Caso Iguala: Buitrago ve retraso por abuso de amparos

El sistema de justicia en México abusa de los amparos, lo que alenta los procesos, “torpedea” la investigación y genera impunidad, advirtió Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En entrevista con La Razón y al ser cuestionada respecto a los amparos que ha ganado el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, para evitar ser aprehendido por su probable responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre en 2014, explicó que es un problema estructural de mecanismos que se contraponen en una administración de justicia, ya que un juez es el encargado de otorgar una orden de aprehensión, y otro concede el recurso legal para evitarlo.

“Cuando nosotros hablamos de un sistema procesal acusatorio que tienes que ir ante un juez de control de garantías que es constitucional, no podría haber una decisión de otro juez, para eso están los recursos. Si estos no se interponen, el amparo no tendría cabida. Desde mi punto de vista están abusando de esa figura”, sostuvo.

La exfiscal de Colombia detalló que el exceso de amparos en México es un problema estructural, que no sólo genera lentitud en el proceso, sino que en muchas ocasiones es utilizado de manera indebida para evitar la acción de la justicia; por ello, aseguró que la figura legal se utiliza para “torpedear el mismo sistema”, lo que no solo lleva a la violación del plazo razonable, sino a la lentitud y la impunidad.

Además, dijo que en México no se ha reflexionado lo suficiente en un cambio de sistema, porque aseguró que el recurso legal está justificado cuando un fiscal toma la decisión de detener “porque sí”, pero cuando es uno de control no tiene sentido que la misma justicia pueda concederlo.

“Por lo tanto mediante amparo no se puede tomar una decisión de esa naturaleza; sin embargo, prosperan. Yo pienso que, entre otras cosas, ni siquiera procede en un tema acusatorio, ya que es un tema meramente procesal”, destacó.

En el caso de la inminente llegada de los expedientes desde Estados Unidos sobre la noche del 26 y 27 de septiembre que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, dijo que es un tema que hay que mirarlo y analizarlo, ya que es un elemento más en la investigación. “Es un elemento más que va a abonar en los análisis. Desde 2016 se solicitó el traslado de la investigación en nuestro informe. Habría que preguntarles por qué se tardaron. El objetivo es que llegue y se revise para conocer sus elementos”, detalló.

Buitrago añadió que los padres desean que el proceso judicial camine más rápido, pero aseguró que hay imponderables, porque los mismos juzgados se tardan hasta seis o siete meses en recibir una denuncia, además de que se pelean la competencia por la falta de claridad en la ley y eso hace que las cosas sean muy tardadas.

“Ningún país en el mundo genera un sistema rápido, pero hay cosas que deberían ser muy claras y todavía no lo están, dependiendo del municipio o estado donde se muevan. Si hablo de Acapulco es una cosa, si hablo de Tamaulipas es otra y en Iguala es otra, eso genera una contradicción interna que lleva más lentos los procesos”, aseveró.

Finalmente, la integrante del GIEI precisó que los padres están en todo su derecho de recorrer las calles de Iguala, ya que por su desesperación buscan información de cualquier tipo para que se llegue a conocer y descubrir el paradero de sus hijos. Lo anterior porque los padres acudieron de 19 al 23 de mayo a las calles del municipio a recopilar información o posibles nuevos testimonios.