Ve ASF impacto por 274 mdp en educación

Los resultados de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejaron ver que el ejercicio financiero en materia educativa continúa en números rojos.

Las observaciones con un impacto económico que aún deberán ser subsanadas recaen en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Chapingo, cuyo control económico en específico se encuentra fuera de control.

En suma, la autoridad educativa federal y las dos instituciones de educación superior tienen montos por aclarar superiores a 274 millones de pesos.

De éstos, a la SEP, que entonces era dirigida por Delfina Gómez Álvarez, corresponden 25 millones 315 mil pesos, aunque la mayor parte se centra en las dos instituciones de enseñanza superior.

El dictamen de la Auditoría establece que dos contratos con la empresa Metro Net, S.A.P.I. de C.V. (ahora Sixsigma Networks México, que ofrece servicios de tecnología digital) representaron un posible daño al erario por 25 millones 315 mil pesos.

Se explica que las actas de entrega-recepción y los oficios de notificación de aceptación de los servicios mensuales no sustentan la cantidad y tipo de servicios prestados por el proveedor.

Esto generó que no se contara con la evidencia que acreditara el número de servicios considerados en las memorias de cálculo que se utilizan para la elaboración de las facturas y pagos hechos.

Además, se hallaron deficiencias en la administración y operación de 20 controles de ciberseguridad para la infraestructura de hardware y software de la SEP, lo cual “podría afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación de la SEP”, se concluye. También se identificaron deficiencias en los controles de seguridad física y lógica del centro de datos.

Lo anterior se suma a las inconsistencias que se encontraron en la operación del programa La Escuela es Nuestra, de las que este medio ya ha dado cuenta, en el que se encontraron gastos irregulares.

Las mayores anomalías en lo que se refiere al monto recaen en el IPN y corresponden al incumplimiento de las disposiciones legales y normativas en cuanto a la contratación de servicios.

Se identificaron inconsistencias y diferencias en el servicio integral de limpieza y jardinería, para los cuales el IPN contrató a las empresas Rapax, Servicios Candi, Mer Solutions y Servipro de México, por un total de 216 millones 87.2 mil pesos.

Se especificó que la cantidad de trabajadores y días laborados del personal de dichas empresas, que reportaron haber asignado, no coinciden con los pagos realizados ni los registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunado a esto, ni el IPN ni los proveedores acreditaron contar con la documentación que comprobara el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

No obstante, la situación más grave se halló en Chapingo, universidad en la que sólo se detectaron 33 millones 006 mil pesos por aclarar, pero cuya información financiera fue declarada “no razonable ni confiable”.

Durante la realización de la fiscalización, que concluyó el 31 de enero del 2023, se halló que la institución no contó con un Código de Ética ni manuales de procedimiento para el registro y presentación de la información contable y presupuestal.

“No identifica ni controla sus riesgos, ni cuenta con alguna área que se encargue de ello, ni de emitir protocolos de atención en caso de concretarse; desde 2020 tiene un rezago contable en la actualización de los registros… su Comité Institucional del Sistema de Control Interno no se encuentra en funciones”, se lee en el documento.

Entre el cúmulo de irregularidades, la ASF también encontró que 120 empleados recibieron un pago de 344 mil pesos por arriba del tabulador autorizado; otros dos mil 360, por 206 millones 732 mil pesos en cheques, y 87 más por dos millones 10 mil pesos, luego de haber salido de la institución.

Tampoco justificó erogaciones de siete contratos por siete millones 402.1 mil pesos ni comprobó cinco de ellos; no comprobó ni justificó compras menores por 13 millones 152.4 mil pesos ni de laudos por cuatro millones 320.8 mil pesos.

Aunado a esto, 14 proveedores no presentaron la carta de que no se encuentran sancionados ni inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.