Propone que GN no pase al Ejército

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá, propondrá declarar inconstitucional la reforma que permitió la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El ministro planteará al pleno del máximo tribunal del país invalidar el artículo 29, fracción XVI y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), mediante el cual se faculta a la Sedena a ejercer el control operativo y administrativo del cuerpo de seguridad creado por el Gobierno actual.

“De la jurisprudencia interamericana, de los precedentes más recientes de este Tribunal Pleno y del texto constitucional se extrae que la Fuerza Armada permanente sólo puede realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad. Su participación debe estar regida por la absoluta necesidad y, por lo tanto, no puede ser permanente”, cita el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por senadores de oposición.

De acuerdo con el proyecto de González Alcántara Carrancá, la reforma publicada el 9 de septiembre del 2022 es contraria a la Constitución, que establece que la Guardia Nacional forma parte del ramo de la seguridad pública civil.

En su proyecto, divulgado este martes, el ministro señala que las Fuerzas Armadas deben supeditarse a las actividades otorgadas por la Constitución y que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

“La actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional”, argumentó el ministro.

“Éste se opone al texto del Artículo 21 que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la Dependencia del ramo de la Seguridad Pública, quien formulará, no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino sus programas, políticas y acciones”, señala el proyecto.

El texto de 214 cuartillas será discutido en la próxima sesión de la Suprema Corte y establece que sólo ante una habilitación constitucional, o bien, derivada de la activación del procedimiento de restricción o suspensión de los derechos y las garantías previstas en el artículo 29 constitucional, la Fuerza Armada permanente puede colaborar en labores de seguridad pública.

El proyecto también incluye invalidar el artículo 13 Bis de la Ley de la Guardia Nacional, que señala que la facultad del titular de la Sedena es el control operativo, administrativo y presupuestario de dicha corporación.

“La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Sedena”, se lee en el documento.

Desde su discusión, los partidos de oposición en el Congreso anunciaron promovería una acción de inconstitucionalidad para que fuera la SCJN la que deciera sobre la validez de dichas reformas, las cuales, acusaron que fueron aprobadas rápidamente y sin mayores análisis.

Loretta Ortiz impulsa quitar freno a Plan B

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la posibilidad de revocar la suspensión que frenó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. Para ello, la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó una propuesta que pretende dar marcha atrás a la medida, que impidió su aplicación en el Estado de México y en Coahuila.

La discusión de su proyecto se dará en la Segunda Sala del máximo tribunal, donde se argumentará en contra de la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El análisis se centrará en el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y en principio está agendado para discutirse este 12 de abril. Sin embargo, será aplazado porque la ministra Ortiz Ahlf no estará presente durante las sesiones de esta semana. El proyecto ya se distribuyó entre los ministros.

La SCJN recordó que la Constitución establece que las leyes y reformas electorales deben promulgarse 90 días antes del inicio de cualquier proceso electoral.

En semanas anteriores, el ministro Pérez Dayán admitió 81 recursos en contra de la enmienda que modificó las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, entre ellos, la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE).

El 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek concedió al INE una suspensión de la entrada en vigor del Plan B, y por lo tanto, el órgano electoral puede seguir operando como hasta antes de que entrara en vigor la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace una semana, el Gobierno federal hizo formal un recurso de inconformidad ante la Corte en contra de la decisión del ministro Laynez de admitir la controversia promovida por el INE en contra de la enmienda y la suspensión de su entrada en vigor.

TAMBIÉN IP Y LITIGANTES. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), junto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, presentaron ante la SCJN dos recursos amicus curiae, documentos con argumento jurídico en contra del aval al Plan B de la Reforma Electoral.

José Medina Mora, presidente del organismo patronal, afirmó que buscan evitar que los ministros aprueben las reformas a las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Partidos Políticos, de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Hoy, reafirmamos y reiteramos nuestra postura: el Plan B de la Reforma Política pretende debilitar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Plan B no provino de la ciudadanía, ni vela por los derechos político-electorales de los mexicanos. Se presentó en un momento inoportuno porque estamos en la antesala de la elección presidencial en el 2024”, afirmó.

Dijo que la reforma debe invalidarse porque “perjudica a las minorías, es regresiva y pretende alterar el funcionamiento del árbitro electoral. Como coloquialmente decimos: ¿Por qué alterar algo que funciona bien? ¿Por qué querer sacar al árbitro en pleno partido de futbol si no es para inclinar la balanza hacia alguno de los equipos que se encuentran en la cancha?”.