Difunden expediente de Casar; ella niega acusación

La Presidencia difundió ayer expedientes que contienen datos personales sin testar de la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, luego de que por la mañana fue acusada de cobrar ilegalmente la pensión de su esposo exfuncionario de Pemex, Carlos Fernando Márquez Padilla.

La publicación se compone de 372 páginas que agrupan expedientes que contienen copias de credenciales de elector de los involucrados, actas de nacimiento, incluso el acta de defunción de Márquez Padilla y un reporte en el que se asegura que de 2004 a la fecha se ha entregado más de 31 millones de pesos a la viuda y sus dos hijos.

En la mañanera, el director de Pemex, Octavio Romero, afirmó que la muerte del exfuncionario fue por suicidio y no accidente de trabajo, conclusión que habría derivado de una presunta manipulación del caso de la que responsabilizó a Amparo Casar, motivo por el que dijo que se intentará recuperar el dinero otorgado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Casar aseguró que lo que se dijo sobre ella son mentiras y negó haberse reunido con el entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, para pedirle un documento a modo sobre la muerte de su esposo, como se dijo.

“Ahora paso de víctima a delincuente. Me parece que no sólo por la gravedad del caso, la gravedad emocional para mí de lo que fue ese episodio, ese accidente para mí y para mis hijos, sino porque además se está faltando a la verdad”, señaló.

Tras la divulgación de los datos de la analista, exministros y diversas figuras políticas criticaron la acción.

El exministro José Ramón Cossío cuestionó las facultades con las que el Gobierno de la República hizo esta publicación. “Ninguna norma de nuestro orden jurídico le otorga competencias para proceder así. Ninguna”, dijo en redes sociales.

La comisionada del INAI Julieta del Río aseguró que esto representa una “violación clara y visible” a la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que el asunto será un “tema obligado” del órgano.