El mundo pone lupa en el caso Victoria Salazar

Asociaciones civiles internacionales se volcaron en pronunciamientos para condenar el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, el 27 de marzo, en manos de la policía de Tulum, y de paso, evidenciar carencias en la respuesta de autoridades en la protección de mujeres y el actuar de elementos de seguridad.

Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional (AI) México, urgió al Estado a establecer comunicación con la familia de Victoria, pues denunció que a 72 horas de su muerte, el Gobierno no han contactado a la madre de la víctima.

“Nos parece importante que sea directamente el Gobierno de México el que establezca una comunicación expedita y muy clara. Las hijas de Victoria están en territorio mexicano y tienen que estar bajo la salvaguarda y protección del Estado y ser entregadas a la abuela”, dijo.

La directora de Amnistía lamentó que la actuación de la policía durante el arresto de Victoria derive de una estructura “ineficiente” de capacitación y supervisión de las corporaciones de seguridad.

“Hoy los ojos están puestos en la sanción a estos policías, pero los ojos también deben estar puestos en cómo actúan las fuerzas policiales en el respeto a los derechos humanos”, agregó.

Reneaum Panszi consideró que trasladar a los cuatro policías implicados a un penal no tendrá una función útil, ya que no se elimina el problema de fondo.

“La impunidad no solamente implica castigar a los responsables, se construye a partir de la no revisión de las estructuras de las instancias de estado para que estos hechos no se vuelvan a repetir”, advirtió.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unió a la condena y la demanda para que se sancione a los responsables. El organismo exigió al Gobierno federal capacitar a sus instancias de seguridad de los tres órdenes en el uso de la fuerza, para que no se violen los derechos humanos.

ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron eco de la condena.

Belén Sanz Luque, de ONU Mujeres, dijo que México cuenta con un marco normativo que establece que las instituciones de seguridad deberán contar con protocolos del uso de la fuerza con perspectiva de género.

Dana Graber, de la OIM, añadió que “la muerte de Victoria evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de Victoria. Por órdenes de su titular, Rosario Piedra Ibarra, el expediente será investigado por uso excesivo de la fuerza que derivó en homicidio y violación de derechos humanos.

El organismo aseguró que el Estado brindará todas las condiciones para la protección y vida libre de cualquier tipo de violencia, así como anteponer políticas que aseguren las garantías individuales.