En fraude electoral ven hasta 22 años de cárcel

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para castigar hasta con 15 años de prisión a quienes intenten manipular los resultados electorales o a quienes cometan dos o más delitos para alterar los comicios.

La iniciativa adiciona un artículo 20 ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y crea un tipo penal que busca “persuadir a aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas”. Así, las penas aplicadas para este nuevo delito convierten el fraude electoral en un delito grave.

El nuevo tipo penal, indicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política, establece que “se impondrá pena de cinco a quince años de prisión y multa de mil 8 quinientas a siete mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización cuando dos o más personas se reúnan con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o bien para realizar dos o más conductas previstas como delito en este ordenamiento”.

Si al cometer el delito, dice la iniciativa del senador de Morena, hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes, en detrimento de uno o más de los artículos constitucionales, la pena podría llegar a los 22 años de prisión.

Ricardo Monreal aclaró que la sanción también aplicará cuando las conductas delictivas cuenten con el consentimiento o la participación de una servidora o servidor público, funcionario electoral, funcionario partidista, aspirante a candidato independiente, precandidato o candidato de instituto político.

Cabe destacar que las penas propuestas para este delito son muy similares a las que marca la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para delitos como tráfico de drogas: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.

En el artículo cuarto señala que en caso de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, se castiga con penas que van de los 10 a los 20 años de prisión, siempre y cuando no se trate de servidores públicos.

Por otro lado, en la sesión de ayer, el senador Ricardo Monreal solicitó a la Mesa Directiva que se retirara de la orden del día su iniciativa para fusionar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

ntb