Escala choque por fideicomisos: trabajadores del PJ, a paro nacional

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) determinó llevar a cabo un paro nacional a partir de este jueves y hasta el próximo martes 24 de octubre, en protesta por la extinción de 13 fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos que autorizó la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados.

Anoche todavía se realizaban negociaciones en comunicación virtual entre sindicatos del Poder Judicial (PJ), pero el STPJF confirmó a La Razón la suspensión de actividades, después de una jornada en la que sus agremiados encabezaron protestas por tercer día consecutivo, se anticipó el comienzo de una “batalla legal” para echar abajo la extinción de los fideicomisos y se anunció una marcha a las 11:00 horas el domingo, del Monumento de la Revolución al Zócalo capitalino.

Luego de una deliberación por Zoom que duró varias horas, anoche el secretario general del STPJF, Gilberto González Pimentel, anunció que se llegó al acuerdo de parar actividades del 19 al 24 de octubre, y “teniendo posibles nuevas definiciones el 24 de octubre”.

En un mensaje compartido con los agremiados al sindicato, los trabajadores pudieron leer: “El STPJF decreta a tu favor paro nacional de actividades en todos los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial, del 19 al 24 de octubre de 2023. Unidos contra las arbitrariedades contra nuestras prestaciones laborales”.

El líder gremial dijo a este diario que en la reunión urgente celebrada de manera virtual se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional y con 67 secretarios generales de los comités ejecutivos locales de las secciones que conforman el sindicato y, “por una mayoría de 97 contra tres, se votó por el paro a iniciar este jueves”.

Señaló que habrá protestas pacíficas, pero no bloqueos viales que afecten a la ciudadanía, y sostuvo que los juzgados y tribunales no han detenido la atención de los casos urgentes y no lo van a hacer.

Mencionó que, de igual modo, esperan sostener hoy una reunión con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, luego de realizar un recorrido por las distintas sedes del Poder Judicial de la Federación (PJF), con el objetivo de tener testimonios e inconformidades de los trabajadores y éstas presentarlas a la ministra.

“Realizaremos un recorrido a las sedes del PJF en la Ciudad de México, con el objetivo de recoger el sentir de los trabajadores, para dar músculo a este movimiento”, manifestó.

Previamente, González dijo a La Razón que, agotadas las etapas del proceso legislativo, “ahora vamos con la batalla ante el Senado y ya estamos en la vía de una promoción, por parte del PJF, de una acción de inconstitucionalidad; por parte del sindicato y todos los agremiados en general con los trabajadores, sí vamos por la promoción del amparo colectivo.

“También puedo decir que, contrario a lo que se ha difundido desde el Poder Ejecutivo, aquí no hay privilegios; el único privilegio que tenemos es ser trabajadores y hacerlo con el mejor de los recursos humanos y con un presupuesto cada vez menor; los recursos financieros se han ido recortando y las actividades aumentando.

“El STPJF y los trabajadores de éste estarán a la expectativa de lo que legislativamente suceda; nosotros no violaremos la ley, porque trabajamos en orden y en pro de ella”, afirmó González Pimentel.

Ayer, por tercer día consecutivo, los trabajadores judiciales se manifestaron en diversas sedes, en protesta por la desaparición de 13 fideicomisos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la SCJN y el Tribunal Electoral y que, señaló González Pimentel, “en realidad perjudica el derecho de los trabajadores, no de las altas cúpulas, como lo quieren hacer creer”.

Este miércoles, al igual que durante los días previos, trabajadores judiciales en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán se congregaron afuera de las distintas sedes, para exigir “respeto a la independencia judicial y un alto a los ataques contra jueces, magistrados y ministros de la SCJN”.

Corte y Judicatura: ni uno solo de los fideicomisos es para ministros

El Poder Judicial de la Federación rechazó que los fideicomisos que administra estén orientados al beneficio económico para alguno de los ministros en funciones o en retiro.

“Los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”, estableció, a través de una tarjeta informativa, en una posición que ratificó el ministro Luis María Aguilar Morales.

Durante su participación en un congreso realizado en la UNAM, Aguilar Morales rechazó que en el PJF haya privilegios, al sostener que “es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra”.

Asimismo, dijo que “todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros; ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y, mucho menos, un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial, para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir a México”, sostuvo.

Aunque no mencionó nombres, se refirió a que “no faltan las voces que, por intereses muy de ellos, muy particulares, procuran desestabilizar, minimizar el trabajo de jueces, magistrados y ministros” y de todo el personal del Poder Judicial.

Advirtió que la única voz del pueblo es la Constitución, la cual es su guía y no los intereses particulares ni momentáneos de la política o de ciertos grupos.

“La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. Lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución, así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México, esa es a la que debemos obedecer, a la Constitución”, expresó.

Antes del acto público en el que participó el ministro Aguilar, el Poder Judicial emitió una tarjeta informativa en la que abundó que la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro, además de que “no son guardaditos”.

“La extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras, pero no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados”, se establece en el documento.

“Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”, se mencionó.

También hizo énfasis en que cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación y que cada uno de “los objetos de cada uno de los fideicomisos, tanto los de la Corte como los del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), son públicos, por lo que la población puede acceder a observar la distribución de dichos gastos”.

El Poder Judicial recordó que el fideicomiso se constituyó cuando la legislación no establecía obligación para reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación al término de cada ejercicio.

