La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acató una resolución judicial que permite al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acceder a futuras mensualidades de tres pensiones, aunque las restricciones sobre el resto de sus recursos bancarios continuarán vigentes. La Secretaría de Hacienda confirmó este viernes la medida, sin identificar al beneficiario directamente.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a través de su Segunda Sala Regional en Sinaloa, concedió una suspensión provisional que autoriza al promovente a recibir ingresos por cesantía en edad avanzada, jubilación y viudez, debido a que estas prestaciones cuentan con protección legal frente a embargos.
- El Tip: La unidad confirmó el 18 de mayo confirmó el bloqueo preventivo de recursos de personas políticamente expuestas de Sinaloa, incluyendo a Rocha y sus hijos.
De acuerdo con Hacienda, la resolución comprende exclusivamente las pensiones que corresponden al ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Rocha consiguió recuperar el acceso a estos ingresos mediante dos cuentas bancarias. En una recibe los depósitos por viudez y cesantía, mientras que la segunda corresponde a su jubilación como académico de la institución educativa.
Sin embargo, la dependencia federal aclaró que la autorización no representa la eliminación de todas las restricciones financieras contra el exmandatario ni permite disponer de otros fondos ajenos a las prestaciones que reconoce la resolución.
“La medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias”, puntualizó Hacienda, que mantendrá las limitaciones sobre cualquier operación distinta de las que contempla la suspensión provisional.
El caso tiene su origen en las acciones que la UIF emprendió el 18 de mayo de 2026, cuando ordenó la inmovilización preventiva de recursos de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, después de que instituciones bancarias emitieron alertas relacionadas con señalamientos de autoridades estadounidenses. La medida ocurrió semanas después de que el Departamento de Justicia de EU presentó una acusación contra el gobernador con licencia y otros nueve políticos por presuntos delitos de narcotráfico.