Requerimiento impedía difusión de audios en su contra

Tribunal revoca suspensión a Alito

Los magistrados señalan que el fallo del juez no era competente para emitir este veredicto en favor de Alejandro Moreno; líder tricolor cuenta con una segunda resolución

El presidente nacional del PRI, en conferencia de prensa, el pasado 26 de julio.
El presidente nacional del PRI, en conferencia de prensa, el pasado 26 de julio.Foto: Cuartoscuro
Por:
  • Magali Juárez

La suspensión que fue otorgada al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, para impedir que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, continuara difundiendo audios en su contra fue echada abajo por un Tribunal Colegiado que este lunes revocó la resolución del juez que emitió dicha determinación.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Cuarto Circuito señaló que el fallo que otorgó el juez federal con residencia en Nuevo León no era competente para emitir la suspensión a favor del priista, toda vez que la primera ocasión que le fue presentado el asunto él mismo declinó su competencia.

“Jurídicamente no fue correcto que el juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, señalaron los magistrados del tribunal.

La semana pasada, la gobernadora arremetió contra el juez de Nuevo León, Víctor Hugo Alejo, quien fue señalado por presuntamente emitir fallos a personas que han cometido diversos delitos, por lo que advirtió que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que fuera investigado.

A pesar de que la revocación de la suspensión permitiría que la mandataria morenista continuara con lo reclamado por Moreno Cárdenas, judicialmente seguirá impedida dado que el líder del tricolor cuenta con una segunda suspensión que le fue concedida la semana pasada por un tribunal colegiado en la Ciudad de México.

Además, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la gobernadora abstenerse de emitir comentarios que representen violencia política de género en contra de diputadas del PRI.

El recurso fue presentado por la diputada Paloma Sánchez, quien denunció previamente la difusión de expresiones de carácter sexista durante el programa Martes del Jaguar, en donde Sansores San Román refirió poseer material íntimo de las legisladoras.

El órgano electoral judicial determinó que, de realizar algún comentario en ese sentido, la mandataria campechana contribuiría a que se vulneraran los derechos políticos de las legisladoras priistas, en su vertiente de ejercicio del cargo.

  • El dato: Alejandro Moreno denunció presunta extorsión en razón de género por parte de Morena contra las diputadas federales de su partido para votar en favor de la Reforma Electoral.

TEPJF revierte medidas cautelares a morenistas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares en contra de dos legisladores y un gobernador de Morena que participaron en eventos proselitistas que pudieran constituir actos anticipados de campaña de los comicios de 2023 y 2024.

La Sala Superior resolvió, por mayoría, revocar las medidas emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante las cuales ordenó que Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco; Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y Mario Rafael Llergo, diputado federal, se abstuvieran de asistir y organizar eventos proselitistas que pudieran constituir actos anticipados de campaña.

Sin convocar a sesión pública, los magistrados electorales resolvieron el recurso y determinaron, a propuesta de Felipe de la Mata Pizaña, anular la medida preventiva al considerar que, de un análisis preliminar, no se advierte una conducta ilícita que justifique su adopción. Originalmente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió la medida cautelar respecto de nueve servidores públicos.