Tren Maya incrementa costo en 27%; también debe aclarar anomalías por 265 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un incremento de 26.9 por ciento en el costo del Tren Maya, al pasar de 141 mil 20 millones 761 mil pesos, en 2019, a 178 mil 984 millones 371 mil pesos en 2021.

La tercera entrega de los informes que presentó el auditor David Colmenares refiere que también existen anomalías en 265 millones 882.3 mil pesos de los recursos ejercidos durante dicho periodo y que están pendientes de aclaración.

Explica que, de acuerdo con lo reportado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al tercer trimestre de 2020, el avance financiero del Tren Maya fue de 33 mil 190 millones 994.2 mil pesos, lo que significó el 18.5 por ciento de la inversión total del proyecto, estimada en 178 mil 984 millones 371.6 mil pesos.

Entre las observaciones realizadas por la ASF señala que el desarrollo del proyecto del Tren Maya se lleva a cabo de manera desarticulada debido a que no dispone de un programa de desarrollo regional que permita planear las acciones de las instancias responsables.

Indica que al inicio de la inversión del Tren Maya se informó sobre la adquisición del derecho de vía de de 461.7 kilómetros en los tramos del 1 al 3, que representa 66.7por ciento de la meta establecida y 88.5 por ciento de lo programado por contrato.

Sin embargo, el Fonatur informó que por la pandemia de COVID-19 se atrasó y a la fecha del cierre del informe no tenía previsto nuevos contratos para adquirir los derechos de vía pendientes.

Respecto al turismo, la ASF refirió que pese a que el Tren Maya planteó que esta área es uno de sus principales objetivos, no ha establecido una coordinación con la secretaría del ramo para definir líneas de acción que encaminen a la derrama económica del turismo en la región sur-sureste del país.

Identificó que los principales riesgos en el proyecto es en lo relativo a la obtención de permisos y aprobaciones ambientales, la liberación del derecho de vía, el riesgo arqueológico, el riesgo geológico, las demandas de terceros, los amparos, las acciones gubernamentales ejecutadas sin la coordinación y participación de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, y las Comunidades Sustentables implementadas de manera deficiente.

RFH