Crisis migratoria

EU refuerza medidas contra migración ilegal en reemplazo del Título 42

A partir del 12 de mayo entra en vigor el Título 8; permite expulsar rápidamente a indocumentados;
también prohíbe regreso en 5 años a quienes burlen la seguridad; aquí, autoridad deshace caravana

Alejandro Mayorkas (der.) y Antony Blinken, ayer, en conferencia.
Alejandro Mayorkas (der.) y Antony Blinken, ayer, en conferencia.Foto: Especial
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El gobierno de Estados Unidos, a través de los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, anunció un reforzamiento de sus medidas en contra de la inmigración irregular.

Anticipó que en el primer minuto del 12 de mayo, cuando se levante la orden del Título 42, entrará de inmediato el Título 8, que permite procesar y expulsar rápidamente a las personas que cruzan ilegalmente su frontera sur.

Las medidas incluyen una deportación acelerada, que podría tomar apenas unos días, además de la prohibición para regresar a EU en al menos cinco años y quienes hayan intentado burlar la seguridad de ese país, cruzando de manera ilegal, no serán elegibles para asilo bajo la regulación propuesta.

“Estas medidas conllevan graves consecuencias por la entrada ilegal, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de entrada ilegal. Se espera que el regreso al procesamiento bajo el Título 8 reduzca la cantidad de cruces fronterizos repetidos con el tiempo, que aumentó significativamente bajo el Título 42”, expusieron las dependencias en un comunicado.

Adicionalmente, como respuesta al desafío de una mayor presión migratoria en la frontera sur, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) creó centros de procesamiento en Guatemala y Colombia, para garantizar una migración ordenada y agilizar los trámites desde esas regiones, al reconocer que EU tiene un sistema migratorio “roto” y para forzar al Congreso a tomar acción, pues se resiste a poner en marcha el proyecto que el presidente Joe Biden presentó desde el primer día de su gestión.

Alejandro Mayorkas, titular del DHS, explicó que el objetivo de estas oficinas es ampliar la oferta para brindar citas y entrevistas, con el fin de determinar si los extranjeros son elegibles para ingresar a territorio estadounidense, para el asilo o para una visa de trabajo, y evitar que éstos emprendan la travesía peligrosa con traficantes, acciones en las que cuentan con apoyo de México, Canadá y España.

En conferencia de prensa, destacó que una de las naciones en las que se iniciará esta estrategia es Guatemala, la segunda de donde provienen más personas con documentos irregulares, pues entre octubre del 2022 y marzo del 2023 sumaron 85 mil detenciones en la frontera sur de EU, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo que representa la cuarta parte de los 380 mil mexicanos que cruzaron ilegalmente en el mismo periodo.

Las autoridades estadounidenses explicaron que estos cambios se tomaron en “estrecha coordinación” con socios regionales, incluidos los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.

“Se basan en el éxito de procesos recientes que han reducido significativamente los cruces fronterizos ilegales, a través de una combinación de vías legales ampliadas y la eliminación rápida de aquellos que no utilizan esas vías legales”, se lee en el documento.

Sin embargo, el DHS admitió que el fin de la política por razones sanitarias a causa del Covid-19 (el Título 42) será un gran desafío, pues estima que se tripliquen las devoluciones de migrantes, pronóstico que coincide con las estimaciones de Aduanas, cuyo comisionado, Troy Miller, advirtió que habrá el doble de cruces irregulares en este periodo, con hasta 10 mil diarios, lo que elevará la presión sobre las autoridades fronterizas.

Los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional coincidieron en que las medidas que se anunciaron este jueves “no suplantan la necesidad de una acción del Congreso.

Sólo el Congreso puede proporcionar las reformas y los recursos necesarios para manejar completamente el desafío de la migración regional. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden ha pedido continuamente al Congreso que apruebe la legislación para actualizar y reformar nuestro obsoleto sistema de inmigración”.

