Reforma al Poder Judicial de Morena endurece castigo a jueces

Ratifica el Presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá sanciones económicas, destitución del cargo e inhabilitación hasta por 20 años para jueces y magistrados que incurran en faltas graves.

“En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite”, establece la nueva legislación, que retoma las penas impuestas en la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las penas no graves prescribirán a los tres años, y en el caso de faltas graves, el periodo de prescripción será de siete años.

Esta reforma reglamentará la modificación Constitucional aprobada el 27 de noviembre por el Senado. Sin embargo, la presidencia de la República no podía presentar las leyes secundarias hasta que la mayoría de los congresos locales dieran su aval, el 25 de febrero se hizo la declaratoria de constitucionalidad luego del voto aprobatorio de 18 estados. 

En la propuesta presidencial, recibida el pasado lunes en el Senado, se reiteró que los jueces y magistrados solo podrán ser destituidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cuando incurran en faltas consideradas graves en el desempeño de sus cargos y cuando reincidan sin haber atendido las observaciones o amonestaciones que se les hagan por faltas a la moral o a la disciplina.

En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Sala Superior del organismo podrá aplicar sanciones de destitución de magistrados, pero deberá notificarlo de inmediato a la SCJN. El magistrado destituido tiene derecho a apelar la decisión.

En la iniciativa se señaló que el nepotismo será sancionado como falta administrativa, ya sea porque un funcionario haga uso de su cargo para presionar en la contratación directa de familiares o amigos, o en casos de nombramientos cruzados, es decir, cuando se pone de acuerdo con otro funcionario para contratar a una persona a cambio de que él otro contrate a otra recomendada.

De acuerdo con la iniciativa, el Consejo de la Judicatura estará facultado para tomar medidas de corrección o remedio inmediato, aún cuando no se haya fincado responsabilidad a nadie por el amparo presentado.

Si el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura consideran que los recursos se presentaron sin motivo, podrán multar al responsable con entre 896 y 10 mil 754 pesos.