El Gobierno de México no inició procesos penales ni obtuvo condenas contra funcionarios públicos por su presunta participación en redes de trata de personas durante 2025, a diferencia del año anterior, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En su Informe sobre Trata de Personas 2026, Washington señaló que la corrupción y la complicidad institucional representan obstáculos para investigar y sancionar estos delitos.
Pese a la ausencia de acciones judiciales contra servidores públicos, las autoridades mexicanas reportaron una investigación contra un integrante de las Fuerzas Armadas por su posible participación en actividades de explotación sexual. El documento no proporciona su identidad, grado militar ni información sobre el avance del expediente.
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- El Tip: De acuerdo con la información del reporte, el Plan Nacional de Acción contra la Trata concluyó en 2024.
Las instituciones mexicanas tampoco proporcionaron información sobre el estado de los procedimientos que involucran a otros funcionarios bajo sospecha de colaborar con organizaciones de explotación humana. El Departamento de Estado identificó estas omisiones entre las principales deficiencias de la respuesta gubernamental contra la trata.
Durante 2025, México abrió 489 investigaciones por este delito, frente a las 661 del año anterior, una disminución de 172 casos. En contraste, las autoridades iniciaron procesos penales contra 268 sospechosos, en comparación con 162 durante 2024, mientras los tribunales dictaron 124 condenas, frente a las 98 del periodo previo.
Las nuevas acciones judiciales corresponden a 177 acusados por explotación sexual, 37 por trabajos forzosos y 54 por modalidades que el Gobierno no precisó. Las autoridades mantuvieron procedimientos de años anteriores contra 245 presuntos responsables.
Sin embargo, Washington advirtió que las estadísticas oficiales presentan deficiencias de recopilación y que el Gobierno federal no proporcionó información completa sobre sus acciones contra la trata.
Otro de los cuestionamientos corresponde a la capacitación del personal judicial. México no impartió formación sobre trata de personas a los jueces que llegaron a sus cargos tras las elecciones judiciales, mientras policías y funcionarios sin preparación específica enfrentan dificultades para identificar estas conductas.
La evaluación advierte que esas deficiencias provocan que algunos responsables enfrenten acusaciones por delitos distintos, cuyas penas resultan menores. Señala que la coordinación entre autoridades mantiene problemas que afectan las investigaciones.
