El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió que Guadalupe Taddei sea sancionada con prisión, además de las faltas administrativas que correspondan, por las presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
En su posicionamiento durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, el morenista dio un mensaje enfático contra la exconsejera presidenta.
“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel. Deben de fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales… Vamos a abrir un maxiproceso, el país necesita abrir un maxiproceso”, expresó.
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- El Dato: El consejero del INE, Arturo Castillo, señaló el pasado 29 de octubre que la FGR debe mantener abiertas las indagatorias sobre las irregularidades registradas en el instituto.
Asimismo, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación de oficio e intervenir con inmediatez en el aseguramiento de los bienes y cuentas de los grupos empresariales que fueron proveedores del instituto.
Además, reclamó que el anterior titular del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quedaron a deber información más clara porque “la presencia de este cártel, de este sistema de coyotaje electoral, empezó a fraguarse hace muchos años y nadie debe ser su exculpado”.
Otra demanda en el mismo sentido fue planteada por la emecista Iraís Reyes, quien además de responsabilizar a Morena del nombramiento de Taddei al frente del INE en 2023, cuestionó si ya se presentó una denuncia contra la exconsejera y sus cercanos por presunta corrupción.
“No queremos que tengan sólo una sanción con responsabilidad administrativa: que cumplan. Como millones de mexicanos, tienen que cumplir con la justicia y terminar en prisión. Así queremos que tengan consecuencias penales y queremos saber el estatus de esas investigaciones”, dijo.
- El Tip: EL contralor dijo que también se está auditando la administración anterior a la de Guadalupe Taddei.
Al inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda (PVEM), advirtió que la rendición de cuentas no se tratará de una “cacería de brujas”, pero tampoco el simple cumplimiento de trámites.
“No estamos aquí para debilitar al INE: estamos aquí porque queremos un INE fuerte, confiable, pero, sobre todo, que esté por encima de cualquier sospecha… proteger a una institución no significa cerrar los ojos ante posibles irregularidades, por el contrario: las instituciones se fortalecen cuando se revisan, se corrigen y cuando rinden cuentas”, enfatizó.
Durante la reunión, legisladores le exigieron al contralor explicar las fallas y la presunta corrupción que tienen bajo la mira al órgano electoral. El panista Héctor Saúl Téllez cuestionó a Carvente Contreras sobre el avance de las investigaciones por presuntos conflictos de interés, cohecho, peculado y posibles irregularidades en contratos. También preguntó por qué no se ha dado vista al Ministerio Público y a la FGR, y critió su “omisión” ante los excesos en el organismo.
SIMULACIÓN. El titular del OIC del INE expuso ante legisladores una presunta red de colusión y simulación de contrataciones que involucran a cinco empresas para obtener contratos y que, hasta ahora, llevaron a que cinco servidores del órgano ya fueran imputados, hecho que, dijo, se constituye como un problema “histórico y estructural”.
Fijando como reserva que los resultados de las investigaciones son preeliminares y no representan conclusiones definitivas, expuso que entre 2014 y 2025 se encontraron cinco empresas con vínculos entre sí, que comparten representantes legales y socios, que simulan competencia entre sí y que consiguieron llevarse contratos por dos mil 461 millones de pesos por la venta de material electoral en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
Se trata de las empresas Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales y Seriplast de México, que han concentrado 77 por ciento del mercado en los últimos cinco años, representando un monto de mil 883 millones de pesos.
Las cinco tienen entre sus apoderados a Raymundo Francisco Hernández Casillas, que aparece en cinco empresas, mientras que su hermano, José Alfredo Hernández Casillas es representante en dos: Cajas Graf y Seriplast.
Además, al menos 20 Oples han tenido contratos con Cajas Graf; 10 han tenido con Corporativo Zeg; tres han tenido con Comerciadora JVLY; 10 con Formas finas y materiales y Seriplas con un organismo.
Estas empresas formaron un patrón para “legitimar” sus contrataciones, por medio de la presentación de ofertas con precios excesivamente elevados que hacía que la media de los precios de los materiales o servicios se inflara artificialmente. De esta manera desbancaban las ofertas que las empresas ofrecían a un costo menor.
De las empresas “finalistas” en los concursos, una no acreditaba el cumplimiento de los requisitos para cubrir las responsabilidades del contrato por lo que también quedaba descartada y hacía que el último licitante fuera el ganador del contrato.
“Nuestro estudio aún necesita ampliarse, ir más para atrás para identificar cómo es que se ha concentrado este mercado, por eso es importante señalar que esto no es un asunto estrictamente de INE, es un asunto de todos los organismos públicos locales electorales”, dijo.
