Las diferencias entre el PRI y otras bancadas mantienen sin consenso en la Cámara de Diputados la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral y prolongan su aplazamiento.
En entrevista con La Razón, el coordinador priista en la Cámara baja, Rubén Moreira Valdez, exigió una auditoría integral al organismo y la salida de los consejeros a los que les atribuye vínculos con Morena antes de que se concrete el relevo de Guadalupe Taddei Zavala.
Mientras la convocatoria sigue pendiente en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velasco, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar las investigaciones por presuntas irregularidades en las contrataciones del INE y llamar a declarar a la exconsejera presidenta, a los contratistas relacionados con las adjudicaciones bajo revisión y a los funcionarios involucrados.
- El Dato: Alejandro Moreno sostuvo que Morena debe responder por el respaldo que le dio a Guadalupe Taddei, en lo que calificó como la preparación de una elección de Estado.
Moreira sostuvo que las presuntas irregularidades en licitaciones durante la gestión de Taddei han deteriorado la confianza en el Instituto de cara a los próximos comicios. A su juicio, la revisión debe determinar el alcance de las anomalías y deslindar responsabilidades. También pidió un acuerdo nacional para recuperar la credibilidad del organismo y cuestionó el manejo que el Gobierno federal y Morena han dado al caso.
El legislador dijo que los videos difundidos recientemente, en los que, según su interpretación, se observa a personas pactando un delito, ameritan ampliar la revisión. Planteó verificar si pudieron existir irregularidades en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en la fabricación de boletas o en la entrega y recepción de paquetes electorales. Presentó esos escenarios como sospechas que, a su juicio, deben investigarse.
El coordinador priista también cuestionó la propuesta de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, de investigar la elección presidencial de 2006. Consideró que la prioridad en este momento es esclarecer lo ocurrido durante la gestión de Taddei. “Investigar y aclarar nunca es malo; sin embargo, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta del distractor que se monta”, sostuvo.
MIER PIDE A FGR RESULTADOS. A casi un mes de que se hicieron públicos los señalamientos sobre las contrataciones irregulares, Mier dijo que la fiscalía ya debe dar una respuesta. Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra personas y empresas y que el propio INE acudió a las autoridades para pedir que se esclarezcan los hechos. Sostuvo que las investigaciones deben avanzar con independencia del rango o cargo que hayan ocupado las personas señaladas.
Al ser cuestionado sobre si los involucrados deben comparecer, el también coordinador de Morena en el Senado respondió: “Sí, exactamente. Y los citados tienen que comparecer conforme a las dos denuncias presentadas”.
Mier pidió que la investigación avance con prontitud para evitar que el caso distraiga al Instituto de la organización de los próximos comicios. Citó el balance de la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz, según el cual ya se cumplieron casi 80 de las poco más de 90 actividades programadas rumbo a la jornada electoral. El resto está en proceso.
“Hay que poner atención en que la operación continúa”, dijo el senador. Entre las tareas que pidió mantener como prioridad mencionó la logística electoral, la capacitación y la participación de aproximadamente un millón de ciudadanos en la organización de los comicios de 2027.
Jacobo niega conocer a proveedores
Elizabeth Hernández
El exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, negó conocer a los empresarios vinculados con el presunto duopolio de proveedores electorales señalado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que, durante su gestión, sólo logró identificar tres contratos con esas empresas, por un total de 550 mil pesos, otorgados en concursos y licitaciones públicas.
En conferencia de prensa, el exfuncionario explicó que obtuvo esos datos tras consultar a antiguos colaboradores del organismo electoral, pues ya no cuenta directamente con los expedientes. Sin embargo, sostuvo que la documentación es pública y cualquier autoridad puede revisar las adjudicaciones para esclarecer posibles irregularidades.
“Uno por 40 mil pesos, otro por 60 mil pesos y otro de 450 mil pesos que ganaron en concursos y licitaciones públicas. Son los únicos que tenemos identificados”, precisó, aunque aclaró que esa información provino del intercambio con sus colegas y no de una revisión exhaustiva de los registros institucionales.
Ante las preguntas sobre su responsabilidad como representante jurídico del INE, Molina rechazó cualquier relación personal con los contratistas al explicar que los procedimientos internos impedían que los funcionarios de mayor jerarquía intervinieran en las adquisiciones.
Según su versión, el modelo administrativo que operaba durante su periodo establecía reglas para que comités especializados resolvieran las adjudicaciones, sin contacto entre empresarios y altos mandos. Acusó a Morena y a la gestión de Guadalupe Taddei de desmantelar esos mecanismos de control.
Defendió que el Consejo General vuelva a intervenir de manera colegiada en la designación de los principales cargos del organismo, como ocurría en su gestión, cuando los nombramientos requerían acuerdos entre los consejeros.

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