“Estos remanentes correspondían tanto a la SCJN como al CJF, por ello se emitió el acuerdo general conjunto 2/1999, mediante el cual se establecen los conceptos susceptibles de utilización del patrimonio”.

En el caso del CJF, el fideicomiso “se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina que se efectúan a los magistrados y jueces que tienen asignada una casa”, explicó.

Se subrayó que al menos seis fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

“Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales, como son las Condiciones Generales de Trabajo”, se afirmó en el texto.

También se resaltó que la Auditoría Superior de la Federación “no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos”.

Critica que defiendan privilegios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra quienes defienden los “privilegios” del Poder Judicial (PJ), porque dijo que es un “pecado social”, y advirtió sobre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rompa el orden constitucional.

Por ello, aseveró que es momento de aprovechar que vienen las elecciones para informar a la gente e impulsar una reforma judicial para que el pueblo elija directamente a los jueces.

Luego de que en la Cámara de Diputados se aprobó la extinción de 13 fideicomisos del PJ, dijo que aunque es válido que se manifiesten los trabajadores, no le preocupa que amenacen con huelgas, porque señaló que así no podrán liberar a delincuentes.

“Es muy válido que se manifiesten los trabajadores y se garantice la libertad de expresión, el derecho a la manifestación. Ahora que dicen: ‘No vamos a trabajar, va a haber huelga’, no crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto significa que no van a dejar libres a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, no estoy exagerando”, dijo.

Sobre las acciones de inconstitucionalidad que presentará la oposición, el Presidente manifestó que esto representaría la ruptura del orden constitucional, porque la misma SCJN resolverá anular las facultades del Poder Legislativo.

“Sería una ruptura al orden constitucional del mismo Poder Judicial, desconocen por completo al Poder Legislativo, lo nulifican, y el Poder Judicial se sitúa como el supremo poder conservador del país”, subrayó en conferencia.

Por ello, llamó al gremio de abogados, particularmente de la UNAM y la Barra de Abogados, a que analicen la constitucionalidad de los actos del PJ, e insistió que se debe informar a los ciudadanos para que tomen conciencia sobre la necesidad de que haya una reforma al PJ.

Oposición alista recurso contra el aval de Morena

La judicialización de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) por parte de la oposición se dará una vez que Morena y aliados en el Senado ratifiquen lo avalado el martes por la Cámara de Diputados.

La ruta a seguir, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara baja, Jorge Romero, será impugnar esta reforma dentro del plazo legal para hacerlo. Esto implica que, una vez que se apruebe en el Senado y entre en vigor, habrá un periodo de 30 días para accionar judicialmente.

“Si no se les está haciendo ninguna afectación, lo dijimos en tribuna, lo decimos entonces porque hay miles de trabajadores del Poder Judicial manifestándose en contra. Nadie se manifiesta contra algo que no le afecta. Es obvia la afectación que hubo y también, como lo señalamos nosotros como oposición, sabemos que ahora pasa a la Cámara senatorial, para ser la Cámara revisora y después, si allá se aprobara, ahí es cuando se convierte en ley”, señaló.

El también coordinador panista mencionó que las impugnaciones no sólo provendrán de los políticos de oposición, sino también de “miles” de trabajadores del Poder Judicial que se verán perjudicados.

Aunado a esto, afirmó que el Partido Acción Nacional está abierto a ayudar a los empleados para asesorar en las acciones que quieran emprender; sin embargo, dijo que probablemente ellos no requieran “tanta asesoría” porque saben cuáles de sus derechos defenderán.

“Por supuesto que nos ponemos a la orden, ya se los dijimos, en todo lo que nosotros podamos ayudar… Se las ofrecemos al 100 por ciento, pero ellos están más que conscientes de los derechos con los que cuentan para defender sus derechos”, subrayó.

SCJN, “sin impedimento sobre impugnaciones”

Especialistas aseguran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no estará impedida para resolver las impugnaciones que posiblemente se presentarán en caso de que la extinción de 13 de sus fideicomisos también se concrete en el Senado de la República.

En la sesión de ayer, el diputado morenista Hamlet García Almaguer insinuó que jueces, magistrados y ministros estarían cometiendo el delito de prevaricato, pues de resolver algo en lo que se ven involucrados atentaría contra la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El jurista Marte Ferrer explicó que esto sí es factible porque los ministros no estarían atendiendo un asunto particular, sino de las personas que integran al PJF, el cual, subrayó, “es más que la Corte, hay juzgados, tribunales colegiados, laborales”.

Además, dijo que no es posible que haya un tribunal especial para resolver en este tipo de escenarios, ya que “es un principio básico del derecho de que todos debemos ser juzgados con tribunales previamente establecidos”.

El abogado Jorge Chessal señaló que también se debe considerar que ninguno de los 11 ministros de la Corte es beneficiario de los fideicomisos que se extinguen. “Al tratarse de una reforma a la Ley orgánica no se actualiza ningún impedimento para que el Pleno de la @SCJN conozca de una acción de inconstitucional”, mencionó.

Gibrán Zazueta, también abogado y trabajador en el Poder Judicial, agregó que, en acciones de inconstitucionalidad y controversias, como las que se prevé que haya, existe una regla: “son improcedentes los impedimentos, salvo por causas personales graves que vicien su imparcialidad”.