Zacatecas: explotación infantil viene de fuera

Los casos de niños o niñas que trabajan en Zacatecas, bajo condiciones que atentan contra su integridad, se concentran en comunidades indígenas o personas de otros estados, declaró Manuel David Pérez Navarrete, titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del estado.

“Pertenecen principalmente a algunas etnias, en el caso de Zacatecas son huicholes, incluso originarios de otros estados”, como San Luis Potosí, Durango, Jalisco y Guerrero.

Además, aseguró que éste no es un tema que sea exclusivo de esta entidad. “Me atrevo a decir que es un problema que no sólo se da en Zacatecas, es de todo el país”, declaró el funcionario.

Pérez Navarrete expuso que una de las labores de la Procuraduría, al investigar cada caso, es acudir al domicilio de las familias en las que se detectan estas problemáticas, pues en ocasiones ocurre que las familias, originarias de otras entidades federativas, se instalan en Zacatecas, rentan un tiempo, a veces menos del mes y luego se cambian de residencia. 

“Pero no cambian de domicilio dentro del estado de Zacatecas, sino en otra entidad y llega una nueva familia. Son en gran mayoría muy nómadas, y están en estos estados. Es por ello que se complica la identificación muy oportuna de poder darles seguimiento a estas situaciones”, explicó.

Además, detalló, otro de los problemas a los que se enfrentan es a la falta de registro de los padres de los menores, por lo que se enfocan en la entrega de estos documentos y en sugerirles que permanezcan en el estado, “para auxiliares a encontrar una mejor forma de vida”.

“Nos hemos encontrado con la gran sorpresa de que ni mamá ni papá están registrados (...). Una vez que tenemos ese registro, hay avance y acceso a estos derechos”; sin embargo, destacó que existen familias que se niegan a este apoyo y es en estos casos cuando entra en funcionamiento la Mesa de Maltrato, con lo que se inicia una carpeta de investigación, en colaboración con las autoridades del Ministerio Público

“En un punto no tan favorable para niños y niñas también hemos identificado que donde las familias se quedan son renuentes a recibir algún tipo de asesoría, manifiestan que es una forma de vida conforme a estas costumbres y, bueno, violentan los derechos de los niños”.

El funcionario también acotó que si bien es cierto que esta práctica puede ser una forma de colaboración económica de los menores en su familia, que se encuentre en situación de pobreza, la realidad es que esto no debería ocurrir puesto que se trata de “una violación a los derechos de los menores”.