El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) pone más trabas al revocatorio. Saltándose de nuevo la Constitución, el máximo organismo judicial anunció ayer que la recogida del apoyo del 20 por ciento de los inscritos en el registro electoral para activar un referendo que revoque el mandato de Nicolás Maduro debe hacerse, obligatoriamente, en los 23 estados y en el Distrito Capital.
Si uno analiza la letra pequeña de la medida, hay trampa. “La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital haría nugatoria la válida convocatoria del referéndum revocatorio presidencial”, dice el fallo del Alto Tribunal.
En la sentencia se aclara que esta última etapa de requisitos para la activación del plebiscito, que es la constatación de las manifestaciones de voluntad de los que quieren revocar a Maduro, “no puede ni debe confundirse con el referendo en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral”.
La decisión del Supremo avala la anunciada por el Consejo Nacional Electoral, que ya había señalado que esta etapa debía realizarse por estados.
La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), había reclamado que el poder electoral exigiera que ese 20 por ciento de firmas (que se realizará los próximos 26, 27 y 28 de octubre) se llevase a cabo como una única circunscripción electoral. Ahora, las opciones de seguir adelante con el revocatorio para echar a Maduro se complican para la MUD.
Eduardo Martínez, analista de Visión Global, aclaró a La Razón que “en los estados más pequeños y rurales como Portuguesa, Amazonas o Cojedes, el gobierno tiene mayor facilidad de maniobra para imposibilitar la recogida de firmas. Si en uno de esos estados no se llegara a conseguir el 20 por ciento de las firmas, el revocatorio quedaría anulado. De todas maneras, si ellos piensan que esto es insuficiente, buscarán otra forma de impedir la consulta.
Por ejemplo, cuestionando la legitimidad de la MUD para convocar el referéndum”.
El régimen ha endurecido la normativa para la celebración de la consulta en las últimas semanas. El principal escollo ha sido el calendario. El Consejo Nacional Electoral ha dilatado los plazos lo suficiente como para que la consulta no se lleva a cabo este año, sino en 2017. Este dato es clave porque, si Maduro pierde, asumirá el poder su vicepresidente en lugar de celebrarse nuevas elecciones presidenciales.
Otro obstáculo denunciado por la MUD ha sido la cantidad de mesas electorales habilitadas por las autoridades. Edwin Luzardo, diputado de la MUD, aseguró que en cualquier otra elección se habrían desplegado en torno a 40 mil mesas en todo el país, mientras que en la votación para el revocatorio sólo se instalarán mil 356. Pese a ello, la MUD confía en que para esta etapa logrará el apoyo de muchos más electores de los que se requieren.
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