales, no deben ser ignoradas por padres de familia y docentes, advirtió Karla Valdés, especialista en psicología.
CSP llama a no repetir represión del Estado a un movimiento social