INM y ONG pactan diluir éxodo que iba a la CDMX

El Instituto Nacional de Migración (INM), la organización Pueblo sin Fronteras y los migrantes en éxodo acordaron disolver el viacrucis que pensaba llegar a la Ciudad de México, en protesta por la muerte de 40 extranjeros en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia federal, aceptaron ya no poner en riesgo la vida de más personas en sus traslados, por lo que ofrecieron formas múltiples para transitar por todo el territorio nacional, sin que los indocumentados sean detenidos.

De esta manera, a partir de ese momento cada migrante podrá ir a cualquier parte del territorio sin ningún tipo de problema.

“El instituto entabló diálogo con los integrantes de la caravana que se encuentran en Villa Comaltitlán, Chiapas, con quienes se acordó la instalación de una mesa de trámites para otorgarles, si así lo solicitan, la Forma Migratoria Múltiple (FMM) por razones humanitarias”, destacó el INM en una tarjeta informativa difundida anoche.

De acuerdo con el censo levantado durante el día, se contabilizaron mil 186 personas, de las que 814 son adultos y 372 en núcleos familiares, entre los que se encuentran 126 menores de edad acompañados y cinco no acompañados, quienes tendrán oportunidad de contar con los beneficios acordados, como alimento y agua.

Los menores no acompañados y las familias serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que sea la procuraduría del menor la que resuelva su situación.

Además, Pueblo sin Fronteras aceptó que el INM no les proporcione los autobuses que había solicitado para llegar a la Ciudad de México, y por ello se le dio la oportunidad de transitar por su cuenta en todo el país.

Unas horas antes, el director de la organización no gubernamental dijo que por ningún motivo aceptarían la regularización de los migrantes, ya que su intención era conseguir los autobuses para continuar su trayecto. Hasta el momento se desconoce si los migrantes seguirán juntos para sus traslados o se irán por su cuenta.

Una vez que se dieron los permisos, la plaza de Villa Comaltitlán quedó vacía, ya que cada migrante comenzó a irse por su cuenta hasta las siguientes localidades; sin embargo, algunas personas aprovecharon para robar del campamento que habían instalado las pocas cosas que llevaban, como bicicletas, mochilas, celulares e incluso ropa.

A pesar de que algunos albergues en la Ciudad de México ya se estaban preparando para ingresar a algunas personas, y grupos de la sociedad civil los alentaban para que llegaran a la capital, el cansancio, falta de dinero, hambre y condición física les impidieron seguir avanzando, por lo que tuvieron que aceptar las condiciones del INM para poder tener su regularización, ya que muchos de ellos estaban varados desde hace semanas en Tapachula, Chiapas.

En los cuatro días que estuvo vigente el viacrucis-caravana, fueron atendidos más de 50 personas por llagas en los pies, golpes de calor y deshidratación, además de que sólo pudieron avanzar poco más de 50 kilómetros de los más de mil 100 que recorrerían desde Tapachula a la Ciudad de México.

La Razón buscó al director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, para conocer los acuerdos a los que llegaron con las autoridades y lo sucedido con los migrantes, pero no obtuvo respuesta.

ONG piden comisión especial por delitos migratorios

Organizaciones de la sociedad civil exigieron la creación de una Comisión Especial Internacional liderada por la la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que trabaje de la mano con la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los delitos en contra de migrantes en territorio nacional.

En conferencia frente al Antimonumento a los 72 en Paseo de la Reforma, Ana Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, acusó que en la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez hay complicidad de las autoridades, indolencia e indiferencia hacia los migrantes, por lo que se deben sancionar a todos los funcionarios que son directamente responsables de la muerte de los extranjeros.

Mientras que Gretchen Kuhner del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) advirtió que con las nuevas restricciones de Estados Unidos para la migración, el panorama se va a complicar aún más, ya que a partir del Título 8, se prevé el regreso de extranjeros de Centro y Sudamérica.

Con información de Jorge Butrón