Organismos autónomos, en riesgo de desmantelamiento y desaparición: Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo afirmó que el gobierno federal ha instrumentado una división para debilitar y desmantelar las instituciones del Estado, principalmente al Congreso de la Unión y a los organismos autónomos.

“Esto yo no creo que se modifique porque otro de los objetivos es la Suprema Corte, la separación de los poderes está muy en entredicho, pero luego más allá están los órganos autónomos hacia los cuales claramente está dibujada una división política”

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán

Al participar en la inauguración de la Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, dijo que “la que más ha estado sometida a los designios del gobierno, es la Cámara de Diputados, porque la composición quedó muy adversa para los que piensan y opinan distinto”.

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“Creo que el INE es uno de los objetivos más a la vista por obvias razones. El órgano electoral que por muchos años luchamos para poder tener elecciones donde se contaran los votos y estos se contaran, donde una institución autónoma e independiente del gobierno organizara y desarrollara los procesos electorales, eso parece estar en mucho riesgo y lo mismo ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, apuntó.

Aureoles Conejo consideró que “si ya se le han dado unas sacudidas muy fuertes a la Suprema Corte, qué podemos esperar del Tribunal, así, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, todas estas transformaciones que el PRD fue un factor fundamental para ello, al hacer las leyes y construir instituciones”.

“Hoy vemos en diferentes estados de la República que también están en contra de las universidades públicas, obviamente porque son las que tienen mayor debilidad"

Convocó a senadores y diputados del sol azteca a impulsar una nueva Ley de Coordinación Fiscal, porque “es una legislación rebasada, que tiene más de 40 años, y está elaborada con base en un acuerdo político, con una distribución poco equitativa de los recursos participables a partir de una ley terriblemente centralista, en la que los recursos participables, sólo generan 20 por ciento a estados y municipios”.

lps