Flujos migratorios al alza y política de contención golpean arcas municipales

El aumento en el flujo migratorio observado durante los últimos meses en México y los planes oficiales de contención han hecho que el paso de personas indocumentadas se convierta en una constante tensión en las finanzas de los municipios para poder brindarles atención.

Entre enero y abril del 2022, se tenían contabilizadas 108 mil 791 personas extranjeras no documentadas en el país, de las cuales 87 mil 978, el 80.8 por ciento, se concentran en ocho entidades federativas, consignan los registros de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El estado con mayor afluencia es Chiapas, con 32 mil 268 personas no documentadas, seguido de Baja California, con 12 mil 453; Veracruz, nueve mil 851, y Coahuila, con nueve mil 161.

En días recientes, una nueva caravana llegó al municipio de Monclova, Coahuila, y para hacer frente a los gastos que implica su presencia, el alcalde Mario Alberto Dávila Delgado afirmó a La Razón haber modificado el presupuesto asignado a otras áreas como seguridad, salud, protección civil y al DIF municipal, para cubrir alimentos, agua, atención médica y ropa.

Uno de los factores que ha tomado por sorpresa a las finanzas y la capacidad del municipio, refirió, es que el número de migrantes aumenta, pues al inicio del año, recibían caravanas de 100 personas y ahora son de 500 o más.

“El tema compete a todos los niveles de gobierno, pero sí se debería considerar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, porque sí va a desequilibrar a la célula más próxima al ciudadano, que es el municipio. Que lo maneje la Federación o los municipios, pero que fuera (recurso) etiquetado directamente al gasto de migrantes”, pidió.

En la lista de entidades con más afluencia se encuentra Tamaulipas, con cinco mil 171 personas en el primer cuatrimestre, que aguardan entre sus calles para poder cruzar hacia Estados Unidos.

No obstante, las cifras reales podrían ser mucho mayores a la oficial, pues tan sólo en el municipio de Reynosa se estima que hay cerca de ocho mil, principalmente mujeres y niños, “y ya no podemos recibir más”, afirmó Marcelo Olán, director de la Contraloría Social Municipal. 

El panorama al que se enfrentan los migrantes es “inhumano”, dijo, pues sostuvo que cada día llegan decenas de familias engañadas por criminales, que los dejan sin recursos a cambio de la falsa promesa de llegar al otro lado de la frontera.

A la deriva y sin dinero, la integridad de los indocumentados pende de dos hilos: las autoridades y la sociedad que quiera ayudarles; sin embargo, ambas carecen de recursos suficientes para atender las necesidades de estas personas, señaló a La Razón.

Relató que, por más esfuerzos que se hagan, cualquier ayuda parece menor, pues “llegamos con los grupos (de migrantes) para ofrecerles comida, pero se acercan más y más, y son pocos los que alcanzan”.

La problemática se resume, sintetizó, a que la mayoría no ha podido conseguir un sitio para estar y eso los expone a situaciones vulnerables, pues no hay recursos para darles asilo, comida, ni la demás atención que requieren.

Aunado a lo anterior, la ausencia de voluntad política por ayudar ha llevado a que las personas en condiciones de movilidad se concentren en ciertas regiones, como Tapachula, Chiapas, como parte del “compromiso” del Gobierno mexicano con EU para contener este fenómeno, aseguró Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras.

El activista señaló que las estaciones migratorias, donde los indocumentados solicitan refugio, se han convertido en “cárceles” donde las personas padecen tratos “inhumanos” que se encuentran detrás de las “buenas intenciones” que las autoridades afirman tener.

Además, denunció que instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han dejado de visitar estos centros, por lo que ya no se verifican las condiciones en las que mantienen a los migrantes, “no tienen ni la forma ni los recursos ni el número de gente para un problema tan grande y tan complejo”.

Ayuntamientos, en riesgo de “reventar” socialmente

Legisladores federales y locales dijeron que en el presupuesto de este año, el Gobierno federal debe considerar un refuerzo para los municipios afectados por la presencia masiva de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, para evitar que “revienten” social y financieramente.

Integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso, consultados por separado, observaron que los estados fronterizos son los más afectados, pero no son los únicos, porque en su trayecto las caravanas atraviesan muchas regiones, como Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Colima, Tlaxcala y Puebla.

Consultados por separado, dijeron que los flujos migratorios tienen diferentes registros. De acuerdo con el cruce de datos con las autoridades de Estados Unidos, señalaron que, con caravanas de miles de migrantes que ingresan al país, los municipios fronterizos albergan hasta 15 mil personas o más por largas temporadas.

“Esto implica costos en diferentes rubros, que van desde comida y la necesidad de instalar albergues, hasta contemplar la atención sanitaria y, en un paquete independiente, los recursos para el DIF, que atiende a los menores. Es muy difícil cuantificar lo que requiere cada municipio, pero precisamente se debe hacer un análisis independiente de las necesidades de cada estado y municipio”, dijo Eugenia Calderón, diputada local de Coahuila.

Rosa María González, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro, expuso que los municipios carecen de capacidad para atender los requerimientos necesarios de los migrantes, lo que los ha llevado a una situación crítica.

Mencionó que si tan sólo en este año EU reporta 239 mil detenciones, en algún momento se movilizó el mismo número de personas por territorio mexicano.

Noé Castañón, senador de Movimiento Ciudadano, observó que circunstancias similares a las que atraviesan municipios como Monterrey, con crisis por la falta de agua y por el paso de migrantes, podrían reventar no sólo las finanzas, sino todo el ambiente social. Por ello, se deben buscar mecanismos para asignar los recursos necesarios para los municipios.