Crece presión penitenciaria; ven desatención

A nivel nacional se acrecentó la presión para el sistema penitenciario, debido al incremento, cada vez mayor, de personas privadas de la libertad (PPL).

En la actual administración se ha registrado un aumento de 14 por ciento en la cantidad de PPL, al pasar de 197 mil 988 en diciembre del 2018 a 225 mil 843 en marzo de este año, que representa un ascenso de 27 mil 855 internos, de acuerdo con cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del Gobierno Federal.

El 16 de mayo, La Razón dio a conocer que, hasta enero del año en curso, se contabilizaron 93 mil 188 PPL en prisión preventiva oficiosa, sin sentencia, cifra que refleja 41.7 por ciento de la población penitenciaria del país.

En el periodo del 2018 al cierre de 2021, a nivel nacional, el número de incidencias que se registraron dentro de los centros aumentaron 15 por ciento, ya que en el 2018 se documentó un total de dos mil 24 y en el 2021 se asentaron en actas dos mil 336 episodios que son ajenos a condiciones normales.

Las incidencias comprenden episodios de: motines, homicidios, suicidios, huelgas de hambre, agresiones a terceros, y violaciones, entre otras.

Los internos involucrados en estos hechos se incrementaron 75.8 por ciento durante el mismo periodo, ya que participaron tres mil 704, y para el 2021 fueron seis mil 513 los implicados.

Los incidentes estatales de más impacto al interior de las cárceles en el 2021 fueron: huelga de hambre, con un incidente y 700 involucrados; riñas, con 188 incidentes y 616 involucrados; decesos, con 746 (sin precisar el concepto).

También estuvieron las agresiones a terceros, con 362 incidentes y 565 involucrados; motines, cinco con mil 83 implicados, y suicidio, con 26, entre otros.

Al cierre del año 2021, entre los penales estatales con mayor número de involucrados en las incidencias se encuentran: de Baja California, con mil 188; Zacatecas, 801, y Sonora, con 444.

Juan Alfredo Ornelas, exdirector del Reclusorio Norte, y Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), coincidieron en que no se han tomado medidas para bajar las incidencias en los penales.

El también catedrático manifestó que un ejemplo a nivel nacional es la carencia de médicos psiquiatras para atender los casos de depresión.

“Es un asunto natural la depresión, pero no deberían de presentarse los suicidios; se tendría que tener personal interdisciplinario para cuidar este tipo de sucesos. No hay psiquiatras y los psicólogos no tienen capacidad para atender de manera farmacológica a las personas que sufren depresión”, refirió Ornelas.

El exdirector del Reclusorio Norte comentó que no hay un programa carcelario o de asistencia penitenciaria que atienda el problema en el país. “El asunto de las cárceles siempre es un tema secundario para las autoridades”, dijo.

Respecto a las agresiones a terceros, señaló que significa que no son entre los propios internos; generalmente agreden a visitas, como es el caso de funcionarios.

Enfatizó que no se ha realizado ninguna medida para reducir las incidencias en la población penitenciaria.

“Las autoridades penitenciarias simplemente contienen esas violencias, pero no toman medidas para atacar la raíz de ese problema, que es la disminución de buenas condiciones debido al incremento de la población… No incrementan los recursos, no mejoran la atención y eso causa que los conflictos se manifiestan en agresiones y autolesiones”, expuso.

Abundó que se requiere surtir medicinas, mejorar la calidad de los alimentos, así como las instalaciones, para que la gente no viva hacinada.

La investigadora destacó que esas son las medidas que tendrían que tomar para disminuir las incidencias, que son conflictos que están expresando el deterioro de las condiciones de vida que ocasiona el incremento de la población, advirtió.

“¿Cuándo hemos visto que esté en reparación un reclusorio, ampliando para recibir nueva población, que les brinden atención médica? Entonces, esas incidencias solamente se ocupan en reportarlas… Hay un deterioro constante en la vida de los internos”, denunció.

José Luis Gutiérrez, director general de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), estimó a La Razón que el contexto del Covid generó este aumento en la población penitenciaria, lo cual desarrolla problemáticas graves porque conlleva a temas de hacinamiento.

Explicó que el aumento de internos es resultado de que detuvieron a un mayor número de personas por el tema criminal, pero también por lo lento de los procesos, ya que el contexto de la pandemia paralizó los sistemas de administración de la justicia.

Gutiérrez expuso que muchos juicios no avanzaron y actualmente padecen un rezago fuerte en el sistema de justicia.