TEPJF empuja que SHCP apoye al INE con fondos para revocación

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vincularon a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que otorgue “a la brevedad” los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

En sesión pública a la distancia, el máximo órgano de justicia electoral determinó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) carece de atribuciones para posponer el procedimiento de revocación de mandato, por lo que la falta de presupuesto no es una causa de fuerza mayor para retrasar su realización.

El magistrado ponente, Felipe Fuentes Barrera, subrayó que no sólo se revoca el acuerdo del INE, sino que se vincula a la Secretaría de Hacienda para que dé respuesta a los requerimientos presupuestales necesarios.

“Vincular a la Secretaría de Hacienda con la finalidad de que dé una respuesta debidamente fundada y motivada y, en ese sentido, además de que la SHCP tiene que coadyuvar y propiciar la atención de todos los elementos, así sea dentro de una perspectiva de austeridad presupuestal”, indicó.

Los integrantes de la Sala Superior precisaron que el Consejo General del INE se equivocó al sustentar su decisión en la insuficiencia presupuestal, y recordaron que en el análisis de las impugnaciones se advierte que para el ejercicio fiscal 2022 el INE cuenta con un total de mil 502 millones 998 mil 368 pesos para la realización del proceso de revocación de mandato; sin embargo, el órgano electoral pidió para ello un presupuesto de tres mil 846 millones 493 mil 67 pesos.

Los magistrados subrayaron que la única causa justificada para que la autoridad electoral posponga el proceso de revocación es el incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales; es decir, que no se cumpla con el tres por ciento de las firmas requeridas para convocar el ejercicio.

El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, destacó que la resolución equilibra el problema que se registró con la revocación de mandato, ya que “por un lado reconoce las atribuciones constitucionales y presupuestarias del INE para cumplir y porque se vincula a Hacienda para gestionar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos”.

Enfatizó que tanto el INE como Hacienda se encuentran obligadas a promover y respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, por lo que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deben garantizar, como autoridades del Estado, el hacer efectivo por cualquier medio necesario los derechos humanos protegidos constitucionalmente.

Como parte de la resolución del TEPJF, se incorporó la propuesta del magistrado Felipe de la Mata para puntualizar que la Secretaría de Hacienda debe responder a la brevedad, porque la organización de la revocación de mandato tiene plazos específicos y considerar “que es parte de su obligación como parte del Estado mexicano”.

Antes, los magistrados determinaron que la Comisión de Quejas del INE se excedió al dar de baja a 600 promoventes y auxiliares de la revocación de mandato por presentar apoyos falsos y con inconsistencias, por lo que revocó el acuerdo de la comisión, aunque actualmente ya venció el plazo para recabar las firmas.

A 100 días de consulta, falta a INE 77% de las tareas para revocación

A100 días de la fecha prevista para organizar la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene avances en 50 de 221 actividades, por lo que antes del 10 de abril, debe solventar 77.4 por ciento de su plan integral y calendario acordado, que también contempló impugnaciones y litigios.

En 2022, el órgano electoral realizará, además la fiscalización del proceso de recolección de firmas, propaganda y difusión de la revocación de mandato; preparará el arrendamiento e instalación de plantas de emergencia de generación de energía eléctrica y alistará el conteo rápido.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta de revocación de mandato se hará “de una forma o de otra” y recalcó que en caso de que el INE decidiera no realizarla se podría activar un “Plan B” donde participen encuestadoras.

“Consulta va a haber, de una forma o de otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el precedente, porque es un mandato constitucional”, recalcó en conferencia de prensa.

“Esto de no querer que haya consulta para la revocación del mandato es contrario a la democracia, a lo que establece la Constitución y, claro, afectan el proceso democrático, afectan a los ciudadanos, pero se afectan ellos mucho, pierden prestigio, pierden credibilidad”, agregó.

El Ejecutivo federal insistió que se trata de una herramienta de democracia participativa para que el pueblo decida sobre querer o no mantener a una autoridad al frente del país.

“Entonces, cómo modifican el principio que ya está en la Constitución. Dicen: ‘Ah, es que no tenemos dinero y por eso no la vamos a hacer’, pues están violando la Constitución”, apuntó.

