Empresarios advierten efectos negativos para las inversiones
El sector empresarial de México coincidió en que la aprobación de la ley contra delitos fiscales generará consecuencias negativas a las inversiones del país, debido a que habrá mayor incertidumbre jurídica a la inversión productiva.
En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que la Cámara de Diputados diera luz verde al dictamen sobre delitos fiscales y la forma en que el Poder Legislativo ignoró las diversas voces de la sociedad que alertaron de las consecuencias de la norma.
Señaló que si bien apoyan la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, la falta de precisiones de esta minuta aprobada generará un justificado temor en las empresas formales del país, por posibles actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.
Aseveró que, para poder invertir, las compañías y personas requieren certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad.
“Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos”, advirtió.
“Todo el sector empresarial coincide en lo mismo, no creo que todos estemos equivocados en la aplicación de esta ley”
Reginaldo Esquer
Presidente de la Comisión Nacional Fiscal
El organismo que preside Carlos Salazar Lomelín, refirió que todas esas advertencias fueron realizadas de manera contundente y sustentada a la autoridad, por parte de especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos; sin embargo, no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos.
Por separado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que, aunque se buscó llegar a un acuerdo con el Gobierno respecto al tema de las factureras, sólo se les dio “atole con el dedo”, pues se aprobó en el Congreso una ley en materia judicial que busca tener un beneficio fiscal.
Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, explicó que el empresariado no está en contra de que se persiga este flagelo; sino, de la aplicación de la misma ley y la manera en la que se afectará a los empresarios.
“Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen las garantías individuales”
Consejo Coordinador Empresarial
Comunicado
“Finalmente fuimos presa de la bebida preferida que ahora será de los mexicanos, que ahora será el atole con el dedo. No quiero pensar que fue una simulación, para sentirnos escuchados; pero es una duda generalizada. Todo el sector empresarial coincide en lo mismo, no creo que todos estemos equivocados sobre la aplicación de esta ley”, arremetió en conferencia de prensa.
Ante esto, mencionó que de aprobarse en los términos actuales interpondrían un juicio de amparo.
En tanto, Arturo Pueblita, presidente de la Academia Fiscal Mexicana, añadió que les entristece no haber llegado al mismo objetivo; sin embargo, destacó se realizará un análisis para contrastar los derechos para determinar la legalidad de esta norma.
El Dato: La norma aprobada ayer en la Cámara baja prevé prisión de dos a nueve años por expedir, enajenar, comprar o adquirirfacturas falsas.
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