Acusados de delincuencia organizada

Posponen cita de científicos ante la FGR por brote de COVID-19

Las comparecencias ante la FGR de Patricia Zúñiga y Rafael Pando, exmiembros del Conacyt, fueron pospuestas por presunto brote de COVID-19; siguen firmes citas de otros exfuncionarios

Se acusa que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios.
Se acusa que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios.Foto: Especial
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Las comparecencias que académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desahogarían este martes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fueron pospuestas por un presunto brote de COVID-19.

Patricia Zúñiga, exsecretaria del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), y Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación Tecnológica del Conacyt, debían acudir este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer las acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada, de que se les señala.

Rafael Pando Cerón acudió a las instalaciones de la FGR para declarar por el presunto desvío de 244 millones de pesos, a través del FCCyT, pero le notificaron que le darían una nueva fecha.

Hasta el momento siguen en firme las citas a Gabriela Dutrénit Bielous, excoordinadora del Foro Consultivo, quien fue citada para este miércoles; mientras que Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, excoordinadores del FCCyT, deberán acudir a declarar el próximo jueves 7 de octubre.

La FGR integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de captura a partir de dos denuncias que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, el 10 de julio de 2020 y el 10 de junio de 2021. Se acusa que el foro gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios.

El pasado 21 de septiembre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, negó a la FGR la orden de aprehensión contra los 31 académicos, científicos y exservidores públicos del Conacyt. Consideró que la acusación contra la asociación civil operó bajo las reglas previstas en la ley, por lo que el ejercicio de recursos fue legal.

Por otro lado, la FGR no apeló la resolución, por lo que el Ministerio Público deberá elaborar una nueva petición. El titular de la FEMDO, Alfredo Higuera Bernal, valora una posible reformulación del caso y podría solicitar una nueva orden de captura de los académicos del Conacyt por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

KEFS