Sobre los señalamientos de conflicto de interés vinculados con la gestión de la exconsejera presidenta, expuso que ya hay 18 expedientes, de los que 13 se encuentran en investigación y cinco están en procedimiento, en donde ya hay un citatorio para la audiencia inicial de los servidores públicos imputados señalados por temas como actuación bajo conflicto de interés u ocultamiento.
Carvente Contreras subrayó que estos hechos ya los habían identificado antes de que salieran a la luz en medios de comunicación.
Aclaró que el OIC tiene limitaciones en sus facultades, por lo que tras investigar y hallar anomalías, remite el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es quien desahoga pruebas y emite una resolución. Hasta ahora, son cinco personas las que ya fueron imputadas por faltas graves.
Por ahora, el órgano solamente ha inhabilitado y sancionado económicamente a una empresa, Bell-KROM, por no entregar 18 mil 35 chalecos, incumpliendo con ello los límites contractuales.
Además se han dado 25 vistas al área de investigaciones por tipos administrativos como ocultamiento y actuación y o actuación bajo conflicto de interés; desvío de recursos públicos, simulación de cumplimiento de requisitos en contrataciones, abuso de funciones, daño patrimonial y perjuicio a la Hacienda Pública y otras faltas particulares.
Caso INE: casi 9 mmdp para 2 grupos privados
| Por Yulia Bonilla|
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que dos grupos empresariales acumularon contratos con diversas entidades públicas por casi nueve mil millones de pesos (mdp) entre 2014 y 2026, de los cuales cerca de la mitad corresponden a Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
El hallazgo forma parte de la investigación de oficio iniciada a raíz de las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
“A traves de diversos requerimientos de información, estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los origenes de estas conductas desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionada con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”, destacó.
Durante la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández expuso que entre los primeros hallazgos está que dos grupos de empresas acumularon operaciones por ocho mil 870.3 mdp con diversas entidades públicas, de los que tres mil 790.3 mdp fueron con Oples.
Se identificó que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con firmas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 mdp, y otra de estas empresas se encuentra suspendida en el padron de importadores. La averiguación permitió encontrar que estas mismas empresas llevaron a cabo operaciones entre sociedades de los mismos grupos, expuso.
Por ejemplo, la empresa ganadora del contrato subcontra a una de las que participaron en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados; además, se detectaron registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de cinco trabajadores, y en algunos casos, ninguno.
También se indagan las posibles barreras para una competencia desleal, es decir, una manipulación de las mismas empresas para incidir en los precios y condiciones de los servicios por los que eran contratadas. Igualmente se identificaron vínculos entre ambos grupos y servidores públicos.
“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, expuso.
El auditor subrayó que las averiguaciones emprendidas se llevarán a cabo con minuciosidad y con apego al debido proceso: “Quiero ser enfático: estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso. Nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos, preservar las pruebas y promover las acciones legales que correspondan”.
Como mensaje general, subrayó que la ASF actuará conforme a la ley y hará las investigaciones que sean necesarias cuando se cuenten con pruebas de anomalías y sin importar quiénes sean los que incurran en irregularidades, el cargo que ocupen o la institución a la que pertenezcan.
Promete Cruz facilitar la fiscalización de recursos
| Por Tania Gómez |
La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo facilitará las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) sobre el manejo de recursos públicos, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Guadalupe Taddei.
“Estas revisiones deberán esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a los derechos de las personas y sin anticipar conclusiones”, afirmó.
En un videomensaje difundido en redes sociales y dirigido al personal del instituto, sostuvo que la organización electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que deben atenderse simultáneamente, por lo que el INE brindará las facilidades que legalmente correspondan a las autoridades fiscalizadoras.
- El Dato: hasta el momento suman 16 renuncias de funcionarios vinculados con la exconsejera presidenta del INE.
Ante las inquietudes que la transición puede generar entre los trabajadores, la consejera afirmó que el instituto mantendrá sus actividades y fortalecerá la coordinación interna bajo el principio de colegialidad, al señalar que “el INE tiene una gran fortaleza en su personal”, y reconocer el trabajo de las oficinas centrales, las juntas locales y distritales y los módulos de atención ciudadana.
Destacó que las decisiones del Consejo General deberán construirse mediante el diálogo, la deliberación y la responsabilidad compartida, con el propósito de mejorar la coordinación y dar claridad a las determinaciones institucionales.
“Nuestra prioridad operativa es seguir avanzando en el proceso electoral concurrente 2026-2027”, enfatizó Cruz. Añadió que las actividades deberán continuar conforme a los calendarios y procedimientos establecidos, con el rigor técnico que exige la organización de los comicios.
Asimismo, pidió atender las inquietudes del personal con información clara y comunicación institucional oportuna, además de mantener el profesionalismo y la colaboración.
Presidenta afirma que monopolios en contratos exhibidos viene desde 2014
