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El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien heredó la denuncia de su fallecido colega Alberto Nisman, resolvió ayer imputar formalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los terroristas iraníes responsables del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994.
Aunque de momento Pollicita no pidió que se interrogue a la mandataria, como hizo Nisman en su denuncia del 14 de enero, imputó a todos los que el ex fiscal incriminó cuatro días antes de morir de manera sospechosa.
Los imputados son el canciller Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche, el representante de la comunidad iraní Jorge Alejandro Yussuf Khalil, el ex juez Héctor Luis Yrimia, y el presunto espía Allan, que según Nisman sería Ramón Allan Héctor Bogado.
En un “requerimiento de instrucción”, el fiscal afirmó: “Corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico-penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman”, por lo que se dispondrá una serie de “diligencias probatorias” que permitirán “alcanzar un grado de conocimiento suficiente para comprobar o descartar la efectiva concurrencia de los extremos fácticos y dogmáticos” denunciados por este último.
En el documento, Pollicita solicita que se practiquen varias medidas de prueba que no se han dado a conocer por considerarse “secreto de sumario”. Ahora corresponde al juez Daniel Rafecas analizar la solicitud del fiscal y determinar los siguientes pasos del proceso, es decir, si impulsa o desecha algunos pedidos de éste y resolver si la instrucción la lleva él mismo o la delega a Pollicita.
La mandataria no habló de la medida y se trasladó a su casa de descanso en la Patagonia, pero el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó ante periodistas que la misma “es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática... no tiene ningún valor jurídico. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver”.
Por separado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, refirió que el caso es “una estrategia activa de desestabilización” y de “golpismo judicial activo”, el cual “no persigue una finalidad judicial, sino la finalidad política de generar impacto político” y “estrépito social”.
Según Nisman, la presidenta fue la cabeza de un plan delictivo para garantizar la impunidad a los imputados iraníes acusados de ejecutar el atentado que dejó 85 muertos en la mutual judía, a fin de restablecer las relaciones con Irán e intercambiar granos por petróleo en un contexto de crisis energética.
