La organización criminal que presuntamente planeó el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez también obtenía recursos mediante la extorsión a productores de aguacate y limón en Michoacán.
A un año del homicidio del alcalde de Uruapan, las 34 detenciones relacionadas con el caso permiten reconstruir una estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que reunía a mandos regionales, operadores financieros, reclutadores de jóvenes y personas con acceso a información del gobierno municipal.
En la parte más alta de esa estructura aparece Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, a quien las autoridades federales identifican como uno de los principales autores intelectuales del asesinato. Su captura, el pasado 30 de julio en Jalisco, permitió avanzar sobre una organización que, además de las actividades de narcotráfico, obtenía ingresos mediante extorsiones a distintos sectores productivos del estado.
Grecia Quiroz, contra “justicia a medias” en asesinato de Manzo
- El Dato: De acuerdo con la FGE, Manzo exhibió e insultó a El Rhino tras su captura en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la cual eliminó minutos después.
Debajo de su mando operaba Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán como el responsable de coordinar el atentado del 1 de noviembre de 2025. Las investigaciones lo sitúan al frente de los preparativos del crimen, desde la comunicación con los participantes hasta la transmisión de instrucciones mediante conversaciones cifradas que permitieron seguir los movimientos del presidente municipal durante el Festival de las Velas.
Los negocios criminales atribuidos a Gómez Sánchez iban más allá de la organización de ataques. La fiscalía también lo vinculó con una red de extorsión al sector aguacatero, cuyos cobros podrían alcanzar entre siete mil 200 y 10 mil 800 millones de pesos anuales, de acuerdo con estimaciones oficiales. El mecanismo consistía en exigir a los productores cuotas de entre uno y seis pesos por cada kilogramo de fruta, según su precio.
En esa estructura de cobros aparece Gerardo Rodríguez Guízar, El Congo o La Burbuja, detenido en marzo pasado. Bajo las órdenes de El Licenciado, presuntamente coordinaba las extorsiones a productores de aguacate y limón, además de participar en secuestros y homicidios. Las investigaciones también lo relacionan con los preparativos del asesinato de Manzo, lo que coloca a ambos operadores en las dos vertientes de la organización criminal.
- 90 Por ciento de avance tiene la investigación del caso
Para dimensionar el alcance económico de esa estructura, las autoridades calculan que las extorsiones relacionadas con El Congo podrían representar entre ocho mil 913 y 14 mil 226 millones de pesos anuales. Sin embargo, esas cifras son proyecciones y no ganancias acreditadas.
Tampoco pueden sumarse automáticamente a los recursos atribuidos a El Licenciado, pues ambos operaban dentro de una misma organización y los cálculos podrían incluir cobros sobre la misma producción.
El alcance territorial del grupo ayuda a entender cómo podía sostener tanto sus actividades económicas como sus operaciones violentas. Una reconstrucción periodística del diario español El País, a partir de documentos de la investigación, identificó una estructura regional de más de 140 integrantes, aunque no todos participaron en el homicidio. Entre los detenidos figura Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, El Caos, a quien las autoridades relacionan con actividades de extorsión, venta de drogas y homicidios en la región de Uruapan.
A esa red también pertenecían, de acuerdo con las pesquisas, personas encargadas de incorporar a nuevos integrantes. Jaciel Antonio Herrera Torres, El Pelón, fue identificado como presunto reclutador de los adolescentes que participaron en el ataque. Uno de ellos, de 17 años, disparó contra Manzo y murió después de la agresión. Otros dos participantes aparecieron muertos días más tarde, lo que abrió una línea de investigación sobre la eliminación de posibles testigos.
Sin embargo, el funcionamiento del grupo no dependía únicamente de sus operadores externos. Las investigaciones alcanzaron al propio entorno del alcalde, donde las autoridades detectaron presuntas filtraciones sobre sus actividades y desplazamientos.
Samuel García, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, enfrenta acusaciones por proporcionar información que habría llegado a los responsables del homicidio.
La revisión del dispositivo de seguridad también llevó a la detención de siete escoltas por presuntas omisiones durante el atentado, mientras que José Manuel Jiménez Miranda, quien encabezaba la protección del alcalde, permanecía prófugo al cumplirse el primer aniversario. Estas acusaciones corresponden a responsabilidades diferentes de las que enfrentan los presuntos organizadores y ejecutores del crimen.
Otra conexión surgió con las capturas de Alexis y Christian Medina, conocidos como El Brilloso y El Vikingo, a quienes las autoridades relacionan con la célula criminal. El 29 de octubre también detuvieron a Rosa Alejandra Vargas Rauda, entonces secretaria de Bienestar municipal, por presunto encubrimiento. La funcionaria es tía de ambos y madre de uno de los escoltas procesados, aunque esos vínculos familiares no constituyen por sí mismos pruebas de participación delictiva.
Las pesquisas se extendieron además a personas relacionadas con instituciones de seguridad e investigación, bajo sospecha de entregar información reservada a la organización. Así, el expediente reúne acusaciones que van desde la planeación del homicidio hasta la extorsión, el reclutamiento, las filtraciones y el encubrimiento, sin que todos los detenidos enfrenten cargos por haber intervenido directamente en el asesinato.
A pesar de las capturas, la Fiscalía de Michoacán mantiene diligencias pendientes y calcula un avance de 90 por ciento en el esclarecimiento del caso. Su principal hipótesis sostiene que el CJNG ordenó el asesinato como represalia por las acciones de Manzo contra la organización, particularmente tras la captura de El Rhino, en agosto de 2025.
El expediente también exhibe los vínculos entre los presuntos responsables del crimen y una economía ilegal que obtenía recursos del campo michoacano. No obstante, las autoridades todavía no han demostrado públicamente que el dinero de las extorsiones financiara directamente el homicidio, ni han establecido qué ocurrió con esas redes de cobro después de las detenciones. Ésa es una de las principales interrogantes que permanecen abiertas, a un año de la muerte del alcalde.
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