Diputados aprueban, en lo general, regulación del outsourcing

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa por la que se regula la figura del outsourcing.

La reforma otorga a las empresas privadas un plazo de tres meses para migrar a sus empleados al sector formal, y permite la subcontratación de servicios especializados, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los contratistas serán supervisados periódicamente y deberán comprobar que pagan sus contribuciones. Quienes incumplan, pagarán multas que van de 150 mil a 300 mil pesos por cada falta.

Establece además que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, y que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

También se prohíbe la subcontratación en el sector público, a menos que el contratista esté registrado en el padrón de la STPS. A diferencia de los privados, las instituciones federales con trabajadores al servicio del Estado tienen un año como plazo, a partir de la entrada en vigor del ejercicio fiscal 2022.

Señala que los cambios en cada dependencia se realizarán “con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas, por lo que no requerirán recursos adicionales”. 

Postura de la oposición ante la iniciativa que regula el outsourcing

Carlos Valenzuela González, del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que el plazo promueve un trato desigual entre la iniciativa privada y el sector público, ya que “al sector empresarial se le están otorgando tres meses para migrar al nuevo sistema, mientras que al sector público se le está otorgando un año”.

Pedro Pablo Treviño, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que en México 4.6 millones de trabajadores en encuentran en un esquema de subcontratación, por lo que “el reto será evitar el despido de los trabajadores que se encuentran en este régimen, que podría alcanzar los 4 millones”.

Carlos Pavón, también del tricolor, denunció que se trata de una reforma recaudatoria “y no una reforma que venga a beneficiar a la gente”, ya que actualmente las utilidades que se entregan representan 56 mil millones de pesos, mientras que con la reforma ascenderán a 157 mil millones; “eso significa un 30 por ciento de utilidad e impuestos para hacienda”

Antonio Ortega Martínez del PRD, agregó que la minuta no solo representa un golpe al empleo, sino que además “se prevé la disminución de las inversiones por parte del sector privado”

En su oportunidad, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Angélica Zamudio, advirtió que en la minuta no se especifica qué servicios serán considerados como especializados.

El dictamen quedó aprobado por 348 votos a favor por parte de los diputados de Morena, PES, PT, PVEM, PRD y MC; 77 en contra del PAN; así como 32 abstenciones, la mayoría del PRI.

Tras el aval en lo general, se procedió a su discusión en lo particular.