Acusa INE chantaje presupuestal por plan de austeridad que propone la 4T

El Gobierno federal rechazó entregar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para que lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, pues argumentó que están comprometidos con los programas sociales, y pidió además, de manera respetuosa, hacer un ejercicio de austeridad para generar ahorros por dos mil 972 millones de pesos (mdp).

En la conferencia de prensa encabezada por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, la administración de la 4T propuso reducciones en sueldos y otras prestaciones, como bonos, por 718.8 mdp, más gastos de operación por mil 384.5 mdp y los fideicomisos por 868.7 mdp.

El ejercicio de austeridad, elaborado por funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) contiene varias de las propuestas que dirigentes y legisladores de Morena han presentado en el Congreso de la Unión y el propio INE.

En su intervención, el subsecretario de Egresos de la SHCP, Juan Pablo de Botton, planteó aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo con los criterios de la Ley de Austeridad.

“En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 mdp. Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo”, indicó.

Destacó que la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para servidores públicos de mando y enlace de las dependencias y sus equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 mdp, además de que la cancelación de los bonos por elecciones representaría otro ahorro de 150 mdp.

“La cancelación del seguro de gastos médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el Gobierno federal, representarían otros 131.6 millones de pesos y 306.9 millones, respectivamente, que serían liberados”, enfatizó.

Botton Falcón consideró que con el descuento de 830 mdp adicionales al presupuesto normal y aplicando las medidas de austeridad de racionalidad, en “el ejercicio a considerar se pueden obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 mdp, que serían equivalentes a 15 por ciento del gasto operativo remanente”.

“Es decir, digamos, ya en su conjunto, entre los 830 mdp adicionales al presupuesto normal y los 554.5 mdp por austeridad, se tendría una disponibilidad de mil 384.5 mdp”, destacó.

El funcionario de Hacienda puso como ejemplo que en el Gobierno de la 4T, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, hubo ahorros anuales por alrededor de ocho mil 155.9 mdp, y ahorros totales, si consideramos el presupuesto, partiendo del 2019 e incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32 mil 623.9 mdp.

“Son medidas que el Ejecutivo federal ha tomado desde el inicio de la administración y que han presentado estos ahorros que se mencionan”, indicó.

En tanto, la Oficial Mayor de la SHCP, Thalía Lagunes, recordó que el INE cuenta con dos fideicomisos públicos con un saldo de 868.7 mdp que podrían ser canalizados a la consulta de revocación y con lo que se lograría la suma que plantea el proyecto.

“Con la disponibilidad total en sueldos y salarios, tendríamos un gran total de 719 mdp; en gasto de operación, mil 384 mdp; en los fideicomisos que acabamos de comentar, 869 mdp, dando un esfuerzo de dos mil 972 mdp”, agregó.

Adán Augusto López sostuvo que con el plan realizado por la SFP y Hacienda se detectó que no hay posibilidad de entregar más recursos, ya que el presupuesto público está comprometido con los programas sociales.

“Lo que este grupo de trabajo ha venido analizando concluye que no hay margen del Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo”, subrayó.

El titular de Segob precisó el Plan de Austeridad, es un ejercicio de ahorros que le plantean al INE para obtener la una disponibilidad de recursos estimada de dos mil 792 mdp.

“Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo federal han permitido liberar este tipo de fondos, y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en el 2019”, precisó.

El funcionario destacó que el objetivo es que el órgano electoral revise la propuesta presupuestaria para que se puedan tomar medidas de austeridad y garantizar la totalidad del ejercicio de revocación del mandato, pero aclaró que será decisión del Instituto de adoptar o no las medidas.

“De tal manera que esto que es una respetuosa sugerencia, es una invitación al INE a que lo revise y, en todo caso, pudiese adoptar las medidas de austeridad; sin embargo, nosotros vamos a esperar a la Secretaría de Hacienda a que, de manera formal, le llegue alguna notificación si es que el INE decide hacerlo”, indicó el secretario.

En su oportunidad, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, sostuvo que el trabajo que se realizó en conjunto con la SHCP se basó en un análisis metodológico, sin ninguna vinculación.

“Si se adopta como una política de Estado ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares”, indicó.

Córdova acusa de chantajista a Gobierno

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que el Gobierno federal busca ganar con chantaje presupuestario lo que no puede en tribunales, porque lo que está en juego es doblegar al árbitro con el pretexto de la revocación de mandato.

“Si se quiere que la revocación se haga conforme a la ley, hay que esperar lo que diga la Secretaría de Hacienda. Ya queda claro lo que está detrás, lo que pretende es utilizar la revocación de mandato para ganar lo que no está ganando en tribunales, sistemáticamente el INE ha triunfado en tribunales. Lo que está en juego es doblegar al INE, no quiere revocación de mandato, lo que desean es ganar con el chantaje presupuestario lo que ha perdido”, explicó.

Durante una Webinar, adelantó que lo más probable es que se realice la consulta popular, ya que hay 80 por ciento de firmas validadas, mientras que lograron reducir el costo de tres mil 800 a dos mil 300 millones, aunque faltan mil 700 millones de pesos que ya solicitaron: “va a haber revocación de mandato, pero el tamaño va a depender de lo que tengamos de dinero. Nadie podrá acusar a los consejeros de no cumplir la ley”.

