La Fiscalía General de la República (FGR) abrió inicialmente una investigación por ejercicio ilícito del servicio público tras la muerte de dos agentes estadounidenses y dos estatales durante un operativo en Chihuahua. Sin embargo, un informe de inteligencia planteó desde junio la posible configuración del delito de traición a la patria bajo la fracción VI del artículo 123 del Código Penal Federal, mientras que en octubre, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión conforme a la fracción I del mismo ordenamiento.
El expediente judicial, del cual este diario obtuvo una copia, documenta las distintas hipótesis jurídicas que las autoridades federales examinaron durante seis meses hasta conseguir los mandamientos de captura contra el exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno y el extitular de Operaciones Estratégicas Guillermo Arturo Zuany Portillo, por su probable intervención en actos contra la soberanía nacional.
De acuerdo con una nota informativa del fiscal federal en Chihuahua, Victorino Porcayo Domínguez, la primera carpeta de investigación se abrió el 20 de abril contra quien resultara responsable de ejercicio ilícito de servicio público, delito que sanciona a los funcionarios que omiten informar a sus superiores sobre actos capaces de afectar gravemente los intereses de instituciones federales o que no impiden sus consecuencias cuando tienen facultades para hacerlo.
El documento, fechado cuatro días después, llegó a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y al fiscal especializado de Control Regional, David Boone de la Garza. Sin embargo, la investigación incorporó una nueva hipótesis jurídica a principios de junio, cuando el analista coordinador de Inteligencia, Juan Valentín Zavala Ramírez, emitió un informe en el que advirtió que las actuaciones de las autoridades chihuahuenses podrían constituir abuso de autoridad y alterar la paz interior del país, conductas que, a su juicio, podrían configurar el delito de traición a la patria.
La posible intervención extranjera también motivó una denuncia ciudadana el 10 de julio. Doce particulares, entre ellos Alejandra Torres León, Ana Luisa Rojas Carrasco e Ismael Gandarilla Ríos, solicitaron a la FGR investigar la participación de agencias de otros países en tareas de seguridad interna, así como la eventual entrega de información clasificada. Una segunda denuncia, del 26 de agosto, reunió siete firmas, entre ellas las de Torres León, Eva América Mayagoitia Padilla y Manuel Loera de la Rosa. El escrito reiteró la necesidad de investigar los posibles delitos contra la soberanía nacional y solicitó una audiencia inmediata con el funcionario federal Julio César Jaimes Carmona.
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Los dos documentos llegaron a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos mediante un oficio del 2 de septiembre, que incorporó una comunicación ministerial del 31 de agosto. Las denuncias forman parte de los datos de prueba que la FGR presentó ante la jueza, aunque la resolución no establece que hayan motivado una reclasificación formal del delito.
Para el 16 de octubre, la acusación federal tomó como fundamento la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal, que contempla como traición a la patria todos aquellos actos contra la independencia, soberanía o integridad de México con la finalidad de someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero. La jueza Mariana Vieyra Valdés concedió al día siguiente las órdenes de aprehensión contra Jáuregui y Zuany bajo ese supuesto.
