El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, reconoció ante el Senado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene documentados expedientes relacionados con los señalamientos de la oposición sobre una presunta red de corrupción de Andrés Manuel López Beltrán y el empresario Amílcar Olán, por huachicol fiscal o contrabando de combustible, pero afirmó que actualmente no existen investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en ese sentido.
Durante su comparecencia ante el pleno, la senadora panista Mayuli Martínez cuestionó al funcionario sobre esos señalamientos y preguntó si la UIF investigará los hechos y qué hará Hacienda para impedir que los señalados obtengan nuevos contratos de obra pública.
El secretario explicó que la UIF es “una coadyuvante de los procesos judiciales y administrativos”, y que no inicia por sí misma investigaciones judiciales. Agregó que los expedientes están completamente documentados, pero que “en este momento” no hay investigaciones de la Fiscalía.
Martínez Simón vinculó los señalamientos con combustibles y contratos públicos, y calculó un desfalco de cientos de miles de millones de pesos por huachicol fiscal. Dichas acusaciones, Hacienda no las presentó como hechos acreditados.
El combate al contrabando de combustibles fue uno de los temas centrales. Amador Zamora informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló dos mil 205 sellos de facturación a comercializadoras involucradas en operaciones ilegales y que desde junio sólo quienes tengan permiso vigente de la Secretaría de Energía pueden facturar ventas de hidrocarburos.
Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 fueron detectados 109.4 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de cuatro mil 600 millones de pesos por IVA e IEPS.
El secretario adelantó que el Paquete Económico 2027 contempla cambios para aumentar la trazabilidad de las operaciones con gasolina y diésel.
La priista Cristina Ruiz pidió distinguir entre detectar una operación irregular, determinar los impuestos, cobrarlos y recuperar los recursos. Preguntó cuánto se ha recuperado y propuso que Hacienda publique la pérdida fiscal atribuida al huachicol y lo recobrado. Por su parte, la también priista Claudia Anaya Mota alertó sobre déficit, deuda y pasivos contingentes, y afirmó que las calificadoras han reducido la nota de México: “Todos, absolutamente todos los indicadores macroeconómicos estaban mejor en 2018”.
Amador Zamora respondió que la economía no puede evaluarse sólo con indicadores macroeconómicos y defendió los resultados sociales: dijo que hay 14 millones menos de personas en pobreza que en 2018, un mínimo histórico en pobreza laboral y niveles máximos en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional.
El funcionario detalló que estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía. Además, el SAT estableció controles automáticos en los comprobantes fiscales para impedir la venta irregular de gasolina y diésel, como parte de una estrategia para cerrar espacios al huachicol fiscal.