Las niñas y adolescentes indígenas enfrentan una triple desigualdad que contrasta con los avances nacionales. Entre 2020 y 2025, la proporción de jóvenes de pueblos originarios que viven casadas o en unión aumentó, al igual que la de quienes ya son madres, mientras ambos indicadores disminuyeron en el conjunto del país. A esta brecha se suma la exclusión escolar, que afecta a uno de cada cuatro menores indígenas de tres a 17 años, el doble del promedio nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La proporción de adolescentes indígenas de 12 a 17 años casadas o que viven en pareja pasó de 7.5 a ocho por ciento, mientras el indicador nacional cayó de 3.7 a 2.2 por ciento. En 2020, la incidencia entre jóvenes de pueblos originarios duplicaba la media mexicana; para 2025 ya la superaba por más del triple.
En tanto, por cada cien mujeres indígenas de 12 a 17 años, poco más de cuatro ya habían tenido al menos un hijo en 2025. La proporción creció de 3.9 a 4.1 por ciento, frente a una reducción de casi un punto en el conjunto del país.
- El dato: la secretaría de las Mujeres desplegó a 279 promotoras en 92 municipios de 29 entidades para combatir el embarazo infantil, la violencia sexual y las uniones tempranas.
Detrás de esa brecha aparecen también las condiciones económicas. Durante 2024, ocho de cada 10 niñas, niños y adolescentes indígenas de tres a 17 años vivían en pobreza. Casi la mitad enfrentaba pobreza extrema, frente a cerca de uno de cada 20 no indígenas.
La exclusión escolar profundiza las desigualdades. En 2025, 368 mil 800 niñas, niños y adolescentes de tres a 17 años no asistían a la escuela, esto es, uno de cada cuatro menores de pueblos originarios, mientras en el conjunto del país eran uno de cada ocho, y esa cifra casi se triplica cuando se trata de mujeres.
Esta brecha tampoco muestra señales de reducción. En 2020, el 23.3 por ciento de los menores indígenas no acudía a clases y cinco años después la proporción alcanzó 24 por ciento. La diferencia frente al promedio nacional supera 12 por ciento.
Para las niñas indígenas que se convierten en madres, el acceso a la atención médica representa otra desventaja. Durante 2024, más de la mitad de ellas carecía de servicios de salud, frente a poco más de un tercio de la población no indígena. Esta diferencia cobra especial importancia ante la necesidad de consultas prenatales, asistencia durante el parto y orientación sobre métodos anticonceptivos.
Datos oficiales muestran que la mayor parte de las menores indígenas embarazadas vivían con una pareja mayor de edad o matrimonios regidos por costumbres de los pueblos originarios, a pesar de las prohibiciones federales. Desde 2019 el Código Civil Federal fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, pero la prohibición no elimina las uniones que pueden persistir fuera del registro civil.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades a proteger a menores frente a uniones tempranas, incluso, cuando tengan carácter informal o consuetudinario. También exige medidas para prevenir embarazos y asegurar atención durante la gestación y el parto, y facilitar su permanencia o el regreso a la escuela.
Ante la persistencia de estas prácticas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) señaló en febrero de 2026 que la desigualdad y la discriminación forman parte del entorno en el que ocurren. Vincularon esas prácticas con la interrupción escolar, el embarazo adolescente y distintas formas de violencia.
Como parte de la respuesta federal, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) ofrece materiales de educación sexual en hñahñu, mazahua, náhuatl, wixárika, maya y chinanteco.