La Fiscalía de Estados Unidos solicitó ayer a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una orden de protección para restringir el acceso al material probatorio en el caso contra Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores de Maduro, al advertir riesgos directos contra testigos.
En una carta dirigida al juez Alvin K. Hellerstein, los fiscales señalaron que la evidencia contiene información que podría identificar a personas vulnerables a intimidación o represalias. Subrayaron que, sin controles estrictos, la integridad de la investigación podría verse comprometida.
El señalamiento apunta a la intención de la defensa de compartir las pruebas con cuatro coacusados que permanecen fuera del alcance de la justicia estadounidense: el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; el exministro Ramón Rodríguez Chacín; Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, presunto líder del Tren de Aragua.
“La Fiscalía no está preocupada por la buena fe de los abogados defensores; está preocupada por la buena fe de los coacusados”, indica el documento. Añade que existe un “riesgo intolerable” de que estos individuos utilicen la información para dañar a testigos o destruir pruebas.
- El Dato: El juez cuestionó la vigencia de las sanciones contra Maduro y Flores, que les impide costear su defensa con dinero del Gobierno.
CONTROL DE EVIDENCIA. La orden planteada por la Fiscalía establece tres niveles de confidencialidad. El “material sellado” incluiría datos que identifican a testigos en riesgo y no podría difundirse públicamente. Los documentos bajo modalidad “sólo para posesión del abogado” (APO) sólo podrían ser revisados por los acusados en presencia de su defensa. En tanto, el material clasificado como “sólo para ojos del abogado” (AEO) quedaría restringido exclusivamente a los abogados, sin acceso para los propios imputados. Durante una audiencia previa, Alvin Hellerstein, subrayó que no es lo mismo permitir la comunicación entre abogado y cliente que compartir documentos sensibles. Además, rechazó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra la pareja, aunque cuestionó las limitaciones que enfrentan para financiar su defensa con recursos venezolanos.
CESE DE CASTIGOS. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos retiró ayer a Delcy Rodríguez de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde figuraba desde 2018.
Con esta decisión, Washington elimina las restricciones que impedían a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones con la funcionaria, además de abrir la posibilidad de descongelar activos bajo su nombre en ese país.
Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras la captura de Nicolás Maduro en enero, celebró la medida y expresó que espera que sea el inicio del levantamiento de sanciones más amplia contra Venezuela. También consideró que la decisión del presidente Donald Trump representa un paso hacia la normalización de relaciones bilaterales.