Por primera vez Donald Trump recurrió a su derecho de veto para mantener la emergencia en el país y otorgar los fondos para construir el muro en la frontera con México, pese a la negativa del Congreso de financiarlo.
Luego de que un sector republicano (12 de los 53 legisladores) apoyara a la mayoría demócrata para bloquear su declaratoria, el presidente de Estados Unidos hizo válida su autoridad para mantener la decisión que aplicó desde febrero y dar forma a su política migratoria.
“Estoy vetando esta resolución. El Congreso tiene la libertad de aprobarla y yo de vetarla”, declaró Trump en su segundo año de gobierno desde la Oficina Oval, en compañía del vicepresidente, Mike Pence; el fiscal general, William P. Barr, y la secretaria de Seguridad Interna, Kristjen Nielsen.
A la ceremonia también acudieron policías y padres cuyos hijos fallecieron a manos de personas que se encontraban en el país ilegalmente, ante quienes reiteró que su deber es garantizar la protección de la población ante los riesgos en la frontera sur.
El Dato: Para sus críticos, la imposición de Trump en la materia es una violación a la separación de Poderes que marca la Constitución.
Previamente, a través de su cuenta de Twitter, criticó a los legisladores de su partido que no lo respaldaron al agradecer sólo a “los fuertes que votaron para apoyar la seguridad fronteriza y el muro que necesitamos”.
En la misma red social amagó desde el pasado jueves con vetar la resolución demócrata, al señalar que al no permitirle construir el muro para frenar la migración se abrirá la frontera, aumentando el crimen y el tráfico de drogas.
Ahora la medida será enviada al Congreso, en donde se prevé que se mantenga al no lograr los votos suficientes para anularla.
Con este cambio se agrava la disputa entre el Congreso y la Presidencia, ya que los demócratas advirtieron que “la batalla no acaba aquí”, pues seguirán forzando votaciones desde su trinchera para detener la emergencia; mientras que el mandatario se enfrenta a posibles impugnaciones, para evitar que se reasignen miles de millones de dólares a su proyecto, lo que podría alargar esta pugna durante meses y la Corte será la que determine su legalidad.
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