La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos anunció que desde el 20 de enero de 2025, fecha en que el presidente Donald Trump asumió la presidencia, ha incautado 36 mil 277 armas de fuego y 2 mil 317,999 rondas de munición a personas con antecedentes prohibitivos, miembros de pandillas y proveedores de organizaciones criminales transnacionales.
De ese total, 4 mil 359 armas de fuego y 648 mil 975 rondas de munición tenían como destino México, donde habrían sido empleadas por cárteles de drogas y bandas violentas. Esta cifra representa un promedio de más de mil 600 rondas por día con rumbo al territorio mexicano, según detalló la propia agencia en su comunicado.
- El Dato: Ricardo Trevilla resaltó que la Defensa ha decomisado en el país 137 mil cartuchos calibre 50 provenientes de la empresa Lake City Army Ammunition Plant, desde el 2012.
El subdirector de la ATF, Robert Cekada, subrayó que el tráfico ilegal de armas ha dejado de ser un problema exclusivo de la frontera suroeste para convertirse en una amenaza de alcance nacional, pues los arsenales decomisados provienen de todos los estados del país.

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“Este no es un problema de la frontera, es una amenaza nacional”, declaró el funcionario, quien, además, precisó que los agentes de la ATF atacan de manera agresiva a pandillas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales que trafican ilegalmente con armas de fuego y convierten las calles estadounidenses en zonas de guerra.
“Desmantelaremos estas redes en todos los niveles, cortaremos su acceso a las armas y haremos que todos los criminales rindan cuentas plenamente ante la ley”, sentenció el funcionario estadounidense.
Estas acciones se dan en un contexto en el que previamente el gobierno de EU había presumido la detención de ciudadanos estadounidenses dedicados a abastecer de armas a grupos trasnacionales del crimen organizado.
El pasado 27 de enero, nueve jóvenes estadounidenses de entre 24 y 33 años, residentes de California y Arizona, fueron acusados de conspiración para cometer el delito de declaración falsa durante la compra de un arma de fuego, para comercializarlas con el crimen organizado.
El embajador de EU en México, Ronald Johnson, celebró los resultados de la ATF a través de sus redes sociales, donde aseguró que desarmar a los cárteles y frenar el tráfico ilegal de armas hacia México es una prioridad para el presidente Trump “y está dando resultados”.
Johnson añadió que el gobierno de EU continuará trabajando con México para detener este flujo de armamento: “Seguiremos trabajando con la Presidenta Claudia Sheinbaum para detener este flujo y asegurar que la justicia prevalezca. Aplicación firme de la ley. Comunidades más seguras en ambas naciones”, escribió mediante sus redes sociales.
Expertos en seguridad advierten que este flujo de armamento responde a un problema estructural del lado estadounidense, ante la legalidad de la posesión.
Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó a La Razón que la mayoría de los compradores que alimentan el tráfico son ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos no necesariamente de origen latino, que adquieren las armas de manera gradual.
“Compran las armas y, de hecho, las van comprando la mayor parte de manera de gota a gota”, señaló el especialista, quien describió un esquema en el que una persona compra un arma y luego la revende a una red que posteriormente la introduce a México de forma ilegal.
El académico añadió que el cruce fronterizo es sorprendentemente simple: “Las meten en autos, ahí hacen un camuflaje”, aunque aclaró que ni siquiera tienen que esforzarse demasiado en esconderlas, pues por lo regular quienes las transportan son ciudadanos estadounidenses que no son revisados a la salida de su país.
El investigador detalló que las principales rutas de entrada a México son de Arizona hacia Sonora, de Texas hacia Tamaulipas, de Texas hacia Chihuahua y en menor medida de California hacia Tijuana. Una vez que las armas llegan a estos puntos fronterizos, se redistribuyen hacia el interior del territorio nacional.
En tanto, René Cáceres, experto en seguridad y académico de la Universidad Rosario Castellanos, apuntó que parte del problema radica en el marco legal estadounidense, donde la posesión de armas es un derecho constitucional que genera una cultura permisiva hacia su comercialización.
“Es una asociación muy grande, es muy poderosa, patrocina campañas, tiene gente en los congresos, son lobistas de mucho tiempo y tienen una gran presencia”, señaló,
Ambos expertos en la materia coincidieron en que, mientras no se combatan simultáneamente el tráfico de armas y el lavado de dinero, los grupos criminales transnacionales mantendrán el acceso libre al armamento.
“Si Estados Unidos quiere detener la capacidad operativa de los cárteles, entonces debe detener el tráfico de armas en la frontera”, aseguró Cáceres.
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MSL

