Christian Josué Hermosilla Contreras, socio fundador de Seriplast de México, una de las siete empresas proveedoras electorales investigadas por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, forma parte de la nómina del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que enfrenta una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles anomalías en contratos y conflictos de interés relacionados con proveedores vinculados con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
Desde el 1 de noviembre de 2025, Hermosilla Contreras ocupa el puesto de líder de proyecto de Métodos y Análisis Cuantitativo y Cualitativo, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, con un sueldo bruto mensual de 58 mil 309 pesos.
De acuerdo con el acta constitutiva de Seriplast de México, fechada en septiembre de 2008, Christian Josué Hermosilla Contreras poseía 80 por ciento del capital social, equivalente a 160 de las 200 acciones, valuadas en un millón 600 mil pesos, y fue designado administrador único, con facultades de representación.
PAN denuncia ante la FGR irregularidades en contratos
Los registros de contrataciones electorales lo identifican como representante legal de la compañía en licitaciones de material electoral entre 2012 y 2014. De 2015 a 2017 comenzó a aparecer su hermano, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, como representante de la empresa.
- El Dato: EL OIC del INE abrió 16 investigaciones, 25 indagatorias adicionales en materia de contrataciones y notificó 45 cédulas de observaciones por el tema de los convenios.
Desde el ingreso de Christian Josué Hermosilla al INE no se identificaron contratos de Seriplast con el organismo en los documentos revisados. El procedimiento más reciente localizado corresponde a la licitación LP-INE-067/2020, para adquirir materiales electorales destinados al proceso electoral 2020-2021.
La empresa tiene antecedentes de contrataciones con organismos públicos locales electorales. El objeto social de Seriplast incluye la fabricación y comercialización de productos plásticos, material electoral, papel de seguridad, formatos continuos, artículos promocionales, impresión, diseño gráfico y publicidad, así como asesoría a autoridades electorales.
La firma aparece entre las siete empresas que, de acuerdo con información periodística sobre indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), están bajo investigación por posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y facturación por servicios presuntamente inexistentes.
El grupo empresarial señalado incluye también a Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Las pesquisas buscan establecer si existieron operaciones irregulares entre las compañías y contrataciones públicas.
La ASF anunció el inicio de una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Otros dos casos detectados en la estructura del INE también han sido vinculados con este entramado empresarial. Jonathan Navarrete Torres, contratado en abril de 2025 y adscrito a la Presidencia del organismo, habría figurado como apoderado legal de Corporativo Zeg.
Asimismo, Jesús Octavio García González, quien encabezó la Dirección Ejecutiva de Administración entre septiembre de 2025 y abril de 2026, había representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg ante organismos electorales estatales antes de ocupar el cargo.
PAN denuncia ante la FGR irregularidades en contratos
| Por Elizabeth Hernández |
El PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluyen adjudicaciones directas por más de mil 600 millones de pesos y contratos superiores a 60 millones por materiales que, según la dirigencia panista, nunca llegaron a entregarse.
Jorge Romero, presidente nacional del partido, encabezó la presentación de la querella y exigió investigar a los funcionarios, empresarios y proveedores involucrados en las operaciones. Además, solicitó a la Fiscalía reunir las investigaciones que, aseguró, existen en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE.
El exsenador Roberto Gil Zuarth explicó que la denuncia contempla seis posibles delitos federales, entre ellos uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Sostuvo que las contrataciones bajo sospecha forman parte de una estructura que involucra tanto a servidores públicos como a particulares.
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Señaló que el escrito incluye a funcionarios del INE, integrantes de organismos locales electorales, empresas y personas físicas que presuntamente participaron en los contratos. Dijo que la indagatoria deberá determinar las responsabilidades de quienes autorizaron adjudicaciones, intervinieron en procesos o incumplieron sus obligaciones de vigilancia.
Las operaciones bajo sospecha, de acuerdo con el representante panista, abarcan al menos Sonora, Chihuahua y Oaxaca. Aseguró que existen casos en los cuales los responsables de asignar contratos desde instituciones locales obtuvieron después puestos de dirección en la autoridad nacional, donde otorgaron adjudicaciones de mayor cuantía a los mismos proveedores.
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