Sin sentencia, 41% de los encarcelados

Hasta enero de este año, se contabilizaron 93 mil 188 personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia, cifra que representa 41.7 por ciento de la población penitenciaria del país y que, a la vez, indica un incremento del 23 por ciento respecto al mismo mes del 2020.

Más allá de la cifra, este fenómeno también refleja el aumento de violaciones a los derechos humanos de las personas cuya culpabilidad no ha sido confirmada, quienes, mientras tanto, se enfrentan “al brazo punitivo del Estado” bajo la última de 14 medidas cautelares contenidas en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que es dictada “como si fueran dulces y de forma casi sistemática”.

Así lo refirió Grecia Granados, maestra en Política Criminal de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien, en entrevista con La Razón, señaló que “de la legalidad a lo correcto o lo humano, hay mucha diferencia”, y esta medida llega a un extremo “lascivo” que además no cumple con su objetivo: lograr la reinserción social de las PPL y reducir la incidencia delictiva en el país, indicador que se incrementó 7.7 por ciento entre este enero y el del año pasado.

Registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apuntan que, en enero del 2020, la cifra de internos e internas que se encontraban en esta situación jurídica era de 75 mil 644 y la cifra subió 20 por ciento para el mismo mes del 2021, al acumular 90 mil 844 personas enfrentando su proceso en prisión, en lo que se determina su culpabilidad o inocencia.

Para este 2022, 79 mil 978 (85.8 por ciento) corresponden a aquellas señaladas de haber cometido algún delito del fuero común, de las cuales 93.3 por ciento son hombres y el restante 6.6 por ciento, mujeres.

En lo que se refiere a las personas no sentenciadas y señaladas como autores de ilícitos del fuero federal, la cifra alcanzó 13 mil 210 PPL, que representan 14.17 por ciento, del que 11 mil 964 corresponde a población masculina y mil 264, a femenina.

A pesar de que la cantidad de mujeres (seis mil 546) sin sentencia en este año es 13 veces menor a la de hombres (86 mil 642), es el sector que ha registrado mayor incremento, pues entre enero del 2020 y el de 2022, el repunte fue de 34.6 por ciento, contra 22.4 por ciento en el caso de los hombres.

Grecia Granados indicó que la problemática se agrava todavía más porque México cuenta con una procuración e impartición de justicia sin perspectiva de género, algo que permea en las sociedades latinoamericanas.

“Vemos problemáticas como no tener toallas para la menstruación, no tener agua potable para procurar la higiene íntima durante esos tres a siete días. Son problemáticas que no tienen los hombres privados de la libertad”, señaló.

No obstante, la especialista apuntó que trabajar en la tarea de mejorar la impartición de justicia en el país también le compete a la sociedad, para que contemple que la prisión no siempre es la medida efectiva de “pagar una pena” y que lleva a “rebasar lo jurídico”, pues no se puede eximir la implicación de la presión social en la operación y aplicación de la ley.

“Una persona que no fue culpable, no tendría que merecer o implicar una reinserción a la sociedad y, además, en teoría, no hay un proceso de reinserción para esas personas; sin embargo, fue privada de sus habilidades sociales durante años, mermó en ese sentido porque se cambian oportunidades de trabajo, familia, dinámicas…”, comentó.