En Acteal, la PGR de Zedillo fabricó culpables: SCJN

Por Carlos Jiménez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de 20 de los 57 indígenas tzotziles presos desde hace 11 años por su supuesta participación en la matanza de Acteal, luego de que los ministros determinaron que las pruebas que aportó la PGR son ilícitas y algunas fabricadas.

Ayer, los ministros de la Primera Sala de la Corte ampararon a 26 indígenas

que están presos por la masacre, pero en seis de los casos el recurso obliga a los jueces a dictar una nueva sentencia tomando en cuenta sólo las pruebas consideradas lícitas.

Luego de esta determinación, se espera que en los próximos días, la Corte otorgue nuevos amparos a otras 31 personas encarceladas por la muerte de 45 indígenas registrada en diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros consideraron que la PGR, entonces encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar, “violentó las garantías individuales durante la averiguación previa, toda vez que en la mayoría de los casos, tanto la integración del cuerpo del delito y la de la responsabilidad penal probada, se basan en la valoración de pruebas obtenidas en forma ilícita”.

Un ejemplo de ello lo expusieron los ministros Olga Sánchez y Juan Silva, quienes se refirieron a la lista que, según dijo la PGR en aquel entonces, había elaborado un indígena, y la cual fue clave para las indagatorias.

A decir de la PGR el hombre había escrito a mano los nombres, e incluso las comunidades a las que pertenecían los supuestos responsables de la masacre. Pero después, él mismo declaró que no sabía hablar español y que tampoco lo entendía.

Incluso, ante un juez que llevó el caso, confesó que la lista se la habían dado un grupo de policías judiciales.

Esa misma lista, fue usada por la PGR para elaborar un álbum fotográfico, a partir del cual las autoridades comenzaron a detener y encarcelar a quienes según ellos habían participado en la matanza.

Sánchez Cordero reveló que cuatro de los hombres presos fueron juzgados por el delito de portación de arma de fuego cuando la PGR ni siquiera los había acusado de ello.

Así, los ministros concluyeron que las pruebas contra los indígenas no serían tomadas en cuenta pues “una de las exigencias más importantes para que un medio probatorio sea admitido en el orden jurídico es que su obtención no sea ilícita, pues si ése es su origen, entonces sus efectos también lo serán”.

Argumentos

Sólo el ministro Sergio Valls se pronunció en contra de la liberación de los presos:

Juan Silva Meza

Ministro

“Acteal es oportunidad para que la Corte dé un claro mensaje a autoridades encargadas de perseguir delitos: sus acciones deben respetar siempre, escrupulosamente, el régimen constitucional y derechos humanos”

José Ramón Cossío

Ministro

“Hubo irregularidades en las actuaciones procesales, pruebas indebidamente recabadas, con lo que se afectó el proceso y la obligación de salvaguardar las garantías individuales; me pronuncio a favor de excarcelarlos”

Sergio Valls Hernández

Ministro

“A mi juicio la protección constitucional debe negarse, pues no se violaron los derechos fundamentales de los sentenciados”

En contra

Manifestante afuera de la Corte

“Los testimonios aportados en el juicio revelan que son culpables, liberarlos es muestra clara de impunidad en un crimen de lesa humanidad”

A favor

Manifestante afuera de la Corte

“El gobierno inventó pruebas, hay gente que ha pasado años en la cárcel por invenciones de las autoridades”

Sergio Valls:

Único ministro que se opuso a la resolución pues había pruebas suficientes para acusar a los indígenas. Su propuesta fue rechazada.

José Ramón Cossío:

Dijo que los indígenas debían ser amparados pues su proceso penal no fue el correcto. Propuesta aprobada.

Juan Silva Meza:

Opinó que las autoridades no pueden hacer justicia si para ello se violan derechos humanos. Su propuesta

fue aprobada.

Olga Sánchez:

Expuso que la lista de los inculpados en la que se basó gran parte de la investigación fue ilegal. Su propuesta fue aprobada.

José Gudiño:

Dijo que las pruebas deficientes no pueden llevar a una sentencia, la cual debe acreditarse fehacientemente. Propuesta aprobada.

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