Detalló que quien descubrió la forma para abaratar los costos del órgano autónomo, desconoce cómo funciona: “acaban de descubrir cómo abaratar los costos del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo, ni seriedad. Quien hace estas propuestas desconoce cómo funciona el INE, porque se dice estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto, pero en el INE no hay sindicatos”.

Señaló que quieren colocar al órgano electoral como antagonista de un partido político, lo que negó, además que lo que realiza la autoridad no es sólo una descalificación en términos de narrativa, sino un ataque en múltiples planos.

En este contexto, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los acusa de conspirar contra la democracia, mientras que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, utiliza el brazo penal del Estado para pedir cárcel a los consejeros.

“El brazo penal no se detiene hasta que la Fiscalía General de la República cierra las carpetas, pero no hay ningún indicio de que ya no haya investigación en contra, porque siguen abiertas”, aseveró.

A pesar de ello, aclaró que el INE goza una credibilidad inédita a pesar de los ataques, ya que es de las instituciones con más confianza; además, detalló que la descalificación y la insuficiencia presupuestaria son parte de la realidad que vive México.

Por separado, la consejera Claudia Zavala aseguró que si no se va a dar más dinero para realizar la revocación de mandato del que se tiene, se está dejando un precedente “muy peligroso. Se está cayendo en la posibilidad de que en adelante con cualquier justificación puedas hacer ejercicios democráticos sin ese rigor legal y sin esas garantías que están establecidas desde la Constitución y desde la ley”.

En entrevista radiofónica, explicó que no se trata de lo que quiere el INE, sino de las condiciones que marca la ley en que se tiene que realizar este ejercicio.

Consejeros rechazan “austericidio” planteado

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la propuesta realizada por el gobierno federal como un “Ejercicio de Austeridad” para su presupuesto, pues señalaron que forma parte de un discurso demagógico, que contraviene la ley y que puede llevar a un “austericidio”.

Aunque el órgano electoral dijo que, en el marco de su autonomía, valorará el contenido del documento presentado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sus integrantes ratificaron lo que en los últimos meses le han repetido a la representación de Morena ante el Consejo General respecto a que no son viables varios planteamientos.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, lamentó la falsedad del discurso del gobierno federal: “hay una gran falsedad en todo este discurso (...). El representante de Morena (Mario Llergo) decía: ‘bájense el sueldo y quiten los seguros’, señor, eso no se puede porque estaríamos violando una resolución de la SCJN y del TEPJF, así que hoy que no nos vengan con el cuento de que el INE es el que puede y no quiere hacer la revocación de mandato”.

En el mismo sentido se expresó el consejero Ciro Murayama, quien a través de sus redes sociales realizó una transmisión desde un módulo de atención ciudadana y explicó que precisamente esos son los espacios que arrienda el instituto y que el gobierno plantea.

“Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos, ¿qué es lo que renta el INE? Casi 800 locales como este módulo para que la gente tramite su credencial para votar. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos, hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto, hay equipos para tomar tus huellas y que nadie falsifique tu credencial. La austeridad malentendida puede devenir en austericidios”, subrayó.

El consejero Jaime Rivera recordó que, por ley, los fideicomisos del INE (del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para mejoramiento de Módulos), que propone el Gobierno federal que pueden ser fuente de recursos extra, no se pueden tocar para destinarlos a otros fines.

Entrega a SHCP solicitud para más recursos

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la solicitud por mil 738.94 millones de pesos como recursos adicionales para completar el presupuesto requerido para la organización de la revocación de mandato.

El Consejo General avaló este miércoles los ajustes presupuestales realizados por el órgano electoral para sumar más fondos para la realización de este ejercicio y determinó que se requiere dicho monto extra.

Por ello, durante la sesión de la Junta General Ejecutiva (JGE), el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, informó que este jueves por la mañana de inmediato se hizo llegar la petición del presupuesto al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Apuntó que con independencia de la respuesta de la SHCP –la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó fundamentarla–, el INE cumplirá con su organización.

“En cualquier caso que sea la respuesta de la Secretaría, sea negando la ampliación, sea otorgándola, o bien, haciendo una ampliación parcial de los recursos que se le han solicitado, este órgano va a tener que reconocer y aprobar puntos de acuerdo para hacer efectiva la revocación, ya sea ampliando la presupuestación de algunas de las actividades, probablemente a costa de seguir cancelando proyectos o reduciendo el alcance de algunos”, expuso.

Gabriel Medonza, director del Jurídico del órgano electoral, aseveró que están ante una crisis institucional y constitucional en la que la realidad es que la responsabilidad tuvo su origen en la negativa, carente de fundamentación, de la Cámara de Diputados a aprobar los recursos que se le solicitaron. 

“Se solicita atentamente que la respuesta que brinde al presente oficio sea remitida a este Instituto a más tardar el 31 de enero del año en curso, a fin de tener certeza sobre los recursos con los que se operará la continuación de la revocación de mandato”, se establece en el documento que detalla todo el historia de los ajustes presupuestales.