El diputado federal Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano (MC), propuso que la Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones de procuración de justicia de las 32 entidades federativas instalen ventanillas especializadas para atender de manera inmediata a familiares de personas desaparecidas y víctimas de extorsión.
La iniciativa plantea reformar dos leyes generales para establecer mecanismos de recepción de denuncias, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y medidas de protección, además de facilitar el contacto directo con las autoridades responsables de las investigaciones.
Para los casos de desaparición, los módulos deberán contar con personal capacitado que oriente a las familias desde el primer acercamiento, identifique sus necesidades y agilice la comunicación con las instancias encargadas de localizar a sus seres queridos. También contempla apoyos económicos para traslados relacionados con las diligencias de búsqueda.

México ha exportado a EU más de 108 mil cabezas de ganado desde reapertura de frontera
En materia de extorsión, el proyecto contempla asistencia personalizada durante los procedimientos legales, acceso a servicios especializados y mecanismos que permitan canalizar oportunamente los reportes a las unidades ministeriales correspondientes.

Además, el legislador busca ampliar las atribuciones del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión para garantizar la recepción de información a través del número telefónico 089, plataformas digitales y oficinas presenciales, con la asignación de un folio único para cada caso y protección del anonimato cuando corresponda.
Dicho organismo también tendría facultades para analizar los datos recopilados, identificar patrones delictivos, modalidades de operación y posibles vínculos entre responsables, así como elaborar estadísticas que contribuyan a la prevención e investigación de estos hechos.
Más de 93% de los delitos queda sin investigación
La propuesta toma como referencia los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que estima que durante 2025 alrededor de 23 millones de personas adultas sufrieron algún delito en México.
De acuerdo con ese estudio, al menos un integrante de 28.5% de los hogares del país resultó víctima de la delincuencia, mientras que la extorsión figuró entre los tres ilícitos más frecuentes, junto con el fraude y el robo o asalto en la vía pública o el transporte colectivo.
Otro de los indicadores que sustenta la iniciativa es la cifra negra, pues 93.4% de los 33.8 millones de hechos delictivos registrados durante ese año no derivó en una denuncia o en la apertura de una carpeta de investigación.

Vázquez Ahued considera que estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para recibir reportes y brindar asistencia a quienes enfrentan situaciones de riesgo, debido a que el contacto inicial con las autoridades resulta fundamental para acceder a los mecanismos de procuración de justicia.
En su exposición de motivos, el legislador sostiene que la recepción de una denuncia “no debe limitarse al inicio de una investigación penal”, sino que debe ofrecer condiciones de accesibilidad, atención oportuna, confidencialidad y respeto a los derechos de las víctimas.
Respecto a las desapariciones, advierte que uno de los obstáculos institucionales consiste en “la clasificación inicial de algunos casos de desaparición como delitos de privación ilegal de la libertad”, situación que puede retrasar la activación de los protocolos de búsqueda e investigación.
Asimismo, el proyecto establece mecanismos de coordinación entre el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión y las fiscalías federales y estatales para confirmar la recepción de los expedientes, compartir información y mantener canales institucionales de seguimiento.
Las modificaciones propuestas abarcan la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la legislación general para prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con la extorsión.

Te puede interesar:
- ¿Quiénes fueron los cuatro militares muertos en operativo para capturar a ‘El Chapo Isidro’?
- Presupuesto para educación pública en 2027 supera 1.3 billones de pesos: Mario Delgado
- Estados Unidos elogia a México por detención de ‘Chapo Isidro’ en Guasave: ‘Increíble trabajo’
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT
Mensajes de texto y vigilancia de drones de EU llevaron a captura de ‘Chapo Isidro’, revela NYT

