La violencia entre organizaciones criminales en México incrementó el reclutamiento forzado de menores de edad y adultos para actividades ilícitas, mientras los cárteles recurren a falsas ofertas laborales, amenazas de muerte, secuestros y extorsiones para ampliar su control territorial, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe sobre Trata de Personas 2026.
El diagnóstico identifica al Cártel de Sinaloa (CDS), al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Tren de Aragua entre las organizaciones que utilizan distintas formas de explotación para obtener beneficios económicos y fortalecer sus estructuras delictivas.
El Gobierno estadounidense mantuvo a México en el nivel 2 de su clasificación internacional, debido a que las autoridades todavía no cumplen plenamente con los estándares mínimos para erradicar este delito. Aunque reconoció avances en las acciones judiciales y la atención a víctimas, advirtió que persisten la corrupción institucional, la falta de capacitación de jueces y las deficiencias en los mecanismos de protección.
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- El dato: El miércoles, el Senado avaló una reforma que obligará a los prestadores de servicios turísticos a implementar protocolos para la seguridad y protección de menores.
Además, advierte sobre las consecuencias de las disputas territoriales y la utilización de personas bajo condiciones de sometimiento. Sostiene que los criminales aprovechan las adicciones para imponer deudas que las víctimas no pueden solventar y obligarlas a cometer delitos o realizar trabajos contra su voluntad. El informe identifica mecanismos de manipulación económica y social, chantaje, amenazas de asesinato y secuestro para mantener el control sobre menores y personas adultas por igual.
Una de las principales vías de captación son las falsas ofertas de empleo que circulan en plataformas digitales. De acuerdo con el informe, las organizaciones aprovechan estos anuncios para contactar a posibles víctimas, entre ellas menores de edad, a quienes buscan incorporar a sus operaciones ilícitas.
Ante este mecanismo, las autoridades mexicanas emprendieron acciones para eliminar cientos de cuentas de redes sociales que difundían oportunidades laborales fraudulentas. El diagnóstico menciona esta iniciativa entre las medidas para combatir el reclutamiento.
Las organizaciones también aprovechan la dependencia de sustancias para imponer obligaciones económicas a sus víctimas. A través de deudas que las personas no pueden solventar, los responsables las obligan a cometer delitos o realizar trabajos contra su voluntad, bajo amenazas y otras medidas de coacción.
En noviembre de 2025, las autoridades mexicanas detuvieron en Chiapas a un presunto dirigente del CJNG durante una operación conjunta, por su posible participación en diversos delitos, entre ellos reclutamiento forzado y trata de personas. El Departamento de Estado incluyó el caso entre las acciones contra estas conductas, pero no proporcionó mayores detalles sobre su situación.
Otra de las actividades que atribuye a la organización criminal corresponde a esquemas de fraude que operan desde centros de llamadas en Jalisco. Según Washington, estas estructuras buscan engañar a propietarios de inmuebles de tiempo compartido en Estados Unidos y Canadá, con la posible participación de trabajadores bajo condiciones de trata.
El informe no precisa cuántas personas enfrentan explotación dentro de esos establecimientos ni el número de centros que forman parte de las operaciones. Tampoco proporciona estadísticas específicas sobre los menores que los cárteles reclutaron para actividades ilícitas durante el periodo de evaluación.
Personas migrantes también enfrentan otras formas de sometimiento a manos de organizaciones delictivas. El documento advierte que los secuestros ocurren cada vez con mayor frecuencia en estados del sur de México, donde los responsables exigen rescates y obligan a sus víctimas a contactar a familiares para solicitar transferencias económicas.
En el caso de los menores bajo custodia policial por presuntos vínculos con pandillas, EU identificó deficiencias en los procedimientos para determinar si cometieron actividades ilícitas por amenazas o coacción. La falta de evaluaciones adecuadas puede provocar que las autoridades sancionen a víctimas de reclutamiento forzado por conductas que realizaron contra su voluntad.
Pese a los señalamientos sobre la captación infantil, el Gobierno mexicano no concluyó el plan nacional 2025-2030 que anunció para prevenir el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. La estrategia permanecía inconclusa al terminar el periodo que examinó el Departamento de Estado.
No se castiga a funcionarios por trata: EU
| Por Elizabeth Hernández |
El Gobierno de México no inició procesos penales ni obtuvo condenas contra funcionarios públicos por su presunta participación en redes de trata de personas durante 2025, a diferencia del año anterior, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En su Informe sobre Trata de Personas 2026, Washington señaló que la corrupción y la complicidad institucional representan obstáculos para investigar y sancionar estos delitos.
Pese a la ausencia de acciones judiciales contra servidores públicos, las autoridades mexicanas reportaron una investigación contra un integrante de las Fuerzas Armadas por su posible participación en actividades de explotación sexual. El documento no proporciona su identidad, grado militar ni información sobre el avance del expediente.
- El Tip: De acuerdo con la información del reporte, el Plan Nacional de Acción contra la Trata concluyó en 2024.
Las instituciones mexicanas tampoco proporcionaron información sobre el estado de los procedimientos que involucran a otros funcionarios bajo sospecha de colaborar con organizaciones de explotación humana. El Departamento de Estado identificó estas omisiones entre las principales deficiencias de la respuesta gubernamental contra la trata.
Durante 2025, México abrió 489 investigaciones por este delito, frente a las 661 del año anterior, una disminución de 172 casos. En contraste, las autoridades iniciaron procesos penales contra 268 sospechosos, en comparación con 162 durante 2024, mientras los tribunales dictaron 124 condenas, frente a las 98 del periodo previo.
Las nuevas acciones judiciales corresponden a 177 acusados por explotación sexual, 37 por trabajos forzosos y 54 por modalidades que el Gobierno no precisó. Las autoridades mantuvieron procedimientos de años anteriores contra 245 presuntos responsables.
Sin embargo, Washington advirtió que las estadísticas oficiales presentan deficiencias de recopilación y que el Gobierno federal no proporcionó información completa sobre sus acciones contra la trata.
Otro de los cuestionamientos corresponde a la capacitación del personal judicial. México no impartió formación sobre trata de personas a los jueces que llegaron a sus cargos tras las elecciones judiciales, mientras policías y funcionarios sin preparación específica enfrentan dificultades para identificar estas conductas.
La evaluación advierte que esas deficiencias provocan que algunos responsables enfrenten acusaciones por delitos distintos, cuyas penas resultan menores. Señala que la coordinación entre autoridades mantiene problemas que afectan las investigaciones.
