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Desde ayer comercios estatales (Mercal, Pdval, Abasto Venezuela o Bicentenario) y siete negocios privados comenzaron a implementar el sistema “captahuella”, que raciona la venta de alimentos.
A través de Twitter el ministro de Alimentación, Yván Bello, confirmó la instalación de los 20 mil aparatos dentro de un plan que presuntamente trata de combatir del desabastecimiento, pero que en realidad raciona la compra de 23 productos prioritarios, entre ellos harina, arroz, leche, azúcar, papel higiénico, café, margarina, aceite, pollo, carne, shampoo, jabón de tocador y detergente.
Andrés Eloy Méndez, el superintendente de Precios Justos, detalló el fin de semana que el sistema biométrico regulará principalmente la frecuencia de compra de productos y no permitirá compras excesivas de alimentos, más allá de las necesidades normales de una familia.
Según declaró Méndez, quienes compren un producto cuyo precio no esté controlado no deberán colocar su huella dactilar en el sistema en el momento
de pagar.
Desde agosto del año pasado se había iniciado su implementación, pero sólo en algunos locales comerciales del gobierno y establecimientos privados en estados fronterizos con Colombia, como Apure, Zulia, Táchira, Falcón, Sucre y Bolívar.
El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, criticó la implementación de un sistema “captahuellas” como mecanismo de combatir la reventa en el país, al tiempo que aseguró que esta acción económica no ataca la raíz del problema. “
“Un captahuellas en el medio de una economía de gran escasez es equivalente a una tarjeta de racionamiento, sea o no diseñado para eso”, aseveró en entrevista con Diario de Caracas.
