Diputados avalan creación de la Fiscalía General de la República

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual establece las reglas sobre la nueva estructura y funciones de la actual Procuraduría General de la República (PGR), además discutirá la reforma para separar el salario mínimo de las medidas para multas y sanciones.

La ley para crear la nueva Fiscalía fue avalada en lo general por 370 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones; ya fue turnada al Senado de la República para su análisis y ratificación.

Esta iniciativa, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre pasado, fue enriquecida con propuestas hechas por legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, afirmó el presidente de la comisión de Justicia, Fidel Pacheco Rodríguez.

Establece la transformación de PGR a la Fiscalía General de la República, el cual será un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. A éste se le agregaron nuevas facultades y obligaciones en materia anticorrupción y electoral.

El nuevo órgano estará integrado por dos fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate a la corrupción.

El Fiscal General durará en su encargo nueve años. Para su designación, el Senado de la República elaborará una lista de 10 candidatos y la enviará al Ejecutivo Federal. Éste, a su vez, seleccionará de entre la lista una terna que regresará al Senado para que elijan al Fiscal con el voto de dos terceras partes de este órgano legislativo.

Tras la aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados, el Pleno discute la ley de gobiernos de coalición para los estados y debatirá más tarde el proyecto que entregó el Ejecutivo Federal para desvincular el salario mínimo a nivel nacional como índice, base, medida o referencia, en más de 140 ordenamientos legales.

De esta manera se crearía una nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual será la base para distintas sanciones y multas que establecen los ordenamientos jurídicos, con el objetivo de que pueda tener un mayor incremento el salario mínimo.