Por Jorge Butrón

En 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) información sobre una diligencia ministerial a la barranca La Carnicería, en Cocula, Guerrero, para la búsqueda de indicios de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero la dependencia, que en ese entonces estaba a cargo de Arely Gómez, se la negó.

En entrevista con La Razón, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, indicó que “en fecha desconocida se llevó a cabo una reunión en el hangar de la PGR entre autoridades federales y el EAAF, donde se solicitó se realizara una diligencia de inspección ministerial en el predio comúnmente denominado La Carnicería”.

La experta agregó que el lugar era una coordenada que los padres de los 43 habían obtenido; sin embargo, ante la incertidumbre por la falta de respuestas de la PGR, el grupo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió seis oficios para conocer el motivo por el cual se le negó la inspección al equipo forense.

“A dicha constancia ministerial (del equipo argentino) se le borraron las horas y la fecha. Al GIEI le informó la PGR que la investigación de este lugar era parte de una averiguación previa diferente al caso de Ayotzinapa, porque no tenía relación con estos hechos.

Frente a esta incertidumbre, añadió, el GIEI solicitó información a través de los oficios 93, del 4 de noviembre de 2015; 98, del 30 de noviembre de 2015; 107, del 9 de diciembre del 2015; 110 del 16 de diciembre de 2015; 123 del 8 de enero de 2016 y 126 del 18 de enero de 2016”, aseveró.

La barranca La Carnicería fue uno de los primeros puntos reportados por los padres de los 43 normalistas, y en ese sitio los forenses argentinos buscaron recabar muestras para su posterior análisis, pero nunca se logró al ser bloqueados por la entonces PGR.

“Nunca se recibió copia de las averiguaciones previas de este lugar, por lo que este sitio no fue verificado por el GIEI ni por los peritos argentinos; insistimos hasta el 2016 y siempre ocultaron La Carnicería”, señaló Buitrago.

La abogada colombiana comentó que “es claro que los restos óseos fueron depositados ahí directamente”, lo cual confirma que lo ocurrido es distinto a lo que, en su momento, se dio a conocer en la llamada “verdad histórica” por parte de la extinta PGR.

“El tema más importante es que el lugar no es el que habían dicho (el basurero de Cocula o el río San Juan). En los informes del GIEI anteriores, se solicitó a la PGR una serie de informaciones sobre la Barranca de La Carnicería y se ocultó”, dijo.

En ese sentido, consideró que el hallazgo da luces y abre la puerta a hechos diferentes, “y que estamos en la búsqueda de hechos ciertos, sin ningún calificativo, diferente de lo qué pasó”.

Señaló que ahora lo importante es indagar por qué se ocultó tanto tiempo el punto donde ahora se hallaron los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre; además de conocer también porque en su momento no se investigó y no se reportó por la autoridad.

Suspenden al que liberó a El Mochomo

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses a uno de los secretarios del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por su presunta participación en un acto de corrupción para liberar a José Ángel “C”, El Mochomo, implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En un comunicado, el organismo informó que dictó la medida cautelar para permitir que se lleven a cabo las averiguaciones correspondientes y poder fincar las acusaciones correspondientes. El CJF consideró que se pudieron haber cometido delitos como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia y encubrimiento, entre otras.

Señaló que luego de recibir la denuncia presentada el lunes por la Fiscalía General de la República (FGR), se resolvió suspender al secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, aunque aclaró que “la presente suspensión del servidor público no prejuzga sobres u culpabilidad y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado”.

Reiteró que “son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no toleraremos ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal”.

Con información de Jorge Chaparro