Acusan abogados a Nestora por detenciones de menores y abusos a mujeres

Acusan abogados a Nestora por detenciones de menores y abusos a mujeres
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Miembros del Consejo Nacional de la Abogacía (Conabogacía) se pronunciaron en contra de las conductas delictivas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que encabezaba Nestora Salgado, donde existen probables violaciones a víctimas del sistema de justicia indígena, en detenciones ilegales y arbitrarias de menores de edad y mujeres que fueron abusadas sexualmente.

[caption id="attachment_743869" align="aligncenter" width="770"] Conferencia del Consejo Nacional de la Abogacía (Foto: Quadratín)[/caption]

Basados en principios éticos y de valores de la abogacía, y a favor de la ley y la justicia, pusieron sobre la mesa para conocimiento de la sociedad formas de maltrato, abuso y trato cruel e inhumano consistente en golpes, aislamiento, amenazas de muerte y falta de alimentos por parte de quienes se atribuyeron la función de policías comunitarios.

Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, presidente del Conabogacía rechazó que se esté politizando el caso y aseguró que el consejo no se inclina por ningún candidato presidencial ni otro interés, más bien la ética y el Estado de derecho tiene que prevalecer.

El también aspirante a la Fiscalía Anticorrupción señaló que no se posicionan en la parte de llamados a autoridades electorales, ni se quieren meter en la política, simplemente dan a conocer las consecuencias que puede tener que Nestora Salgado llegue al Senado con procesos penales abiertos en su contra.

El ex Fiscal General del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, en su carácter de consejero de Conabogacía, reiteró que en su momento promovió los recursos de apelación correspondientes tras las sentencias de carácter absolutorio, de las que a la fecha conoce el Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Los tres expedientes que pesan en contra Nestora Salgado, registrados con los números I-566/2016, XI-712/2016 y XI-713 /2016 del índice de la Primera Sala Penal de Chilpancingo por los delitos de secuestro, homicidio y homicidio en grado de tentativa.

[caption id="attachment_743866" align="aligncenter" width="696"] Policía Comunitaria de Olinalá (Foto: Cuartoscuro)[/caption]

“Sí a un debido proceso, sí una justicia pero no al amparo de un fuero que garantice impunidad. Postular a una persona que está sujeta a proceso penal a una senaduría plurinominal significa protección y dejar a las víctimas a su derecho más elemental”, señaló el presidente del Conabogacía.

En un pronunciamiento enérgico, manifestaron su rechazo al fuero, pues los políticos utilizan esta figura jurídica para proteger a personas que están sujetas a un proceso penal. En la mayoría de los casos denunciados ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero, según Iñaki Blanco, no existen delitos imputables a las personas que fueron sujetas a reeducación por Nestora, y a la fecha no se conocen denuncias o querellas ni víctimas de actos imputados por la Policía Comunitaria liderada por Salgado García.

Indicó que en el momento que el Ministerio Público contó con elementos necesarios para hacer valer el ejercicio de la acción penal consignó a Nestora y a otros y obtuvo distintas órdenes de aprehensión.

“A la fecha no podemos hablar de cosa juzgada, no podemos hablar de sentencia firme ejecutariada dado que se están ventilando distintas apelaciones en el Tribunal de Justicia del estado de Guerrero”, enfatizó el ex Fiscal.

[caption id="attachment_743870" align="aligncenter" width="696"] Iñaki Blanco (Foto: Quadratín)[/caption]

Reiteró que en todos y cada uno de los casos que fueron sujetos a reeducación no hubo denuncia o querella que precediera a esas detenciones, son arbitrarias. En el reglamento  interno de la CRAC no se cuenta con expedientes en los que se señale sobre los que se sustentó la imposición de una privación ilegal de la libertad.

Conabogacía aclaró que no están sentenciando culpabilidad o no e insistió que tiene que prevalecer la ética y la honestidad en la política, es decir, rechazan que una persona sea candidata a una senaduría cuando hay procesos penales abiertos en su contra.

“Esto significa corrupción e impunidad y queremos un alto, por eso levantamos la voz como abogados lo decimos firmes y claramente: ya estuvo bien de proteger conductas que a la luz de los hechos parecen irregulares”, sentenció García Villalobos.

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