El Presidente López Obrador sostuvo que ante la posibilidad de que el órgano electoral decidiera no realizar la consulta, podrán participar la ciudadanía y algunas encuestadoras en el “Plan B”.

Desde Palacio Nacional consideró que el ejercicio podría llevarse a cabo vía telefónica y en algunas partes con visitas a domicilio, sin que ello quitara mucho tiempo a los ciudadanos.

“Que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntara lo mismo, o sea: ¿Quieres que siga de Presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie?”.

Entre las encuestadoras que podrían participar, el Ejecutivo federal citó a Parametría, Buendía, Mitofsky, Arias y con la que cuenta el periódico El Financiero, “sí, hay de todo, pero se busca que sean las que menos ‘cuchareen’”.

Encuestas  y sondeos

El plan y calendario del órgano electoral contemplan la verificación de las encuestas y sondeos de opinión y el resguardo y distribución de la documentación y materiales del proceso, además del diseño de las papeletas y todos los materiales impresos, el cual ya fue avalado, hasta la contratación, ubicación e instalación de plantas eléctricas para garantizar el abasto de energía de las instalaciones electorales.

El proyecto considera la ubicación de las casillas, lo que implica comenzar con la notificación de los domicilios donde podrían ser ubicadas, proceso que comenzará desde enero, aunque con la incertidumbre respecto al número de centros de votación que se instalarán, porque el INE todavía espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al presupuesto con el que contará, para definir si serán las 161 mil casillas consideradas.

El instituto también hizo ajustes respecto a la administración de los tiempos de Estado en radio y televisión, con el cambio de fecha para la realización de la revocación, que originalmente estaba previsto para el 27 de marzo y ahora se realizará el 10 de abril.

Además, implementó la operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato (SIRM) y actualmente se encuentra el proceso de verificación de las firmas de apoyo de los ciudadanos.

De acuerdo con el plan para la revocación, en las primeras semanas de 2022 se contempla la preparación de lo correspondiente a la participación de los mexicanos residentes en el extranjero y la observación electoral.

Además, uno de los rubros torales en los que se enfocará el Instituto Nacional Electoral será en la capacitación para que los funcionarios de casilla reciban la participación de los ciudadanos en la jornada del 10 de abril, así como el conteo, sellado y agrupamiento de papeletas del proceso de revocación de mandato, e integración de las cajas paquetes.

Suman 49% de los 2.7 millones de firmas requeridas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en la revisión preliminar se han identificado un millón 357 mil 584 firmas de ciudadanos que sí forman parte de la lista nominal de electores para apoyar la revocación de mandato, que representa 49.2 por ciento de los 2.7 millones de apoyos necesarios para emitir la convocatoria.

En su reporte sobre el avance de firmas captadas en formato físico y a través de la aplicación móvil dio a conocer que en total recibió 11 millones 097 mil 900 rúbricas de los ciudadanos para este ejercicio.

En el caso de los apoyos en papel, precisó que recibió tres mil 280 cajas con nueve millones 715 mil 869 firmas, de los que hasta el momento ha revisado 503 paquetes, en los que han superado el primer filtro —la revisión del formato y que vengan acompañadas de la copia de la credencial de elector— dos millones 038 mil 544 firmas y 59 mil 225 han presentado inconsistencias.

En total, de las firmas de apoyo vía aplicación móvil y formato físico, el INE ha identificado que un millón 357 mil 584 de las firmas entregadas sí pertenecen a ciudadanos que se encuentran registrados en la lista nominal.

Además, el órgano electoral reportó que en lo que se refiere a la dispersión estado —se requiere el tres por ciento de firmas de la lista nominal de 17 estados— en seis se ha alcanzado este objetivo.

En Aguascalientes se ha registrado el 110 por ciento de las firmas requeridas; en Campeche, 160 por ciento, en la Ciudad de México, 224 por ciento; en el estado de Tabasco, 247 por ciento; en Tlaxcala, 129 por ciento, y en Zacatecas, 125 por ciento.

Con información de Angélica Guerrero