Entre choques, INE avala plan para cubrir plazas vacías

Con una ríspida confrontación entre consejeros de por medio, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló ayer el plan de medidas excepcionales con las que pretende cubrir las 818 plazas vacías de supervisores y capacitadores electorales a 11 días de la elección, a causa de los bajos salarios que ofreció y condiciones de inseguridad en el país.

Hasta el martes pasado se tenían 49 vacantes para supervisores y 769 para capacitadores; para ocuparlas, el INE ha emitido mil 311 convocatorias, lo que representa un “hecho inédito y da muestra cabal de la dificultad que hemos tenido para reunir las vacantes suficientes”, dijo el consejero Martín Faz, debido a que en los dos procesos electorales pasados el número máximo de convocatorias fue de 750.

A pesar de esto, aseguró que no hay riesgo para la elección, pues la cobertura de capacitación está al 99.4 y 98.2 por ciento respectivamente, además de que se trata de casos focalizados sólo en algunas zonas del país.

Las consejerías coincidieron en que para este año no se contó con las condiciones presupuestales suficientes para tener salarios competitivos que respondieran a la exigencia en los puestos hoy vacíos, pues además esto se empalmó con el levantamiento del Inegi, que también recluta a ciudadanos y les ofrece un mejor sueldo y prestaciones.

No obstante, la consejera Dania Ravel sumó la inseguridad en México como otro factor ante el cual la ciudadanía optó por no participar.

“Otro factor que ha influido a que tengamos renuncias de CAE y supervisores electorales y, por lo tanto, tenga que haber sustituciones y haya vacancias, es el tema de la inseguridad. Hay lugares en donde hacer trabajo de campo puede llegar a ser complicado y también con estas condiciones, en una ponderación, la ciudadanía que se está inscribiendo para ser CAE o supervisor electoral, pues deciden mejor no participar”, djio Ravel Cuevas.

Sobre el tema salarial, el consejero Uuc-kib Espadas acusó que el INE fue “embestido” por una “visión autoritaria” desde 2022; sin embargo, culpó al propio instituto de la no contratación de casi dos mil aspirantes a estos cargos, derivado de un acuerdo, que calificó como desaseado, que aprobó el Consejo General para excluir a personas que fueron identificadas como afiliados en partidos políticos.

“La paranoia de una invasión que nunca existió, llevó a bloquear la contratación de muchas personas dispuestas a realizar este trabajo. Estamos hablando aquí de que este es un proceso que ha sido herido desde dentro y desde fuera”, aseveró.

Su reclamo fue criticado por las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey, quienes lo instaron a revisar la ley que ordena garantizar que los procesos sean totalmente ciudadanos y que no se involucren con los partidos políticos.

“Quien diga que estamos en una, que nos auto infringimos una herida me parece que desconoce el Código Electoral. No fue un acuerdo caprichoso, estamos cumpliendo con la ley. Estamos obligadas y obligados a cumplir claramente con lo que dice la ley y eso es lo que señala, que no pueden ser militantes”, puntualizó Humphrey Jordan.

El consejero electoral Jaime Rivera señaló a Espadas haber ido “muy lejos” con tal acusación a la que consideró una “falsedad normativa, económica y un disparate aritmético”. Más adelante en el debate, dijo que no comentaría más sobre los “improperios” de quien “parece no asumir su papel de consejero electoral con sus dichos ni con su escaso trabajo”.

“Los aspirantes a Capacitador Asistente Electoral que fueron y que tuvieron impedimento por su afiliación partidaria, fueron apenas el 1.5 por ciento del total de aspirantes. Entonces hablar de un daño autoinfligido por el Instituto Nacional Electoral, por un acuerdo que no le gustó, es por lo menos desproporcionado, para no hablar mucho de la responsabilidad”, detalló.

La consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, recalcó que no se está ante una crisis que no tenga solución, pero será más adelante cuando se deba analizar la situación.

“No estamos ante una crisis que no tenga solución, ni siquiera habría que llamarle crisis, claro que en tiempos venideros, poselectorales el Instituto habrá de realizar los análisis correspondientes, pero en este momento lo que nos ocupa es que este proyecto pueda someterse a consideración para que en las horas siguientes pueda ser bajado a la estructura estatal y sea puesto en operación”, dijo.

El acuerdo avalado por unanimidad consta de cuatro alternativas para ocupar las vacantes con supervisores o capacitadores locales, por medio de la lista de reserva y la contratación de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como personas que trabajan en módulos de atención ciudadana, auxiliares, entre otros.

Su aprobación se dio a pesar de que los representantes del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Plural, Víctor Hugo Sondón y Emilio Álvarez Icaza, respectivamente, solicitaron dar más tiempo para analizar la propuesta, petición que no prosperó.